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Delitos de feminicidio, extorsión y trata a las puertas de modificarse



Delitos de feminicidio, extorsión y trata a las puertas de modificarse
Autor del artículo: Especial Proceso Digital

Tegucigalpa - Al menos nueve delitos del nuevo Código Penal podrían ser reformados para endurecer sus penas una vez que entre en vigor el 25 de junio próximo. Algunos de esos delitos son el de femicidio, trata de personas, desplazamiento forzado, tráfico ilícito de personas y extorsión como parte de la política criminal en contra de las redes y personas individuales que se dedican a la práctica impune de estos delitos, según el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa.

En una iniciativa enviada al Congreso Nacional, los integrantes de este gabinete se busca endurecer las penas para volverlas congruentes con la política de combate a la criminalidad común y organizada que impulsa el actual gobierno, se asegura al hacer pública la difusión de un comunicado en el cual plantean esta iniciativa al seno del poder legislativo.

Los nueve delitos que se pide sean reformados son el 208 referente al femicidio; el 219 sobre trata de personas, el 248 sobre desplazamiento forzado, 297 sobre tráfico ilícito de personas, el 373 relativo a la extorsión, el 374 y 375 sobre agravantes y atenuantes específicos relativos a la extorsión; el 554 sobre asociación para delinquir y el 579 que aborda lo relacionado con la introducción de objetos prohibidos.

Si bien el Gabinete de Prevención, Seguridad y Defensa no menciona el tipo de reformas que propone, ya en el Poder Legislativo trascienden los alcances de estas, luego que al menos dos diputados, presentaran por separado, esas iniciativas del Ejecutivo.

En el caso del delito de femicidios, el nuevo Código Penal que aún no entra en vigor, propone penas de 20 a 25 años y define como femicidio el hombre que mata a una mujer en el marco de relaciones desiguales de poder basadas en el género. En la nueva propuesta para ser reformada, esta pena carcelaria podría subir a 40 años, según lo planteado ante la Cámara Legislativa.

La muerte violenta de mujeres se ha convertido en una de las manifestaciones más evidentes de la violencia en esta nación centroamericana al registrarse solo en el 2019, cerca de 380 femicidios. En lo que va de 2020 se registran cerca de 40 asesinatos de féminas.

Del 2015 al 2019, las organizaciones de mujeres y el Observatorio de la Violencia de la UNAH reportan más de dos mil muertes, la mayoría de ellas impunes.

De 10 a 15 años en el delito de trata

La mayoría de las víctimas de trata en Centroamérica y Caribe son niñas

Otro delito que prevén será reformado es de la trata de personas, en su artículo 219, cuya pena es de 5 a 8 años, pero se espera que pase de 10 a 15 años.

Según el nuevo Código Penal que entrará en vigencia, comete delito de Trata de Personas, quien empleando violencia, intimidación, engaño o, abusando de una situación de superioridad o de necesidad de la víctima o mediante la entrega o recepción de pagos o beneficios para lograr el consentimiento de la persona que posea el control de la misma, la capta, transporta, traslada, acoge o recibe, dentro o fuera del territorio nacional (…).

El artículo 248 que se refiere al Desplazamiento Forzado, la propuesta es incluir la figura de la reclusión a perpetuidad, pues actualmente en el nuevo Código Penal tiene una pena carcelaria de 6 a 9 años. En el Congreso Nacional señalan que se debatirá incluso la posibilidad de aumentar en un tercio (1/3) en las penas a quienes lo cometan y estén asociados en alguna banda criminal cuando se cometan en perjuicio de personas con discapacidad, menores de edad y personas de la tercera edad. Cuando exista tratos crueles, inhumanos o degradantes y, cuando se cause la destrucción u ocupación del bien inmueble.

En el caso del delito de Tráfico Ilícito de Personas(artículo 297), la pena carcelaria incluida en el nuevo Código Penal es de 4 a 6 años y la propuesta es aumentarla de 6 a 9 años con una multa de 500 a mil días, monto que sería fijado por el juez.

En cuanto al delito de Asociación para delinquir (art. 554), la pena en el nuevo Código Penal es de 10 a 15 años de prisión, y en la reforma se propone aumentarla de 15 a 20 años para los jefes, cabecillas, directivos, promotores y financistas de la asociación con multa de 500 a mil días que será fijada por un juez.

Otro delito que se propone sea reformado en esa normativa que aún no está vigente, es la figura de la Extorsión (art.373) que contempla pena carcelaria de 10 a 15 años, y se busca que pase de 15 a 20 años de prisión. La propuesta conlleva también que la extorsión se considerará consumida y responderán como autores con independencia si se ha logrado o no el objetivo perseguido.

Cómplices también serán castigados

Equipo de comunicación de la MS13 hallan cerca de El Pozo.

En cuanto a la reforma del artículo 579 relativo a la Introducción de Objetos Prohibidos y Facilitación de Señales, con pena de 3 a 5 años, se agrega que este delito incluye también a quienes faciliten, proporcionen o transmitan señal inalámbrica de redes de telecomunicación desde espacios cercanos o en los perímetros de los centros penitenciarios, granjas penales, centros preventivos o en los centros de internamiento de niños.

Todas estas propuestas, se suman a otras reformas ya efectuadas por los congresistas a un polémico código que aún no entra en vigor, pero ya es objeto de modificaciones por considerar que falta reforzar figuras, aumentar penas o quitar algunas figuras que pueden atentar contra otros derechos, entre ellos el de la libertad de expresión, por citar un caso.

Con el tema de la libertad de expresión, la reforma aprobada se centraen exonerar a los dueños de medios y editores en la cadena de mando informativa de responsabilidades penales por permitir la difusión en sus espacios de hechos que pueden ser considerados lesivos al honor, pero se mantienen intactas las penas carcelarias más multas para los periodistas que incurran en delitos contra el honor. La promesa de despenalizar estos delitos no ha sido cumplida como se prometió en el congreso.

Pero existen otros delitos que amenazan la libertad de expresión y se vinculan con el acceso a la información pública y el uso de las redes sociales. A estas demandas, otros sectores civiles y del sector privado advierten que ese nuevo código conlleva una rebaja sustancial a las penas de delitos contra la corrupción y de la criminalidad organizada, en especial el narcotráfico.

El Congreso Nacional amplió de nuevo, en 45 días, la vacación legislativa del Código para que se discutan las reformas antes de que la herramienta legal entre en vigencia. De momento, el nuevo código penal es un instrumento jurídico que lleva ya varias reformas al hilo.


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