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Al existir denuncias en cortes internacionales, el MP realiza sus propias diligencias, advierte fiscal adjunto



El Fiscal Adjunto Arturo Sibrián Bueso.
El Fiscal Adjunto Arturo Sibrián Bueso.
Autor del artículo: Proceso Digital

Santa Rosa de Copán - El Fiscal Adjunto del Ministerio Público, Daniel Arturo Sibrián Bueso dijo este jueves que cuando se producen acusaciones en cortes internacionales que vinculan a ciudadanos hondureños, la Fiscalía mediante sus unidades operativas realiza las investigaciones de oficio para construir potenciales acusaciones que deriven en requerimientos fiscales.

- El funcionario no se atrevió a mencionar si habrá acciones de la Fiscalía contra corruptos en los próximos días y pidió a la población tener confianza en ese cuerpo acusador del Estado.

En torno a las versiones de la Corte del Distrito Sur de New York, EEUU, sobre señalamientos del narco Geovanny Daniel Fuentes Ramírez que mencionó al presidente Juan Orlando Hernández (identificado como CC-4) de contribuir a actividades de narcotráfico, el segundo al mando de la Fiscalía hondureña mencionó que “cualquier persona puede denunciar a cualquiera, es deber del Ministerio Público analizar objetivamente las denuncias que se hacen y eso implica desarrollar los procesos de investigación conforme mandas las reglas del Código Procesal Penal”.

En entrevista con la radio HRN, Sibrián agregó que “no podemos tomar como una realidad una denuncia, tiene que haber un proceso de investigación. Aquí cualquier persona puede denunciar a otra y tenemos que entender que la garantía que da el Ministerio Público es para toda la ciudadanía, en defensa de los intereses generales de la sociedad, quiere decir que el Ministerio Público no se puede instrumentalizar por una simple denuncia”.

Defendió que siempre que existen denuncias mediante medios de comunicación o en canales internacionales, la Fiscalía procede de oficio, “seguramente la unidad responsable en la Fiscalía Especial de Combate Contra el Crimen Organizado, ya está desarrollando la investigación o la está vinculando con alguna previamente abierta”.

El Fiscal Adjunto subrayó que la actual gestión en el MP, desde 2013 a la fecha, ha logrado recuperar la confianza de la población en ese ente acusador del Estado.

Dijo que confianza que goza la Fiscalía hondureña pasa por el liderazgo del Fiscal Óscar Fernando Chinchilla, tanto cuando estuvo UFECIC como ahora que existe Uferco.

“La legalidad le daba vida a UFECIC que estaba establecida a través del convenio entre Honduras y la OEA (MACCIH), entonces lo que tenemos es que venció ese convenio y tenemos que seguir con los casos que ya tomó UFECIC, y ahora que tenemos Uferco, ellos manejan los mismos casos, tiene los mismos recursos, a excepción de la asesoría que brindaban los expertos internacionales”, explicó.

Aseguró que el fiscal de Uferco, Luis Javier Santos tiene en mismo apoyo por parte de Fiscalía General que cuando existía UFECIC.

Sibrián Bueso remarcó que “el liderazgo del Fiscal Chinchilla no ha descuidado ninguna de las unidades de la Fiscalía”.

A la consulta de un supuesto ocultamiento de un expediente que involucra al exviceministro de Salud, Francis Contreras, contestó: “Lo que puedo decir es que el Fiscal General y los fiscales de las diferentes unidades especiales y las que manejan casos de corrupción, tienen el principio de objetividad y deben concluir un proceso investigativo antes de presentar un requerimiento fiscal”.

Dijo que algunas veces en los casos de corrupción existe mucha actividad mediática, “cuando se presenta la denuncia contra una persona, se tiene que ver que esas denuncias se sustentan en fotocopias y una serie de documentos que deben tener sustento para ser cotejados con los originales”.

Ejemplificó que en los casos de depuración policial comenzaron en 2016 y concluyen tres años después mediante la presentación de requerimientos fiscales. “No todas las denuncias derivan en acusaciones penales porque deben ser investigadas y analizadas”.

El funcionario fiscal participó en la inauguración del Centro Integrado Expedito de Justicia Interinstitucional en Santa Rosa de Copán, obra que asciende a 50 millones de lempiras en un terreno donado por la alcaldía de ese término municipal.


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