banner por salud TCTLLE

logo19PD

GIF Descarga nuestra app

Menu

         

bannerVOCERO

Institucionalidad Legislativa y Judicial contra el Ejecutivo



puertaPor: Ricardo Puerta

Tegucigalpa.- Este artículo analiza  un pedazo de la  institucionalidad del  gobierno  estadounidense, que previene convertir en  “ley y política de la nación”   las  promesas inusuales que hizo Donald Trump  en el furor de su campaña electoral, a la que le dedicó año y medio.

Ganó las elecciones. Y pasó a la Casa Blanca,  desde el 20 de enero 2017, como el presidente número 45 de los Estados Unidos de América.

Para ilustrar  la forma en que opera  la institucionalidad seleccionada, presentaré  3 hechos, sucedidos desde que Trump llegó a la Casa Blanca:1) el  rechazo a su Declaración de Emergencia Nacional, 2)  la impugnación de  decretos presidenciales por jueces federales y de circuitos menores  y 3) la negativa del Legislativo  a derogar el Obamacare, el popular plan de salud del Presidente de Estados Unidos que antecedió  a Trump en la Oficina Oval.

Al final, dejo que el lector saque sus propias conclusiones, sugiriéndole cómo hacerlo.

Hecho 1: Legislativo rechaza declaración de Trump

Trump  apela a  la figura de  “emergencia nacional” emitiendo un decreto presidencial el pasado 15 de enero, 2019. Es la primera vez en la historia de Estados Unidos que un presidente trata de usar  prerrogativas constitucionales propias del Congreso o --del poder Legislativo--   para decidir desde el Ejecutivo cómo se gastarán fondos públicos.

Estar en emergencia nacional le permite al Presidente  de Estados Unidos invocar  un total de 136 poderes estatutarios distintos, de los cuales solo 13 requieren de una acción del Congreso.  Esto significa  que 123 poderes quedan a discreción del Ejecutivo,  sin requerir acción alguna del Congreso. Entre esos poderes discrecionales están desde suspender todas las leyes que regulan las armas químicas y biológicas,  hasta permitir que llame a oficiales militares retirados para asignarlos a una misión de emergencia. 

Si el Legislativo le aprueba la solicitud, en un  estado de Emergencia Nacional, el Ejecutivo hubiera podido completar los 8 mil millones de dólares que “necesita” para construir el muro fronterizo. De ese total,  el Congreso ya  le aprobó  1,375 millones en el presupuesto nacional que el mismo Trump firmó;  en parte,  para evitar otro paro  parcial del Gobierno Federal. El anómalo cierre del gobierno que sucedió, duró  35 días --en  diciembre y enero pasados-- porque el Ejecutivo  y el Legislativo no se pusieron de acuerdo sobre el muro.

Con “los fondos del muro”, Trump quería en construir una barrera de 376 kilómetros a lo largo de la frontera con México “para darle más seguridad al país”. Ya había descartado el muro de hormigón “que iban a pagar los mexicanos”. El “nuevo muro” es ahora “una valla de postes de acero” que ya no lo pagan los mexicanos, sino los contribuyentes de EE.UU.

Si el Legislativo hubiese  aprobado el texto de la  solicitud, Turmp  habría obtenido “el faltante”, pero teniendo que reasignar partidas presupuestarias ya destinadas por el Congreso al  Pentágono y el Departamento del Tesoro.

La reacción del Pentágono no se hizo esperar. El general de la Fuerza Aérea y responsable del Comando Norte de las Fuerzas Armadas de EE.UU., Terrence O'Shaughnessy, afirmó --el 26 de febrero, 2019--  al mes y días posteriores al decreto, que “no existe una “amenaza militar" en la frontera con México, pese a que el presidente Donald Trump sostiene que la llegada de inmigrantes supone una invasión”. 

Trump tampoco convenció al Congreso que aceptará su declaración de emergencia. Aunque públicamente seguía diciendo: “Estamos hablando de una invasión de nuestro país de drogas, de narcotraficantes, por todo tipo de criminales y pandillas". 

Y los hechos tampoco lo apoyaban. Pues la tal “invasión” eran  unos 10 mil migrantes, centroamericanos, que no portaban  armas,  ni tenían ningún  entrenamiento militar previo. Se desplazan en caravanas desde sus países de origen --la primera salió de Honduras el 12 de octubre, 2018--  moviéndose a pie o a jalón, en unidades familiares  y con menores, sin compañía de un adulto.

La frontera México-EE.UU pasa por cuatro estados estadounidenses, seis estados mexicanos, y tiene más de 20 puntos de travesía.  El objetivo de los migrantes en caravana es pasar a  territorio norteamericano, protegido por cualquier tipo de visa. Entre ellas: asilo o refugio por razones de humanitarias  o de inseguridad,  permiso de  trabajo aunque sea temporal, por unidad familiar,  por razones  matrimoniales o unirse a las fuerzas armadas de ese país. Común a todas ellas, es pasar a Estados Unidos y quedarse sin temor a ser deportado.

