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Rafael Medina: Decisión de algunas municipalidades de decretar cierres es ilegal



Rafael Medina: Decisión de algunas municipalidades de decretar cierres es ilegal
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – La decisión de algunas corporaciones edilicias de declarar un cierre de sus municipios, es una medida ilegal, señaló este sábado el director ejecutivo de la Cámara de Comercio e Industrias de Tegucigalpa (CCIT), Rafael Medina.

“Realmente hay decisiones que están tomando las municipalidades que nosotros consideramos que son ilegales, pues esas decisiones de cierre absoluto o no de un área geográfica, en estos momentos, lo debe de hacer el Poder Ejecutivo a través del Sistema Nacional de Gestión de Riesgos (Sinager), y no los alcaldes bajo el amparo de la Ley de Municipalidades”, arguyó.

No obstante, reconoció que es muy difícil buscar un equilibrio en este sentido, porque lo primordial que a todos los motiva de trabajar, es la salvaguarda de las vidas humanas, pero salvar empleos es también salvar vidas de las personas.

“Yo creo que es este momento en el cual necesitamos reactivar la economía después de cuatro meses de estar parados, es fundamental, las empresas ya no pueden continuar, algunas de ellas, pagando salarios o tratando de operativizar sus empresas si no tenemos la presencia controlada, gradual y con todas las medidas de bioseguridad de los colaboradores”, argumentó Medina en declaraciones a la radioemisora HRN.

Acotó que todavía estamos en cuarentena, solamente puede salir el 10 por ciento de las personas a movilizarse por razones de abastecimiento, por lo que destacó que la población debe tener una conducta responsable, pues sólo de esa manera se podrá reactivar la economía.

Medina señaló que el sector informal lo integran personas que normalmente trabajan un día para comer el siguiente, y representa el 70 por ciento de la economía de Honduras.

Cuestionó que el Sinager da a conocer las medidas siguientes apenas unas horas antes de que entren en vigencia, por lo que pidió respetuosamente a las autoridades que las decisiones que tomen, las hagan saber con 24 o 48 horas de anticipación para comunicarlo a la ciudadanía y que se tomen las previsiones del caso.


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