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Fiscalía de Costa Rica pide 24 años de cárcel para ex presidente Calderón



San José - La Fiscalía de Costa Rica solicitó hoy 24 años de cárcel para el ex presidente del país Rafael Ángel Calderón (1990-1994) y actual candidato presidencial por el Partido Unidad Social Cristiana (PUSC), por un delito de peculado (desvío de fondos públicos) y dos relacionados con corrupción.
 

El juicio contra Calderón, primer ex presidente en ser juzgado en el país, y siete imputados más, comenzó en noviembre pasado y hoy se inició la etapa de conclusiones por el caso conocido como "Caja-Fischel".

Este caso se relaciona con el reparto de unos ocho millones de dólares en comisiones por un préstamo de 39,5 millones que la estatal Caja Costarricense de Seguro Social (CCSS) adquirió en 2002 con el Gobierno de Finlandia para la compra de equipo médico a una empresa de esa nación.

Calderón afirmó hoy que este juicio se trata de "una persecución" en su contra, en la que se ha reflejado que en el Ministerio Público existe "politiquería, odio y rencor en lugar de justicia".

Según la fiscalía, de ese crédito, aprobado por el Congreso costarricense en 2001, el ex presidente recibió en una cuenta bancaria en Panamá una comisión de 520.000 dólares.

Calderón ha dicho que el dinero lo recibió por una "consultoría política" que brindó a Fischel, y que por lo tanto son recursos legítimos.

El ex mandatario fue involucrado en el caso por su amigo y ex presidente de la CCSS, Eliseo Vargas, quien lo responsabilizó del reparto de las comisiones, mientras ambos pertenecían al Partido Unidad Social Cristiana (PUSC).

También fue incriminado durante el juicio por otro de los imputados, Walter Reiche, presidente de la empresa Fischel, representante en Costa Rica de la firma finlandesa "Instrumentarium Medko Medical" que vendió los equipos médicos a la CCSS.

La fiscalía solicitó para Vargas 20 años de cárcel por el delito de peculado y de corrupción, mientras para Reiche, uno de los testigos más importantes, sólo pidió cuatro años de prisión, debido a su confesión y "arrepentimiento" por los hechos.

Además, solicitó penas de cárcel para los otros cinco imputados, que fueron funcionarios de la CCSS y de Fischel, y que participaron del reparto de comisiones, de acuerdo con la fiscalía.

Estos acusados son el ex gerente de modernización de la CCSS, Juan Carlos Sánchez; el ex directivo de la CCSS, Gerardo Bolaños; el ex gerente general de Fischel, Marvin Barrantes y el ex gerente financiero de Fischel, Olman Valverde.

A todos ellos se les solicitó 20 años de prisión por peculado y corrupción.

El quinto es Randall Vargas, ex abogado de Fischel, a quien la fiscalía solicitó tres años y seis meses de cárcel por destrucción de documentos y falsedad ideológica.

Para el lunes se tiene programado que la Procuraduría General de la República exponga los supuestos daños causados al Estado por los imputados y solicite una indemnización.

La acusación de la Fiscalía, presentada en marzo de 2007, indica que Calderón, y los demás sospechosos, idearon un "plan delictivo" para permitir la compra de los equipos finlandeses y sacar provecho del préstamo contraído por el Estado.


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