El Senado estadounidense, de mayoría republicana,  el 15 de marzo pasado rechazó, con el apoyo de 12 republicanos,  la solicitud de declaración de emergencia nacional por el muro, con  una votación de 59 – 41. Un mes antes, la Cámara de Representantes, de mayoría demócrata, había también negado la medida por 245-182 votos.  Ambas decisiones fueron  posibles porque un número decisivo de senadores  y de miembros de la Cámara de Representantes se unieron --sin distinción de partido--  y  en una moción bi-partidista, votaron en contra de la petición de Trump.

Desde que Trump  firmó la solicitud sabía que no tenía el necesario apoyo de los legisladores republicanos, y por eso anticipó que vetaría la decisión legislativa, si le negaban la solicitud. Y eso fue lo que hizo. Ejerció el veto presidencial contra el rechazo legislativo. Desatando con el veto una batalla judicial, cuya solución terminaría en la Corte Suprema de Justicia de los Estados Unidos, o Tribunal Supremo de Justicia, como también se le conoce.  La decisión  aún está pendiente en el Supremo, de mayoría conservadora.

Hecho 2: Suspenden decretos del presidente Trump

En general, las impugnaciones hechas  desde el poder judicial al Ejecutivo son muchas.  Pero aquí me limitaré a solo a 3, relacionadas todas  con inmigración.

Caso 1: El 27 de enero de 2017, a una semana de instalarse en la Casa Blanca, el Presidente Trump firmó la Orden Ejecutiva No. 13769, que “protege a la nación de la entrada de terroristas extranjeros en los Estados Unidos”. La orden suspendía por 90 días  la entrada de personas procedentes de siete países: Irán, Irak, Libia, Somalia, Sudán, Siria y Yemen,  porque “presentan un mayor riesgo de terrorismo”.

La orden fue impugnada en el tribunal --(Washington v. Trump, 2017 WL 462040)  el  3  de febrero, 2017). Bob Ferguson,  el fiscal general del estado de Washington, anunció  que un juez federal había  ordenado suspender de inmediato,  y en todo el país,  el decreto del presidente Donald Trump que impone trabas inmigratorias a personas de siete países,  de mayoría islámica.

Aunque la suspensión era temporal, continuaba  vigente hasta que el juez federal emitiera el fallo a una demanda del estado de Washington,  que califica como ilegal e inconstitucional el decreto anti- inmigrante de Trump.

Caso 2: Trump emitió una nueva orden ejecutiva el 6 de marzo, 2017 (EO No. 13780)  donde ni Irak, ni ciertas disposiciones del anterior decreto estaban en éste. Pero tuvo la misma suerte. La nueva orden fue rechazada por un Juez Federal y confirmada por un juez de Virginia, a los 10 días de haberse decretado  por el Ejecutivo.

Caso 3. El Presidente no logra bloquear fondos federales a California por declararse “Estado santurario”

Desde Octubre del 2017, Jerry Brown,  Gobernador –Demócrata--  de California, lo declaró un “Estado  santuario”. Un “mal”  ejemplo para la nación. Porque California es el Estado más poblado de la Unión, con  más de 40 millones de habitantes, 2 millones 300 mil de ellos son inmigrantes sin autorización legal.

Los territorios santuarios le garantizan protecciones adicionales a los inmigrantes indocumentados en Estados Unidos. Al presente se estiman en más de 11 millones que viven y trabajan sin la debida documentación en el país. Si residen en un territorio “santuario” pueden seguir haciéndolo,  sin la amenaza de ser deportados.

Como parte de la Ley suntuaria  vigente,  la policí­a local no puede preguntar a las personas de ese Estado sobre su estatus migratorio, ni obligarlos a  participar en actividades que verifiquen el cumplimiento de leyes o regulaciones migratorias.

Así  justifica el Gobernador Brown su declaración de California como “Estado santuario”:  “Estos son tiempos inciertos para los californianos indocumentados y sus familias, ahora esas familias viven con temor todos los días”.

California no es el primer estado de la Unión Americana en declararse legalmente “santuario” para los inmigrantes.  Oregon --su estado vecino del Norte--  fue el primero en hacerlo.

Al presente, en  Estados Unidos hay más de 200 territorios  --estados, ciudades y municipios – también llamados “condados”--  que por leyes estatales son   “santuarios” que protegen a los inmigrantes.

Además, el día que el Gobernador convirtió  a California en “Estado Santuario” era un día especial: coincidía con la fecha límite para que los jóvenes --viviendo en ese Estado con el amparo de DACA/el Programa de Acción Diferida para los Llegados en la Infancia a Estados Unidos--  renovaran sus permisos de trabajo.Tales decisiones  fueron interpretadas –por ciertos sectores  de la opinión pública estadounidense— pro inmigración ilegal y contra las intenciones anti-inmigrantes del Presidente Trump.

