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Estrategia de implementación del plan de coordinación



H. Roberto Herrera Cáceres
Comisionado Nacional de los Derechos Humanos

Al igual que otros países del mundo, Honduras debe afrontar la agresión y efectos de la pandemia del COVID-19, con la negativa diferencia de que nuestro país es un Estado en el cual prevalece la pobreza y desigualdad,

así como la debilidad de su sistema nacional de salud: desarticulado, disfuncional y con un presupuesto insuficiente.

La peligrosidad de la amenaza es mayor porque, además de los negativos impactos de la pandemia COVID-19, Honduras sufre los de la epidemia del Dengue y otras amenazas recurrentes, planteando una crisis sanitaria, humanitaria y de seguridad humana para la población, con efectos más agravados sobre quienes viven en situación de pobreza.

La Ley Orgánica del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH) (Art. 9 numeral 8.), señala el deber de actuar, en situaciones como éstas, en las que las que es socialmente imperativo, asegurar más la protección de los derechos humanos, por lo que atribuye, al Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, la función de: “Coordinar cuando sea necesario, con las instancias y organismos nacionales e internacionales, y con la colaboración de organismos no gubernamentales, las medidas relacionadas con la protección de los derechos humanos, en su más amplio concepto, incluyendo la seguridad alimentaria de las clases desposeídas y de los niños desprotegidos, así como el respeto a la dignidad e imagen de la persona humana”.

Ello me ha llevado a tomar esta iniciativa, ante la crisis y los efectos del COVID-19 y el Dengue, porque son dramáticas realidades que revelan, con impacto creciente, la fehaciente necesidad de atender, conforme a su igual dignidad, a las personas y familias en situación de pobreza, gravemente amenazadas también por el hambre, la malnutrición, las enfermedades y otras privaciones de vida digna. 

Situación de pobreza en la cual se estima que vive alrededor de seis millones de personas, quienes son la más afectadas por su vulnerabilidad creciente, en la actual situación de declarada emergencia sanitaria y humanitaria que es también una crisis nacional de seguridad humana, que requiere ser atendida, con enfoque de derechos humanos, como cimiento de una post-crisis que promueva una nueva normalidad humanista e innovadora, en la perspectiva universal de protección y  respeto a la dignidad humana; siendo el camino cierto para lograr la Agenda 2030, mediante el logro de los objetivos de desarrollo sostenible, en Honduras.

El Gobierno ha desplegado la operación “Honduras Solidaria” y ha declarado su propósito más amplio de abastecer, con raciones alimentarias de la canasta básica, a alrededor de tres millones de personas pobres, mediante la ejecución centralizada en seis municipios y la ejecución descentralizada en el resto, por medio de transferencias monetarias.

De la relación de ambas estimaciones: resultaría una diferencia de tres millones de personas pobres que no estarían siendo atendidas y excluidas de la atención a su expectativa urgente de lograr el apoyo vital que necesitan.

Para complementar la responsabilidad principal del Gobierno, con la accesoria de la sociedad, de atender a las personas más desfavorecidas en la comunidad nacional: presenté, al pueblo y el Gobierno, el 27 de abril, los “Lineamientos fundamentales del Plan de Acción del CONADEH para dar respuesta a condiciones básicas de vida de la población pobre, aún no atendida por el esfuerzo gubernamental, en el contexto del COVID-19 y el Dengue, en cabeceras departamentales y “Municipios de Bienestar Solidario”, con efectos de seguimiento, por la solidaridad social, en todo el ámbito nacional”.

En el interés de facilitar la implementación más expedita de ese Plan de Acción de Coordinación, presento adicionalmente la Estrategia de Implementación, la cual tiene los siguientes objetivos:

OBJETIVO GENERAL:

Fortalecer el respeto de la dignidad humana y contribuir al cumplimiento del derecho a la vida, la salud, el desarrollo y demás derechos, facilitando la inclusión y no discriminación, por medio de la coordinación, con enfoque de derechos humanos, del  abastecimiento y acceso a la ayuda humanitaria, para la atención de las necesidades de todas las familias y personas que se encuentran en situación de pobreza y que aún no han sido atendidas ni por el Gobierno central ni por el gobierno local o municipal u otros actores privados, en el contexto de la crisis del COVID-19 y el Dengue; y en el horizonte de una post-crisis orientada hacia una nueva normalidad humanista e innovadora.

Sobre ese cimiento solidario, proceder conforme a la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible y el logro de todos sus objetivos, partiendo de los siguientes: poner fin a la pobreza y al hambre, lograr la seguridad alimentaria, la mejora de la nutrición y promover la agricultura sostenible; garantizar la disponibilidad de agua, su gestión sostenible y el saneamiento; asegurar el acceso a la energía para todos; garantizar una educación inclusiva y de calidad y promover oportunidades de aprendizaje durante toda la vida; asegurar una vida sana y promover el bienestar para todas y todos; reducir la desigualdad; lograr la igualdad entre los géneros y empoderar a todas las mujeres y las niñas; promover el crecimiento económico sostenido, inclusivo y sostenible, el empleo pleno y productivo y el trabajo decente para todos; tomar medidas urgentes contra el cambio climático y sus efectos, y promover el uso sostenible de los ecosistemas terrestres, detener e  invertir la degradación de las tierras y frenar la pérdida de la diversidad biológica; promover sociedades pacíficas e inclusivas para el desarrollo sostenible, facilitar el acceso a la justicia y crear instituciones eficaces, responsables e inclusivas, a todos los niveles.

