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Congreso Nacional aprueba en último debate primeros tres artículos de Ley de Protección a Periodistas



Congreso Nacional aprueba en último debate primeros tres artículos de Ley de Protección a Periodistas
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – El Congreso Nacional aprobó este miércoles en tercer y último debate los primeros tres artículos de la Ley de Protección a Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia, pero no se continuó con el debate porque diputados del partido Libertad y Refundación (Libre) solicitaron que se suspendiera la discusión para analizar el nuevo dictamen.

En el proyecto de la Ley de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de Justicia se sustituyó el dictamen original por uno nuevo ampliamente socializado y consensuado, donde las organizaciones de sociedad civil y gremiales han tenido un papel sumamente participativo.

A petición del diputado de Libertad y Refundación (Libre), Rasel Tomé, al dictamen se le dispensaron dos debates por lo que se inició su aprobación en tercer y último debate.

El presidente de la Comisión Ordinaria de Derechos Humanos, diputado liberal Yuri Sabas, presentó una moción que fue aprobada por unanimidad, para sustituir el dictamen original por uno nuevo, ya que el primer proyecto se tenían que modificar 53 artículos y se tornaba muy tedioso ir cambiando artículo por artículo.

Tras explicar que el dictamen fue ampliamente socializado con todos los sectores, Sabas destacó que es un tema que no se debe politizar por ni por la derecha ni por la izquierda por lo tanto el factor ideológico en esta ley no cabe.

La implementación de esta ley estará fundamentada en la Constitución de la República y la normativa internacional de los derechos humanos, en aplicación de los principios de buena fe, eficacia, idoneidad, coordinación, concurrencia, voluntariedad, exclusividad, complementariedad, prevención, temporalidad, causalidad, proporcionalidad, confidencialidad, igualdad y respeto.

En el estamento, se establece que toda autoridad civil, policial y militar, está obligada a proporcionar la información de forma expedita y brindar toda la colaboración requerida por parte de las diversas instancias encargadas del cumplimiento de la ley para la consecución de sus fines.

En el decreto se crea el Consejo Nacional de Protección para los Defensores de Derechos Humanos, Periodistas, Comunicadores Sociales y Operadores de la Justicia, adscrito a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización.

El consejo estará integrado por una persona representante propietaria y su suplente de las secretarías de Seguridad; Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización; Relaciones Exteriores; Comisionado Nacional de los Derechos Humanos; Ministerio Público; Poder Judicial; Procuraduría General de la República; Colegio de Abogados de Honduras; Colegio de Periodistas de Honduras, cinco representantes de las organizaciones de derechos humanos de la sociedad civil.

Asimismo, se crean nuevas medidas de prevención y medidas urgentes de protección que garanticen la vida, integridad, libertad y seguridad de las personas en situación de riesgo como consecuencia de la promoción y defensa de los derechos humanos.

Se crea también la Dirección General de Mecanismos de Protección y Análisis de Conflictos Sociales, apéndice de la Secretaría de derechos Humanos, Justicia y Gobernación, que recibirá las denuncias de riesgo que se promuevan directamente y tramitarla de conformidad con esta ley.

Las personas beneficiarias en la ley, que se consideren víctimas de una situación de riesgo, podrán denunciarlo ante cualquier autoridad competente. Dicha autoridad podrá diferir el caso ante la Secretaría de Seguridad o a la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización para que resuelvan lo pertinente.

Sobre el tema presupuestario, el diputado Yuri Sabas, explicó que en el Presupuesto General de la República de 2015, se asignó una partida a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos, Justicia, Gobernación y Descentralización a fin de hacer funcional la ley.


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