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Bukele sin ordenar entrega de archivos militares de guerra civil salvadoreña



San Salvador - El presidente de El Salvador, Nayib Bukele, no ha ordenado al Ejército la entrega de los archivos relacionados con los crímenes de guerra o lesa humanidad cometidos durante la guerra civil (1980-1992), pese a las constantes peticiones de las organizaciones sociales.

El viceministro de la Defensa, el coronel Ennio Rivera, dijo a Efe este lunes que Bukele no ha dado la orden.

"Él está presto a colaborar que se apoye en las investigaciones, pero no es que haya un directriz especifica (de entrega de archivos) hacia los casos en particular", sostuvo el jefe castrense.

Un conglomerado de organizaciones pidió en julio pasado a Bukele que, "en su calidad de comandante general la Fuerza Armada", ordene que "se ponga a disposición de las autoridades" y víctimas los archivos de "relevancia para el esclarecimiento" de las violaciones a derechos humanos.

Los representantes de las víctimas en procesos penales contra mandos militares han señalado en diversas ocasiones que el Ejército se ha negado a entregar información relacionada.

No obstante, Rivera sostuvo que "la Fuerza Armada siempre ha sido abierta en colaborar en este tipo de hechos".

"Las peticiones que hace un juez o ya sea la Fiscalía se responden de igual manera y de forma expedita", aseguró el viceministro y recalcó que Bukele "está en el total apoyo de las personas que hayamos sido víctimas del conflicto".

La anulación de una ley de amnistía de 1993 por un fallo de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia de julio de 2016 permitió la reapertura de varios procesos penales por violaciones a derechos humanos perpetradas en la guerra civil.

Entre estos casos se encuentran el homicidio de san Óscar Arnulfo Romero (1980), la masacre de unos 1.000 campesinos en El Mozote (1981) y el asesinato de seis padres jesuitas (1989).

Por los crímenes cometidos en la guerra civil solo purgan penas de 30 años el coronel Guillermo Benavides, condenado por la matanza de los jesuitas, y José Dimas Valle, cabo de la extinta Guardia Nacional sentenciado por ejecutar a un funcionario local y a dos asesores estadounidenses.


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