OBJETIVOS ESPECÍFICOS:

  1. Asegurar que no haya discriminación ni exclusión, en lo que concierne la responsabilidad principal del Estado y accesoria de la sociedad, en la atención debida de las necesidades vitales de todas las personas y familias pobres que constituyen la mayoría de la población de Honduras; y habilitarlas, para que puedan cumplir con las normas sanitarias de aislamiento u otras medidas de auto – cuidado, prevención, atención, vigilancia epidemiológica, contención y control del virus en la actual emergencia humanitaria y sanitaria del COVID – 19 y el Dengue.

  1. Acercar la sociedad al Estado para constituir un frente común y complementar el esfuerzo del Gobierno Central y de los gobiernos municipales hacia las personas pobres, llenando los vacíos de falta de ayuda a numerosas familias y personas en situación de pobreza que, en esta crisis y hasta la fecha, no han sido atendidas, en los territorios municipales, en especial, en los “Municipios de Bienestar Solidario” que, desde el 2016,promueve e impulsa el CONADEH y que ya se han institucionalizado y reconocido oficialmente, por los tres poderes e institucionalidad pública contralora, en el IV Plan de Acción de Estado Abierto Honduras 2018 -2020.

  1. Lograr acceso a esas familias y personas pobres, por medio del acompañamiento de Ombudsmóviles del CONADEH y de la ayuda humanitaria transportada por unidades móviles de los aliados cooperantes, tanto de alimentos, agua, elementos de bioseguridad, higiene y aspectos psicosociales; como de pruebas rápidas, atención primaria en salud, medicamentos esenciales y especiales de tratamiento ambulatorio pre-hospitalario a personas asintomáticas o con síntomas leves de COVID-19 y Dengue; información sobre la amenaza grave del COVID-19 y el Dengue, medidas sanitarias de prevención, tratamiento y protección de la familia y la comunidad, incluyendo higiene de la casa, personas y otros; sobre el deber de no estigmatizar o discriminar a personas contagiadas y sus familias;  sobre la solidaridad positiva con las demás personas y comunidad; y sobre la utilidad social de sus contribución con la identificación de personas contagiadas y sus contactos para su tratamiento oportuno de salud y vida, y con la contención y control del COVID-19 y el Dengue.

  1. Realizar la coordinación o facilitación, por parte del CONADEH, de la acción de ayuda de los diferentes aliados cooperantes, para que la misma sea ordenada y equitativa, brindada con enfoque de derechos humanos; y garantizada con su seguimiento, evaluación, atención de denuncias o quejas; transparencia, auditoría social y rendición de cuentas.

La estrategia se sustenta en principios universales adecuados a nuestra realidad nacional, y su implementación se hará siguiendo  las siete líneas estratégicas que son: promoción de la ayuda con enfoque de  derechos humanos; alianza interinstitucional y coordinación de aliados cooperantes; identificación de la población pobre aún  desatendida; unidad y orden en la ayuda humanitaria; movilización de Ombudsmóviles del CONADEH y de unidades especializadas de los cooperantes aliados en ayuda alimentaria y atención en salud; seguimiento, evaluación, información; y supervisión, veeduría social, transparencia y rendición de cuentas.

COBERTURA

Para la ejecución de la presente Estrategia, la cobertura de atención comprenderá, todos los departamentos, a partir de las familias y personas pobres aún no atendidas en las comunidades municipales que conforman los “Municipios de Bienestar Solidario” en donde se ha institucionalizado la “Estrategia de Seguridad Humana para el Desarrollo Local Sostenible”, promovida, orientada y supervisada por el CONADEH, y con el apoyo de las sedes central, regionales y departamentales en donde se ubican sus oficinas. 

Las comunidades y autoridades territoriales de los “Municipios de Bienestar Solidario” compartirán, por medio de las mancomunidades de municipios, su experiencia ordenada y buenas prácticas que fomenten una estrategia de eficacia en la distribución de la ayuda y un empoderamiento generador de solidaridad social para ayudar a los pobres, en todos los demás municipios de Honduras. 

La cobertura total inicial será de 51 municipios, en los 18 departamentos del país,

DURACIÓN 

Para la vigencia de la presente Estrategia de Actuaciones se prevé un período mínimo de ejecución de seis (6 meses,) pudiéndose ampliar en función de la necesidad de ello y de la disponibilidad de apoyo de los cooperantes aliados.

En suma, organizaciones nacionales e internacionales están aliándose ya al Plan de Coordinación y su Estrategia que, además de la finalidad de ayudar a las personas pobres, aún no atendidas con ayuda alimentaria y en salud,: busca fomentar, en ellas, confianza, esperanza y participación, para dirigirnos hacia una post –crisis de una nueva normalidad humanista e innovadora, conducente a una sociedad inclusiva, pacífica y de bienestar para todas y todos, con fundamento seguro en un real Estado democrático de derecho, orientado firmemente hacia la protección y respeto de la dignidad humana, bajo el imperio normativo de nuestra Constitución de la República y del  Derecho Internacional de los Derechos Humanos, complementados con el espíritu, sentido y alcance de la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible.

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