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Decenas de acusados en el caso han sido liberados de la prisión en semanas recientes debido a una investigación fallida



Washington, DC—Este jueves, 26 de septiembre, se cumple el quinto aniversario desde que 43 estudiantes de Ayotzinapa, en el estado de Guerrero, fueron atacados por diversas fuerzas de seguridad mexicanas y desaparecidos forzosamente.

El gobierno mexicano aún no ha proporcionado un relato concluyente de lo que sucedió aquella noche: todavía no se ha dado con el paradero de las víctimas y ninguno de los responsables haya sido condenado. En las últimas semanas, han salido a la luz nuevos hechos preocupantes, ya que decenas de individuos acusados de participar en la desaparición de los estudiantes, incluido uno de los principales acusados, han sido liberados debido a irregularidades cometidas por ex funcionarios que trabajaron en la investigación. Otros acusados podrían ser liberados pronto por la misma razón.

Como WOLA subraya en un nuevo comentario sobre el estado actual del caso, estas absoluciones destacan las graves deficiencias y obstrucción de justicia cometidas por ex funcionarios públicos en la investigación Ayotzinapa, así como los desafíos que enfrenta el gobierno de López Obrador para llevar la verdad y la justicia a las familias de las víctimas. El análisis de WOLA también subraya los pasos que el gobierno mexicano debe tomar para abordar la crisis de desapariciones en México, ya que más de 47,000 casos de personas desaparecidas siguen sin resolverse.

"Al igual que las miles de otras familias de personas desaparecidas en México, las familias de los 43 estudiantes de Ayotzinapa han esperado demasiado tiempo para obtener respuestas sobre lo que les sucedió a sus seres queridos", dijo Maureen Meyer, Directora para México y Derechos de Migrantes en WOLA. “El gobierno de Presidente Andrés Manuel López Obrador debe tomar medidas urgentes para abordar las graves irregularidades cometidas por ex funcionarios públicos en la investigación Ayotzinapa. Esto es fundamental para evitar que liberen a otros acusados claves y para finalmente descubrir la verdad sobre el paradero de los estudiantes".

La reciente decisión de un juez federal mexicano de liberar a personas acusadas en el caso  refleja los hallazgos de varias organizaciones nacionales internacionales de derechos humanos y expertos técnicos con respecto a violaciones de derechos humanos y otras irregularidades cometidas por funcionarios públicos en la investigación Ayotzinapa durante el mandato de Peña Nieto. En total, 77 de las 142 personas detenidas en relación con el caso han sido liberadas hasta el momento. Muchas de las personas que siguen detenidas también han denunciado irregularidades en su detención, lo que significa que más acusados que pudieron haber estado involucrados en la desaparición de los estudiantes podrían ser liberados próximamente.

Desde que asumió su cargo en diciembre, el Presidente López Obrador ha priorizado la  resolución del caso de Ayotzinapa. El nuevo gobierno ha establecido una Comisión Presidencial para la Verdad y la Justicia para supervisar el caso, y también hay una unidad de investigación totalmente dedicada al caso dentro de la nueva e independiente Fiscalía General. Como muestra de su compromiso, López Obrador ha organizado cuatro reuniones con las familias de los estudiantes para discutir formas de avanzar en la investigación.

El 18 de septiembre, López Obrador también participó como testigo en una reunión entre las familias de los estudiantes, sus representantes legales, el Fiscal General Alejandro Gertz Manero y el fiscal de la Unidad Especial de Investigación y Litigación para el caso Ayotzinapa, Omar Gómez Trejo. Gómez Trejo prometió comenzar una nueva investigación, descartando elementos obtenidos a través de acciones de investigación ilegales y recuperando evidencia que podría fortalecer las líneas clave de investigación. En la reunión, Gómez Trejo también informó que su equipo está trabajando para impugnar las resoluciones que están saliendo sobre el caso, afirmando que presentará a los tribunales más pruebas contra los acusados.

"El gobierno de López Obrador ha hecho un compromiso importante para corregir los errores de su predecesor y llevar a cabo una investigación honesta y creíble sobre los responsables de la desaparición de los 43 estudiantes, así como sobre aquellos que obstruyeron la justicia en la investigación original", dijo Meyer. "El nuevo gobierno tiene una oportunidad crítica para finalmente llegar al fondo de este caso y llevar la verdad y la justicia a las víctimas y sus familias".

Lea el nuevo análisis de WOLA sobre los avances y los retrocesos en el caso Ayotzinapa desde que el Presidente López Obrador asumió el cargo, así como los desafíos que aún persisten para abordar la crisis de desapariciones en México.


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