Aplicando la sección 9 contenida en la orden ejecutiva firmada por Trump, el magistrado federal Richard Jones afirmó que "sería inconstitucional que las agencias del Ejecutivo le nieguen fondos adjudicados a las ciudades demandantes de Seattle y Portland, donde se establece la retirada de las subvenciones federales. En este  caso, estábamos hablando del desembolso de  30 millones de dólares, venidos del gobierno federal  --desde  Washington-  destinados a “aumentar  la seguridad ciudadana”.

La orden emitida hoy –24 de octubre, 2018-- por el juez federal respondía a la demanda presentada en marzo de 2017 por las localidades de Portland, en el estado de Oregón, y Seattle, en Washington.

Hecho 3: Legislativo niega al Ejecutivo derogar ley de su antecesor

Desde que  Donald Trump era candidato presidencial, prometió erradicar el legado de ocho años que dejó el Presidente Barack Obama, por considerarlo contrario a los intereses de Estados Unidos. Mantuvo esa promesa hasta que fue electo. Antes, por  5 años seguidos, había repetido que Obama había nacido en Kenia. Hecho que Hillary Clinton rectificó en su campaña presidencial diciendo que   era “una teoría conspirativa racista con el objetivo de minimizar al primer presidente afro-estadounidense”.

En su  afán por eliminar “todo lo que fuera Obama” en los primeros días de su administración Trump se propuso derogar la Ley de Salud Asequible (ACA),  conocida  por Obamacare y   firmada por  el entonces presidente, el 23 de marzo de 2010.

La aprobación del Obamacare selló una reforma sanitaria, que por su alcance y contenido, se ha vuelto histórica  en los Estados Unidos. Con la  incomodidad para algunos,  que la Ley lleva en su título el  apellido del Presidente Obama, venido del Partido Demócrata.  

Según cálculos de la Oficina --no partidista--  del  Presupuesto del Congreso estadounidense  (CBO, en inglés), si abolían el Obamacare,  en la próxima década, 16 millones de beneficiados perderían  su seguro médico.

Desde la presidencia, Trump  quiso reemplazar el Obamacare por un plan sustituto, generado  por un Comité de senadores  republicanos, seleccionado por el Presidente.   El Comité senatorial elaboró la esperada “ley  reemplazo”. Pero desde que salió al pleno del Senado,  fue bautizada como  “Ley Flaca”. Se quedaba corta, porque seguía conteniendo clausulas impopulares del Obamacare. Fue derrotada en su primer intento .

Dos meses después los mismos legisladores de ambos partidos,  acordaron reabrir la discusión en el pleno del Legislativo, esperanzados en iniciar en el Senado una ronda de negociaciones y hasta tenían el objetivo de llegar a la Cámara de Representantes, el otro órgano bicameral del Legislativo estadounidense, de mayoría demócrata, donde un mes antes, había aprobado su propia versión de la Ley.

Con la votación que empezó  27 de julio, 2017 y terminó en la madrugada del otro día,  fracasó en el Congreso el primer intento de sustituir  el Obamacare. En esa votación, el senador McCain –legislador republicano conservador--  fue la figura central del día. Re-apareció en el Senado, tras conocerse una semana antes que padecía de un tumor cerebral maligno, y el 25 de agosto, 2018, 13 meses después, le provocó la muerte.

Al momento de  la votación, McCain  fue recibido con aplausos y gestos de admiración por los  senadores de ambos partidos. En su historial  tenía fama de ser más un estadista y más un senador bipartidista que un político  del Partido Republicano. Aprovechó el cálido recibimiento que recibió ese día para pronunciar un persuasivo discurso,  pidiendo que dejaran a un lado las  diferencias partidarias y llegaran a  un acuerdo que demostrara  cooperación y dependencia mutua, lo que necesitan ambos partidos para legislar en pro de todos los estadounidenses, y no solo para sus partidarios.

Cerró su discurso oponiéndose al plan republicano. La votación en el Senado derogando el Obamacare fue de 49 a favor y 51 en contra. El Presidente Trump interpretó el rechazo declarando: “tres republicanos y 48 demócratas le fallaron al pueblo estadounidense”. ¿Qué diría usted?

Conclusiones

Como los lectores de proceso.hn son muchos y de  muy diversa formación y experiencias, prefiero que sea el mismo  lector el que “escriba”  sus  conclusiones del escrito. Al efecto recomiendo emplear  dos criterios discriminatorios: 1) fijarse en todo lo que sea aplicable a Honduras para mejorarlo como pais y  2)  destacar lo que ahora sabe de Estados Unidos por haber leído el  escrito. Para bien o para mal, los Estados Unidos de América es la nación extranjera que --por razones varias--  se cruza más en la vida cotidiana y de mediano plazo de casi todos los hondureños. 

Más de Ricardo Puerta


Valora este artículo
(1 Voto)

volver arriba