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Cárceles de alta seguridad, más preguntas que repuestas



Cárceles de alta seguridad, más preguntas que repuestas
Autor del artículo: Especial Proceso Digital

TegucigalpaEl asesinato con armas de fuego de dos privados de libertad -uno de ellos presunto capo de la droga- el pasado fin de semana en cárceles recién construidas bajo el concepto de máxima seguridad, genera más interrogantes que respuestas en Honduras.

- Tras intensos operativos en ambas cárceles -El Pozo y La Tolva- no se encontraron armas de fuego u otro tipo de explosivos.

- Los datos oficiales establecen que la población penitenciaria la componen 21 mil 680 reos distribuidos en 25 cárceles en todo el país.

- Aunque fueron suspendidos de sus cargos, no se han revelado las identidades de los directores de El Pozo y La Tolva.

En el debate público surgen decenas de preguntas que todavía no encuentran una explicación lógica de cómo se cometieron ambos crímenes en los recintos que entraron en operación hace tres años (2016).

En las cárceles de El Pozo y La Tolva se albergan actualmente un poco más de 2 mil 300 presidiarios, especialmente jefes del hampa y reos peligrosos que han cometido crímenes atroces.

Sin duda los nuevos recintos cuentan con estándares de máxima seguridad, con instalaciones seguras y modernos dispositivos electrónicos para impedir el trasiego de objetos prohibidos en sus perímetros, pero lo que está en duda es el personal que administra las innovadoras ergástulas.

Cuando se inauguraron ambas cárceles de alta seguridad -en septiembre de 2016 El Pozo y mayo de 2017 La Tolva- el gobierno señaló la nueva realidad que vivirían los jefes del hampa confinados en espacios de dos por cuatro metros.

“Cada celda de dos por dos metros permanece a oscuras. El recluso deambula de un lado a otro, entre la pared y la cama de cemento”, citaban los informes gubernamentales.

Los 37 reos de alta peligrosidad están recluidos en dos módulos con capacidad para 20 inquilinos cada uno.

(VER) Detalles reveladores de la vida en “El Pozo”
a 48 horas de confinamiento de 37 capos

“Queremos hablar con el director”, gritan desesperados. “Hace calor hermano, hace mucho calor”, “Esto es un infierno, sáquennos de aquí”, expresaban los primeros reos trasladados hace tres años.

Los encargados del sistema penitenciario afirmaron que la vida de reyes se les había acabado a los inquilinos de estas cárceles. La nueva realidad era los trajes anaranjados, cabezas rapadas, grilletes en manos y pies, y gozar únicamente de una hora de sol al día.

Pero toda esa realidad parece cambió radicalmente en apenas tres años. Las temibles cárceles de alta seguridad volvieron a tener la colusión de custodios y autoridades penitenciarias.

Un fuerte dispositivo de seguridad por parte de Fusina custodian desde la Penitenciaría Nacional hasta la Tolva, ubicada en Morocelí, El Paraíso.

(VER) Llegan a La Tolva
los nuevos inquilinos

Cuando la cárcel de Ilama (El Pozo) comenzó a coparse, entonces en mayo de 2017 se abrió la que se ubica en Morocelí (La Tolva), donde también fueron llevados peligrosos reclusos.

Aunque con concepto de menor seguridad que El Pozo, en La Tolva también se confinaron a líderes de estructuras criminales, siempre bajo el concepto de medidas extremas.

Otros que peligran sus vidas

Reynerio Valle ValleEn estas cárceles de alta seguridad hay otros privados de libertad que sus vidas podrían correr peligro por los acontecimientos que rodean sus procesos judiciales. Uno es el hermano menor de la organización criminal Valle -José Reiniero- detenido este año y procesado por delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Nazario Luque, abogado de Reiniero Valle, pidió al Ministerio Público (MP) que él sea trasladado a un lugar donde pueda estar garantizada su integridad física, ya que sus familiares temen por su vida.

Igualmente, José Miguel Handal Pérez, condenado en dos procesos judiciales por delitos de narcotráfico y lavado de activos.

Figuran en esta vulnerable lista el exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, también declarado culpable por lavado de activos y con otros procesos penales vigentes.

De la misma forma, está Víctor Lorenzo Flores declarado culpable por pretender dar muerte al presidente Juan Orlando Hernández en un plan orquestado por el clan Valle.

El denominador común entre Handal Pérez, Urbina Soto y Lorenzo Flores es que los tres tienen pedido de extradición por parte de EEUU, pero deberán cumplir primero sus condenas en Honduras, antes de responder ante la justicia norteamericana.

A la par, Erika Julissa Bandy García, esposa del extinto Magdaleno Meza, solicitó en las últimas horas ante el Comité para la Defensa de los Derechos Humanos en Honduras (Codeh), que sea trasladada desde la Penitenciaría Nacional Femenina de Adaptación Social (PNFAS), a un recinto más seguro que podría ser una instalación militar.

El privado de libertad Héctor Antonio Vásquez Torres, alias “Toño Frontera”, es otro de los recluidos en cárceles de máxima seguridad y que su familia solicitó en las últimas horas protección porque su vida peligra.

“Toño Frontera” salió mencionado varias veces en el juicio que se le siguió al exdiputado Juan Antonio Hernández en EEUU, tal como ocurrió con Magdaleno Meza, ultimado el pasado fin de semana en El Pozo.

Versiones “no cuadran”

Luis SuazoAutoridades hondureñas han salido al paso de la avalancha de críticas para tratar de explicar lo que ocurrió el pasado fin de semana en ambas cárceles de alta seguridad.

