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Honduras enfrenta agresiva agenda política, en medio de crisis social y fiscal



Tegucigalpa - Mientras el vicepresidente del Congreso Nacional, Marvin Ponce, anunció una eventual destitución del pleno de magistrados de la Corte Suprema de Justicia (CSJ) y la inminente aprobación de reformas constitucionales tendientes a retomar el tema de las Ciudades Modelo, Honduras enfrenta una grave crisis fiscal, económica, política y social.
 

El izquierdista vicepresidente del Legislativo, acostumbrado a adelantar escabrosos temas nacionales, en un ejercicio que, según observadores, sirve para medir el pulso de la población, dijo que antes del 25 de este enero, cuando concluya la actual y penúltima legislatura, el Congreso aprobará reformas constitucionales e incluso conocerá nuevamente el proyecto de Ciudades Modelo o Regiones Especiales de Desarrollo, declaradas inconstitucionales por la Corte Suprema de Justicia en 2012.

Igualmente dijo que si los magistrados constitucionales nombrados a mediados de diciembre pasado por la Cámara son separados, tras aceptar el recurso de amparo interpuesto por los destituidos, el Legislativo podría determinar la separación del pleno de magistrados de la Corte Suprema.

Ponce adelantó que enero será un mes fuerte en el que se avizoran cambios profundos originados desde el Poder Legislativo. La aseveración del diputado Ponce fue interpretada como innecesaria por el abogado constitucionalista Juan Carlos Barrientos, quien señaló que Honduras no requiere constituyente ya que en el actual estado de cosas el Congreso Nacional tiene poderes absolutos.

El diputado Ponce, un hombre considerado cercano al presidente del Congreso Juan Hernández, aceptó que Honduras enfrenta urgencias sociales que no pueden ser cubiertas ante un desfase fiscal que supera el 6 por ciento.

Este año el país arrancó en medio de protestas y reclamos de empleados públicos ante la falta de pagos salariales y de otros derechos laborales. Al par, proveedores estatales de materias básicas exigían el importe de viejas deudas.

El panorama social se ha agudizado con los despidos masivos de burócratas que ahora engrosan las cifras de desempleo que afectan a cerca de la mitad de la Población Económicamente Activa (PEA).

En la sesión del gabinete presidencial de este martes, se supo que los despidos masivos continuarán en los próximos días. La medida trata de enmendar el creciente gasto público que muestra una deuda interna de la administración central superior a los 58 mil millones de lempiras y 3 mil 500 millones de dólares en deuda externa.

Anuncios como el alza en el servicio más popular del transporte público que en sectores de la capital hondureña pasará de tener un costo de cuatro lempiras a valer siete, han sido confirmados por autoridades gubernamentales del rubro y han caído como balde a agua fría en los usuarios.

Y es que la pobreza lastra a por lo menos tres millones de hondureños que subsisten con menos de un dólar al día, de acuerdo al Foro Social de la Deuda Externa de Honduras (Fosdeh).

A ello se le agrega la alta tasa de violencia. Las cifras son apabullantes y registran 84.5 asesinatos por cada 100 mil habitantes al cierre de 2012.

Pero ningún de estos temas parecen ocupar la agenda parlamentaria. En Honduras, en un año político y a las puertas de las elecciones generales, previstas para noviembre venidero, las promesas políticas son recibidas cada vez con más desesperanzas, pero frente al declive en la respuesta popular, se buscan otras estratagemas para retener el poder.

Marvin Ponce acepta que la crisis económica y social del país es grave, pero aún así él mantiene el dedo en el renglón de los escándalos que se derivan de la agenda legislativa y que la población observa con escepticismo, especialmente después de la crisis política que sacudió al país en 2009, cuando el entonces presidente Manuel Zelaya salió del poder tras intentar prolongar su mandato mediante una consulta que era ilegal, según un tribunal hondureño.

Ampliando sus declaraciones mediáticas, el vicepresidente Marvin Ponce advirtió al pleno de magistrados de la Corte, que en caso que acepten el recurso de amparo con suspensión del acto reclamado interpuesto por los ex jueces constitucionales, se procederá a destituir totalmente la Corte Suprema y a nombrar una nueva.

El recurso de amparo presentado por los magistrados destituidos ha generado reacciones en diversos sectores nacionales e internacionales.

En ese sentido Marvin Ponce afirmó que en el caso de que el mismo se admita con suspensión del acto reclamado, el Poder Legislativo procedería a destituir el resto de los magistrados.

Si se siguen enredando las cosas en el Poder Judicial, lo que procede es destituir totalmente a la Corte y nombrar una nueva”, advirtió el congresista.

Agregó que la idea de destituir a máximo tribunal de justicia de Honduras se encuentra plasmada “al más alto nivel” en el Congreso hondureño.

A criterio de Ponce, “era mejor cambiar toda la Corte y no solamente un pedazo porque dejar un muerto vivo, no es conveniente porque puede generar más crisis”.

Sumado a lo anterior, dijo que “siempre he sido de la idea que se debería de cambiar toda la Corte Suprema de Justicia y hay muchos diputados que están en esa línea, lo que pasa es que tienen miedo hablar”.

El diputado por el partido Unificación Democrática (UD), nuevamente reconoció que la acción de suspender a cuatro de los cinco magistrados constitucionales, obedeció a intereses políticos y no por la depuración policial como se planteó en un principio.

Aquí hay errores de los magistrados y aspectos políticos que no hay que desconocer porque se sabía que con la presentación del recurso de amparo del precandidato, Ricardo Álvarez, iba a retroceder todo el proceso electoral interno, entonces se generó ese clima en el Congreso, pero se formó el término de justificación que era por lo de la depuración policial”, explicó.

Dijo que la mayoría de los magistrados están descalificados para formar parte de los que conocerán el caso porque han vertido opiniones sobre el mismo. Igualmente, señaló que “el presidente de la Corte (Jorge Rivera Avilés) también está involucrado porque se pronunció”.

Mencionó que solo hay dos magistrados que no han dado ninguna opinión y se trata de Rosa de Lourdes Paz y Jorge Reyes Díaz.

Este martes, el presidente del Comité para la Defensa de Derechos Humanos (Codeh), Andrés Pavón, presentó una recusación ante CSJ, en contra de los siete magistrados que el 14 de diciembre se manifestaron a favor de sus compañeros destituidos por el Congreso Nacional, para que se inhiban de conocer en pleno el amparo de los ex jueces constitucionales.

Pavón ha tomado partido abierto a favor de las acciones que se impulsan desde el Legislativo. El ha mostrado una cercana relación con el actual gobierno. Igual mantuvo estrecha cercanía con el ex presidente Manuel Zelaya. Sectores han señalado que él ha promovido movilizaciones en apoyo a los parlamentarios por la destitución de los magistrados constitucionales.

Así en medio de los vaivenes políticos, Honduras se desangra entre una creciente ola criminal y la pobreza que afecta directamente a un 67 por ciento de los 8.2 millones de habitantes quienes hacen esfuerzos cada día por atrasar la muerte que llega a unos más lentamente.



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