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Solo con independencia judicial se enfrenta lacra de la corrupción, dice relator de ONU en su informe



Solo con independencia judicial se enfrenta lacra de la corrupción, dice relator de ONU en su informe
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - El relator especial de la Organización de las Naciones Unidas (ONU), Diego García-Sayán, dijo este jueves que únicamente con independencia judicial se puede enfrentar la lacra de la corrupción, al tiempo que indicó les preocupa la incidencia del poder políticos en el sistema judicial hondureño, luego de finalizar su visita el país que fue del 16 al 22 de agosto.

- Por delitos de corrupción o comunes no debe haber fueros especiales para altos funcionarios, sugiere la Relatoría.

- Dijo que existe convicción por parte de la Relatoría que el mandato de la MACCIH debe ser renovado para seguir combatiendo la corrupción e impunidad. “Se debe fortalecer y no debilitar el mandato actual”, demandó.

García-Sayán ofreció este jueves una rueda de prensa en Tegucigalpa para informar de sus observaciones preliminares, y anunció presentará un informe exhaustivo con sus conclusiones y recomendaciones al Consejo de Derechos Humanos en Ginebra en junio de 2020.

Citó que la corrupción es un factor que amenaza y golpea la independencia judicial.

“Solo con independencia judicial se puede enfrentar de manera efectiva esta lacra que es la corrupción, más cuando es cometida por altos funcionarios del Estado”, externó.

Ejemplificó que “se encontraron problemas en las investigaciones que ya están en marcha por la forma en que está estructurado el sistema judicial por decisiones que a nuestro juicio son cuestionables que se han traducido en un alto nivel de impunidad o por lo menos de paralización de importantes procesos de investigación que están algunos de ellos en manos de la justicia. Por ejemplo, uno de estos grandes casos que haya sido paralizado porque se dio una norma expresa para que estos casos quedaran referidos al Tribunal de Cuentas, ha hecho que este caso no pueda concretarse y es el caso llamado Red de Diputados”.

Igualmente, indicó que hay otros casos con problemas serios que hacen que el dinamismo que pudiera tener el más alto tribunal de justicia del país en atacar este tema con juicios adecuados y el debido proceso.

A renglón seguido, reconoció que son pasos importantes para Honduras que se hayan creado juzgados especiales contra la corrupción, así como una unidad especializada en la Fiscalía General de la República.

Injerencias políticas en la justicia

El diplomático peruano dijo que a la Relatoría de la ONU le preocupa “algunas injerencias que se dieron desde el poder político en el sistema judicial y particularmente sobre la Corte Suprema de Justicia (CSJ)”.

Agregó que “no es bueno que un órgano político del Estado como el Poder Legislativo se aboque a la misión de evaluar y destituir a los magistrados de la Corte Suprema de Justicia como ha ocurrido en Honduras”.

Apuntó que “no es que sea parte de una operación sistemática, sin embargo el solo hecho que se haya producido una sola vez es una dato que mencionamos no debe repetirse y que las eventuales sanciones que merezca un magistrado o cualquiera que sea su jerarquía tiene que obedecer primero a un debido proceso y en segundo lugar adaptarse a mecanismos apropiados que aseguren que no es el poder político -el Legislativo o el Ejecutivo- quien está haciendo esa operación de evaluación”.

En su informe García-Sayán mencionó que hace tres años se declaró inconstitucional la Ley del Consejo de la Judicatura y de la Carrera Judicial, y durante todo el tiempo posterior el sistema judicial y la CSJ se han guiado por una ley revivida de 1985 que había quedado sin efecto con la norma del fenecido Consejo.

“Eso ha permitido que el sistema judicial y la Corte Suprema concentre un poder administrativo exagerado y que dentro de ella por falta de una regulación clara de las funciones y responsabilidades de cada cual haya un poder también desproporcionado en manos de una persona que es el presidente de la Corte Suprema de Justicia. No estoy cuestionando sus calidades, ni sus condiciones personales, sino que en general en el diseño de una institución compleja”, desglosó el relator.

Sugirió que las funciones deben estar debidamente reguladas por una Ley Orgánica del Poder Judicial y una Ley de la Carrera Judicial técnicamente elaboradas que sean aprobadas luego de un debate amplio en la sociedad hondureña.

Fueros especiales

El personero de la ONU subrayó la necesidad que exista un fuero de protección para altos funcionarios del Estado cuando son sindicados de haber cometido delitos relacionados exclusivamente a sus funciones, no así a delitos de corrupción o comunes.

“Eso se traduce en que procesos graves de corrupción denunciados por el Ministerio Público al implicar en ellos a altos funcionarios del Estado como miembros del Congreso Nacional se derivan a la Corte Suprema de Justicia. Consideramos que esta normatividad está contenida en el Código de Procedimientos Penales conviene ser modificada, de tal manera que si se trata de establecer un fuero especial para altos funcionarios como parlamentarios sea únicamente y exclusivamente para delitos de su propia función política”, puntualizó.


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