El Estado de Excepción impuesto en Honduras desde hace 508 días, justificado por el Gobierno en su lucha contra la criminalidad y crimen organizado, ya ha dejado su razón de ser y ahora pone en peligro el equilibrio entre la necesidad de la legislación de emergencia y el respeto de los derechos humanos, a criterio de especialistas y organismos internacionales que claman para que se culmine el mismo.