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Óscar Arias dice que acusación sobre mina de oro es una persecución política



San José - El expresidente de Costa Rica y premio Nobel de la Paz, Óscar Arias, aseguró este martes que es víctima de una "persecución política" por parte de la Fiscalía, que le acusa de irregularidades en el otorgamiento de permisos para un proyecto de minería de oro en el 2008.

"Francamente es inaudito una cosa como esta, es una persecución política, es un deseo de manchar mi nombre, es usar los tribunales para ensuciar el nombre de una persona. Es muy triste para mí, para mi familia, para mi esposa, pero es lo que me ha pasado", declaró Arias.

El exmandatario acudió este martes a una audiencia preliminar que se extenderá al menos hasta el miércoles y que tiene como fin determinar si el caso es elevado a juicio.

"Vine a manifestar mi inocencia ante el juez. Se han inventado argumentos totalmente falsos muy alejados de la verdad. Hay una teoría de la conspiración o como dice la Fiscalía, un plan delictivo. Ni Julio Verne ni Gabriel García Márquez tienen tanta imaginación como la Fiscalía para pensar que hay un plan delictivo del presidente, de un ministro y de funcionarios del MINAE (Ministerio de Ambiente y Energía)", afirmó Arias.

El nobel de la paz aseguró que lo único que hizo él fue "firmar decretos para autorizar cortar árboles", pues, según dijo, el proceso de permisos para la mina venía desde 1993.

En febrero pasado el expresidente Arias (1986-1990 y 2006-2010) fue sobreseído por este caso, pero en mayo el Tribunal Penal de Hacienda aceptó una apelación de la Fiscalía, por lo cual se lleva a cabo la audiencia de esta semana.

El caso se remonta a 2008 cuando Arias firmó decretos para declarar de interés y conveniencia nacional el proyecto de minería de oro Las Crucitas, situado en la zona norte del país y que nunca llegó a construirse por completo ni a explotar oro, pues el proyecto fue cancelado por instancias judiciales en 2010 ante una serie de irregularidades ambientales.

Los decretos habrían facilitado una serie de permisos y trámites a la empresa Industrias Infinito, de la canadiense Infinito Gold, que fueron denunciados por grupos ambientalistas y políticos.

La empresa minera esperaba explotar al menos 19,8 toneladas de oro con una concesión por 10 años.

Este caso fue reabierto el 2 de noviembre de 2017 por la fiscal general Emilia Navas, en el marco de una revisión de una serie de casos polémicos que no avanzaron durante la gestión del anterior fiscal Jorge Chavarría, quien fue suspendido del cargo por irregularidades y que en diciembre de 2017 se jubiló.

El caso llevado adelante por Chavarría no incluyó en la acusación al expresidente Arias, pero sí a quien fue su ministro de Ambiente y Energía, Roberto Dobles, quien también firmó los decretos.

En 2015 un Tribunal Penal condenó a tres años de cárcel al exministro Dobles por el delito de prevaricato (emisión de resoluciones ilegales), pero días después la sentencia fue anulada por el Tribunal de Apelación que ordenó un nuevo juicio.

En este nuevo juicio, el Tribunal Penal emitió una resolución para devolver el caso a la fase intermedia de audiencia preliminar, en la que la fiscal general debía determinar si imputaba a Óscar Arias, como finalmente lo hizo al señalarlo como responsable de idear un plan delictivo.

El sitio donde se iba a construir la mina se ha visto afectado por mineros ilegales, muchos provenientes de Nicaragua, que utilizan métodos artesanales y muy dañinos para el ambiente.


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