El viceministro de Seguridad, Luis Suazo, explicó que el capo Magdaleno Meza estaba con el propio director del centro de Ilama (El Pozo) en el momento que fue asesinado con saña.

La versión de Suazo da cuenta que el director del penal estaba comunicándole a Meza y a un colombiano que el día siguiente -domingo- se normalizaban las visitas que habían sido suspendidas por el asesinato de otro recluso en la cárcel.

Lo que no queda claro es si el lugar donde fue asesinado Magdaleno Meza está cerca de su celda o en su defecto lo llamaron frente a la celda donde se encontraban sus victimarios, lo que facilito el plan de su asesinato.

Siempre con base a la versión oficial, el custodio que le abre la puerta a los victimarios de Meza, lo hizo porque el director del centro penal también iba a notificarles la determinación a los privados de libertad que estaban recluido a la par de donde ocurrió el vil asesinato.

Bajo la premisa anterior y tomando en cuenta que la cárcel de El Pozo tiene alrededor de 1,400 reos, el director del recinto iba a demorar mucho tiempo en comunicarles a todos la decisión de restaurar las visitas.

Responsables por la muerte de Magdaleno Meza Fúnez

Otro de los cuestionamientos que ha circulado en los últimos días es que los miembros de pandillas que cometieron el crimen de Meza, portaban armas automáticas y filosos machetes, mientras los custodios apenas tenían toletes, lo que hizo la disputa una lucha desigual.

Asimismo, de forma inmediata los videos de ambos crímenes se viralizaron y en espacio de minutos ya estaban en la mayoría de los teléfonos celulares de los hondureños. Las autoridades no han explicado quién y cómo se filtraron los videos que a todas luces son parte de los sistemas de monitoreo de los recintos carcelarios.

El ministro de Gobernación, Leonel Ayala, dijo en las últimas horas que no descartan que las armas utilizadas para cometer el crimen en El Pozo hayan sido tiradas vía aérea, es decir mediante un dispositivo tipo drone.

Las autoridades también han denunciado que Meza quiso escaparse mediante la construcción de un túnel que fue descubierto a un kilómetro de la cárcel hace unas semanas, asimismo que mediante cartas falsas el ahora occiso quiso recobrar su libertad. Sin embargo, ambos extremos no fueron denunciados públicamente antes los medios y solo surgen tras su muerte.

Error que policías y militares estén en cárceles

Jorge Alberto Rodas GameroLuego de lo ocurrido, el exministro de Seguridad, Jorge Alberto Rodas Gamero, aseveró que el error más grande fue haber delegado funciones a policías y militares en los centros penitenciarios.

Rememoró que en su gestión -en el gobierno de Manuel Zelaya Rosales- se hicieron trabajos para mejorar el sistema carcelario. “Lamentablemente nunca pudimos hallar el apoyo, inclusive si hicieron solicitudes a través de Cancillería para países que nos pudieran apoyar para mejorar el sistema penitenciario”, adicionó.

Recordó además que cuando él fungió en Seguridad hubo una oferta de un empresario israelí para administrar las cárceles hondureñas. “Lo rechazamos porque considero que en Honduras hay gente con suficiente capacidad para poder administrar las unidades penitenciarias del país”.

Criticó que el problema radica que en Honduras las medidas se han hecho en forma improvisada, “no hay profesionales de las ciencias penitenciarias manejando los centros penitenciarios”.

Rodas Gamero mencionó que en las cárceles no debe haber agentes de seguridad e incluso éstos ni siquiera deben tener contacto con los privados de libertad. “Únicamente pueden estar en los recintos las personas que son profesionales de las ciencias penitenciarias, las personas que saben administrar todo el tratamiento que hay que darle a cada interno para poder integrarlo a la sociedad”, reforzó.

El también experto en ciencias penitenciarias dijo que rechaza la idea que vengan desde afuera a querer imponer orden en las cárceles del país.

Recordó que él retornó a Honduras en 1973 desde la República Argentina graduado como profesional de las Ciencias Penitenciaria. “Venimos cuatro, fuimos los primeros cuatro hondureños egresados en esa área. Nos cansamos de hacer recomendaciones, indicar dónde estaban las fallas, qué es lo que había que hacer… nunca se tomó en cuenta nada”.

Dijo que en el caso de los internos de alta peligrosidad, éstos efectivamente deben ir a una unidad de máxima seguridad.

Sugirió componer un equipo técnico especializado para determinar a cada interno por la escala que le corresponde: mínima, media y alta peligrosidad.

“No podemos poner estas situaciones en manos de extranjeros, que lo único que quieren es venir a aprovechar la mano de obra de los internos para poder agenciarse recursos, en otras palabras hacer una maquila, eso no lo podemos permitir”, pronunció.

Señaló que es responsabilidad y prioridad del gobierno mandar a capacitar personal en el campo penitenciario.

“Si no capacitamos al personal que trabajará en las cárceles, vamos a hacer haciendo lo mismo. El error más grande que cometieron fue mandar a militares a hacerse cargo de los centros penales”, fustigó.

Concluyó que el país no puede seguir improvisando en este tema de seguridad nacional como lo es el sistema penitenciario. “La Policía tampoco no tiene nada que ver con los centros penitenciarios porque tienen formación completamente diferente a la de un profesional de las Ciencias Penitenciarias”.

Así pues la administración de las cárceles de nuevo está en el tapete, con muchas preguntas sin responder y miles de inquietudes que asaltan la inteligencia desde el ciudadano de a pie hasta el más encopetado.

Muchos se decantan por una administración externa del sistema penitenciario, otros proponen crear una escuela de la carrera carcelaria con profesionales especializados y que no sean precisamente policías, ni militares.


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