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Sandra Maribel Sánchez



Por Manuel Torres Calderón
Periodista

El pasado 26 de septiembre, la apreciada y respetada periodista Sandra Maribel Sánchez sufrió una agresión cuando, según su testimonio, al llegar a su casa en Tegucigalpa, a eso de los 5:30 de la tarde, un hombre desconocido le apuntó con un revólver calibre 9 mm, sin que consumara su propósito por la llegada providencial de otras personas al escenario de los hechos.

En rueda de prensa, Sandra señaló que este caso se suma a una cadena de intimidación en su contra que ha recrudecido en los últimos años, con acciones que no han sido directamente tan extremas como la reciente, pero que pretendían producir un efecto similar: silenciar su ejercicio periodístico.

Lo preocupante es el escalamiento de la violencia que la hostiga. Ella estuvo muy cerca de algo peor que evidenció el paso de la intimidación anterior a su libertad de expresión a un atentado actual contra su derecho a la vida. De acuerdo con la descripción, el móvil no era el robo, puesto que en ningún momento hubo esa intención manifiesta del agresor, y parece poco probable que buscara secuestrarla puesto que actuó solo, sin que aparentemente estuviese acompañado.

El antecedente trágico contra Berta Cáceres confirmó que cualquier hipótesis en estos casos puede ser real, que en el país se han roto los límites y que hay sectores de poder a los que no les preocupa las repercusiones de sus actos criminales puesto que la impunidad sigue escudando a los autores intelectuales. En suma, más que una agresión estamos ante un “atentado” – esa es la palabra que lo define - y que requiere una amplia respuesta de la sociedad hondureña, organizada o no, y de la comunidad internacional.

La condición de riesgo de Sandra es similar a la que afronta el país en este momento clave de la gobernabilidad interna. Es previsible, y no se ocupan mayores argumentos probatorios, el incremento de la tensión entre el derecho a la libertad de expresión, la confrontación política electoral y la represión a las demandas ciudadanas. 

En el ambiente se percibe una extrema crispación, hay muy poco margen para el diálogo y la violencia es volátil. Lo público se ha ido privatizando de tal manera que el reclamo de cualquier derecho colectivo termina siendo problema político puesto que choca contra una maraña de grupos corporativos que han privatizado o colonizado a la institucionalidad. La demanda social al agua, por ejemplo, es de alto riesgo.

Sandra siempre ha ejercido, allí donde esté, una práctica periodística de denuncia y apertura a los sectores sociales. Lo ha practicado conservando su estilo: directo, crítico, punzante y solidario. Sandra no es como algunos comunicadores de “oposición” que están a la espera de “compradores” o de su turno para lucrarse del presupuesto público. Al contrario, su ética la vuelve insobornable y de eso están convencidos sus adversarios, de allí que ella siempre se ha hecho cargo de su seguridad y ha sobrevivido a trances muy difíciles. No dudo que lo seguirá haciendo, que tiene esa fortaleza para sobreponerse, pero es un deber de la sociedad exigir al Estado que haga su parte.

No hace falta que el agresor hubiese consumado su intención para reclamar la investigación policial debida. Eso, que lamentablemente ha pasado en otras víctimas, es tan cínico como inútil. La exigencia al Estado debe ser ahora, y que se adopten las medidas de protección requeridas para ella, su familia y colegas de radio. En definitiva, se debe exigir condiciones para prevenir, no para lamentar.

¿Cuál es la base de esa demanda? Las autoridades tienen el deber constitucional de garantizar el derecho a la vida y a la libertad de expresión de Sandra, y esa libertad supone el derecho a expresarse sin ser hostigada por lo que opina.

Quienes gobiernan, directa o indirectamente, deben comprender que el país no es viable, ni siquiera para ellos, si se le priva a la ciudadanía la oportunidad de manifestarse o pensar de forma crítica sobre el ejercicio de la administración pública o los acuerdos políticos que marcan el destino de la sociedad.

Sandra lo que defiende en su espacio de Radio Progreso, como lo hacen otros periodistas en los medios donde laboran, es que la toma de decisiones políticas se haga a partir del bien público, no sólo del privado, que, si un proyecto empresarial afecta a comunidades enteras, entonces debe priorizar la defensa del patrimonio social. Si además de cerrar los espacios de opinión disidentes con el oficialismo, se mata a los comunicadores, entonces, esta olla de presión en que han convertido a Honduras, puede estallar de un momento a otro.  Las élites dominantes que actúan al margen de la ley no deben equivocarse, la impunidad que puede arroparles es temporal; no para siempre.


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