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Código Penal, ¿cuál es la prisa por su vigencia?



Código Penal, ¿cuál es la prisa por su vigencia?
Autor del artículo: Especial Proceso Digital

Tegucigalpa - Mientras crecen las voces que abogan por una ampliación a la vacatio legis del nuevo Código Penal, previsto para entrar en vigor en la segunda semana de noviembre próximo, en la Cámara legislativa, sus directivos parecen tener prisa y piden a quienes se oponen a la norma, llevar sus propuestas de reformas, pero son claros que el mismo entrará en vigor en el plazo previsto.

Con más de 600 artículos, el nuevo Código Penal, contempla una serie de figuras delictivas que preocupan a los expertos, en especial aquellas relacionadas con libertad de expresión, de asociación, mujeres, grupos vulnerables, redes sociales, empresas jurídicas, medios de comunicación, terrorismo, corrupción, extorsión y narcotráfico, entre otras.

Los expertos, en su mayoría juristas, dicen que el nuevo Código Penal si bien contempla muchos aspectos novedosos que constituye un avance en materia doctrinaria en derecho penal, el mismo no está listo para entrar en vigor porque debe ser ampliamente socializado con jueces, magistrados, defensores públicos, fiscales, asociaciones de jueces y magistrados, entre otros relacionados con la cadena de justicia. Eso, de un lado, de otro, es casi desconocido para la ciudadanía y las instancias civiles que trabajan en el tema de acceso a la justicia.

MACCIH

Algunos muestran su preocupación en los llamados delitos de corrupción al contemplarse una rebaja en la pena de estos, la cual incluso fue advertida por la MACCIH desde que inició su discusión y luego recogida en un análisis que se hiciera recientemente. Los delitos de corrupción, así como están contemplados en la nueva norma, no abonarían al proceso de lucha anticorrupción que se promueve desde el sistema de justicia integrado anticorrupción, advierte la Misión.

De acuerdo con una plataforma de organizaciones civiles,  de la cual el Consejo Nacional Anticorrupción (CNA) es uno de los actores, la batalla para que ese código nunca entre en vigencia y que se elabore uno nuevo, dentro de las figuras de corrupción se favorece a las ONGs, fundaciones privadas, políticos y funcionarios que reciban fondos públicos y los desvíen para otros propósitos, al permitir que antes de ser llevados a la justicia por apropiarse de lo ajeno, paguen lo sustraído sin mayores complicaciones.

Si el nuevo Código Penal entra en vigencia, muchos implicados en actos de corrupción investigados y judicializados algunos por la UFECIC del Ministerio Público apoyados por la MACCIH podrían invocar ese código y quedar en libertad sin llegar a los tribunales, unos, y sin pisar la cárcel, otros.

CNAGabriela Castellanos y Odir Fernández, del CNA.

Los juristas dicen que la elaboración del nuevo código empezó bien, pero en el camino fue trastocado y hoy esas modificaciones hechas alarman a sectores civiles, de derechos humanos, gremiales, de periodistas, academia, la MACCIH, empresarios, entre otros, que advierten sobre los potenciales retrocesos.

Voces a favor de vacatio legis

Una opinión de la Sala de lo Penal del Poder Judicial, que constituye ya una posición de la Corte Suprema de Justicia, propone ampliar la vacatio legis de la norma por 18 meses, al argumentar que el sector justicia no está preparado para su aplicación y amerita de capacitaciones y mayor socialización. La opinión consultiva de la CSJ, si bien no es vinculante, toma fuerza porque constituye un poder del Estado que está diciendo que la herramienta legal no podrá ser aplicada efectivamente por desconocimiento entre quienes son responsables de echarla a andar.

CohepEl Cohep entregó su propuesta al CN.

Asimismo, es un vigoroso impulso porque lo dice precisamente el órgano del Estado responsable de impartir justicia. Solo de entrada, existe en la agenda legislativa una propuesta del Consejo Hondureño de la Empresa Privada (Cohep) que pide reformar 84 de los más de 600 artículos del nuevo Código Penal, a lo que se suma otra propuesta del Colegio de Periodistas que pide la expulsión de ese código de al menos unos cinco artículos lesivos a la libertad de expresión relacionados con los delitos contra el honor, mismos que deben pasar al ámbito de lo civil y no de lo penal, como establece la doctrina interamericana y global en materia de derechos humanos y libertad de expresión.

Al respecto, el presidente del Congreso Nacional anunció la despenalización de los delitos contra el honor y que él introduciría esa propuesta de reforma al hemiciclo, lo cual, de concretarse, sería uno de los más sustanciales avances en libertad de expresión que pondría al Estado de Honduras como un país referente en la materia.

En el caso del Cohep, la comisión encargada de ver todo lo concerniente con el nuevo Código Penal, acordó reformar 74 de los 84 artículos propuestos, entre ellos concernientes con el sector privado y otros derechos ciudadanos afectados, incluyendo la libertad de expresión. Es una propuesta bastante integral, asegura el Cohep.

cohep proJuan Carlos Sikaffy y el titular del CN, Mauricio Oliva.

Los ejecutivos del Cohep justifican que el nuevo código se puede reformar antes de entrar en vigor porque existe un antecedente en 1983 y si bien ello no necesariamente genera jurisprudencia, es un precedente. Esa reforma que invoca el Cohep está relacionada con la expulsión que se dio antes de que entrara el actual Código Penal, de dos figuras legales relacionadas con la despenalización del aborto en dos causales. Las fuerzas antiaborto se movilizaron y lograron, vía reforma, antes que entrara en vigor el actual Código Penal vigente, quitar esa figura.

Riesgos de la vigencia

En tanto, la presiones que piden que esa normativa legal no entre en vigencia tiene un propósito: así como se encuentran redactadas muchas figuras en materia de corrupción, narcotráfico, libertad de expresión, terrorismo, seguridad jurídica, y otros, permitiría, de un lado, iniciar una cacería contra núcleos poblacionales considerados “incómodos”, y de otro, facilitaría la reducción de penas, la salida de condenados por corrupción, narcotráfico u otros de la cárcel en vista que la ley es retroactiva en materia penal cuando beneficia al privado de libertad.

Toño RiveraAntonio Rivera Callejas.Si la norma entra en vigencia como está previsto para noviembre próximo, los tribunales de justicia serán atacados con recursos legales a favor de los imputados, y aunque se hagan las reformas, no importará porque la retroactividad de la ley les favorecerá, dicen los expertos.

El diputado nacionalista y vicepresidente del Congreso, Antonio Rivera, dijo a periodistas que la vacatio legis se podría prorrogar unos cuatro meses, pero no más tiempo, pero el jefe de la bancada nacionalista que lideró el nuevo Código es del criterio que la normativa legal debe entrar en noviembre y en el camino se arreglan las maletas.

Angel GarachanaÁngel Garachana.El presidente de la Conferencia Episcopal de la Iglesia Católica, el obispo Ángel Garachana, se pronunció a favor de la ampliación de la vacatio legis y si es posible en que ese código no entre en vigencia, por considerar que contiene mecanismos que son un blindaje para los corruptos y para la impunidad en este país centroamericano que no debe continuar más. ¿Cuál es la prisa?, se preguntan tanto el obispo como otros sectores.


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