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Honduras: Dos años de MACCIH



charles T callPor Charles T. Call *

Habiendo concluido dos de los cuatro años de su mandato, la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) ha logrado algunos avances importantes, pero se enfrenta a sabotajes cada vez más frecuentes de parte de distintas facciones de la elite política de Honduras, determinadas a socavar los esfuerzos y logros que MACCIH ha tenido.

 

  • El Presidente Juan Orlando Hernández - quien se encontraba bajo fuertes presiones políticas debido al escándalo que su campaña política había sido financiada con parte de los USD$300 millones robados al Instituto Hondureño del Seguro Social- y el Secretario General de la Organización de Estados Americanos, Luis Almagro, después de meses de negociación, accedieron a firmar un convenio que crearía la MACCIH, y el Congreso Nacional de Honduras aprobó dicho convenio en abril del 2016. El propósito general de la misión era “colaborar activamente con las instituciones del país y con la sociedad civil en desmontar el andamiaje que promueve la corrupción y la impunidad, y robustecer los mecanismos de investigación jurisdiccional, control de los recursos públicos y fiscalización del poder”.

 

Aunque la comisión de la ONU- Comisión Internacional Contra la Impunidad en Guatemala (CICIG) – sirvió de inspiración para su creación, a MACCIH no se le otorgaron los mismos poderes que a CICIG para co-enjuiciar casos con el Ministerio Público. Utilizando el argumento de fortalecer las instituciones hondureñas, solamente los fiscales hondureños podrían enjuiciar y procesar casos. El que la OEA sea una organización más débil que la ONU, que MACCIH desde un inicio tuviera cuatro coordinadores de área con la misma autoridad, pero distintos intereses y alianzas, y el tener menos personal y un presupuesto muy inferior al de CICIG: todos estos factores han sido problemáticos para MACCIH. El mandato mucho más disperso de la misión también desvió la atención y recursos del principal resultado deseado por la población: ver a funcionarios de alto nivel tras las rejas.

No obstante, el comienzo de MACCIH fue fuerte, aunque lento. Con solo seis meses de haber iniciado operaciones, la misión contribuyó a la creación de la “Ley de Política Limpia” que incrementó la transparencia en el financiamiento de las campañas políticas, y creó una unidad dentro del Tribunal Supremo Electoral para monitorear y reportar infracciones de la misma. MACCIH también trabajó con el Procurador General para ponerle fin a la práctica de “conciliación” en los casos de corrupción, por la cual cargos por corrupción podían ser revocados o disminuidos si los funcionarios regresaban los activos o bienes robados.

  • La misión también logró avanzar en los casos de alto perfil que había elegido, incluyendo las sentencias de dos ex viceministros, un magistrado del Consejo de la Judicatura, y otros nueve casos. Logró que se llevaran a cabo las acusaciones en dos de sus casos de más alto perfil – el caso en contra de cinco diputados y el caso contra la ex Primera Dama Rosa Elena de Lobo. Estos casos, y el caso recién salido a la luz pública denominado “Pandora” que involucra a varios funcionarios y diputados de gobiernos pasados y del presente, envían un mensaje claro: los funcionarios de alto nivel no son intocables. La nueva Unidad Fiscal Especial Contra la Impunidad de la Corrupción (UFECIC), unidad que reporta directamente al Fiscal General Oscar Chinchilla, ha resultado ser un socio efectivo para la misión.

Particularmente después de las elecciones de noviembre del 2017 – cuyo proceso y resultado fue ampliamente cuestionado- el gobierno y las elites políticas han incrementado sus esfuerzos para “cortarle las alas” a MACCIH a través de múltiples movidas engañosas. El Congreso no ha tomado acción en torno a leyes importantes, y descaradamente, aprobó lo que se denomina “Ley de Impunidad”, una reforma a la ley presupuestaria que impide que MACCIH investigue al Congreso y posterga cualquier acción investigativa o procesal por mal manejo de fondos hasta que el Tribunal Superior de Cuentas termine una investigación que posiblemente tarde hasta tres años en llevarse a cabo.

  • El Presidente Hernández es parte de la campaña de todo el gobierno para debilitar a MACCIH. Luego de la renuncia del Representante Especial del Secretario General Juan Jiménez Mayor en febrero, la OEA notificó al gobierno hondureño del nombramiento del fiscal brasileño Luis Antonio Marrey Guimarães como vocero de la MACCIH en marzo. Sin embargo, fue hasta esta semana que el Presidente Hernández aprobó este nombramiento. El futuro de MACCIH se vio todavía más nublado en mayo del presente año por el dictamen de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia -  respondiendo a un recurso presentado por el abogado de los diputados acusados en el caso mencionado anteriormente – dictaminando que el acuerdo creador de UFECIC no es constitucional y que dicho dictamen es inapelable.

Dados los ataques judiciales, legislativos y ejecutivos que ha recibido, MACCIH se enfrenta a serios desafíos en este inicio de su tercer año de operaciones. A corto plazo, aunque se haya nombrado a un nuevo vocero y Representante Especial, el Secretario General Almagro parece reticente a permitir que el jefe de misión tenga verdadera autonomía. Aunque EE. UU. y otros países cooperantes han manifestado su apoyo para la misión, también manifiestan su escepticismo sobre la viabilidad de MACCIH, complicando los esfuerzos para seguir adelante y realizar muchas de las contrataciones clave que hacen falta.

  • Lo más importante es que, aun si MACCIH sobrevive a los retos legales y se le devuelven sus facultades para investigar la corrupción dentro del Congreso, su éxito depende crucialmente en el nuevo Fiscal General, ya que el período del Fiscal Chinchilla termina en septiembre. Ahora que el partido gobernante ha mostrado su poder e influencia en las cortes y el Congreso, el Ministerio Público se mantiene como uno de los pocos entes de rendición de cuentas del Poder Ejecutivo – y es una figura central en el éxito de MACCIH y otros esfuerzos anticorrupción. Si EE. UU. y otros donantes creen que Honduras necesita disminuir sus niveles de corrupción y que se le debe dar a la democracia una oportunidad, necesitan incrementar su apoyo diplomático para que se elija a un Fiscal General y que a MACCIH se le dé el espacio para operar.

* Chuck Call enseña Paz Internacional y Resolución de Conflictos en American University,  y dirige un proyecto del Centro de Estudios Latinoamericanos y Latinos que analiza a MACCIH y los esfuerzos anticorrupción en Honduras. Puede encontrar el reporte de ese proyecto, presentado en Tegucigalpa en un evento público el 21 de junio, AQUI.


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