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Odiseo VIII lleva 236 detenidos en operación anticrimen



Odiseo VIII lleva 236 detenidos en operación anticrimen
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - A las 6:00 de la mañana de este martes, inició la ejecución por parte del Ministerio Pública y fuerzas del orden, la Operación Odiseo VIII, orientada a combatir delitos de corrupción, crimen organizado y delincuencia común a nivel nacional. Hasta las 11:00 de la mañana se reportaba la captura de 236 personas por diversos delitos.

- En San Pedro Sula, iniciaron los allanamientos en los sectores Rivera Hernández, Satélite y Cofradía, donde se buscan armas, drogas y ejecución de órdenes de captura.

Según el Ministerio Público, este es un nuevo esfuerzo por contrarrestar los flagelos de la corrupción, el crimen organizado y la delincuencia común, para lo cual se están presentado requerimiento fiscales y ejecutan allanamientos, órdenes de captura e inspecciones en todo el país.

En ese sentido, la Fiscalía Especial para el Enjuiciamiento de Funcionarios y Servidores del Sector Justicia (FEEFS-SJ), tras ser admitido proceso de antejuicio y presentar el respectivo requerimiento fiscal, impulsa el proceso penal en contra de la magistrada de la Corte de Apelaciones de lo Civil de San Pedro Sula, Delmy Elizabeth López Paz, por suponerla responsable de los delitos de tráfico de influencias y abuso de autoridad en el sonado caso  Shalom.

En ese caso, ya se logró sentencia condenatoria en contra del exvicepresidente del Consejo de la Judicatura y Carrera Judicial, Teodoro Bonilla Euceda, por tráfico de influencias consumado y la exjueza con jurisdicción nacional, Liz María Ernestina Núñez Cardona, por abuso de autoridad.

Indica el Ministerio Público que de acuerdo con la investigación de FEEFS-SJ y ATIC, la magistrada López Paz, a petición de Teodoro Bonilla, manipuló e influyó directamente para que la jueza Núñez Cardona conociera el expediente Shalom y favoreciera con resoluciones al margen de la ley a dos parientes del exvicepresidente del Consejo de la Judicatura, en un proceso penal incoado en enero de 2014 por la Fiscalía Especial Contra el Crimen Organizado (Fescco) por varios delitos de criminalidad organizada en San Pedro Sula.

En ese entonces, la operadora de justicia se desempañaba como jueza con jurisdicción nacional, siendo objeto de un ascenso posteriormente.

Salud y Educación

Otro de los casos, refiere a la acusación criminal por el delito de enriquecimiento ilícito interpuesta por la Fiscalía Especial para la Transparencia y Combate a la Corrupción Pública (Fetccop), en contra una exservidora pública quien fungió en la Secretaría de Salud como analista técnico en recursos humanos y como asistente de subgerencia de recursos humanos y como directora general de contratos.

Con base a las investigaciones, se establece en un comunicado del MP que la ahora imputada obtuvo incremento patrimonial sin causa y justificación.

Otro caso, en el que trabajaron la Fetccop y la Agencia Técnica de Investigación Criminal (ATIC), es el incoado en contra de tres exfuncionarios de la región departamental de Salud número 18 de Yoro, Yoro (periodo 2011).

Se imputa a una exdirectora, un exadministrador, un exjefe de Almacén, así como el representante legal de una empresa, quienes se habrían coludido para sobrevalorar en un 99 por ciento compras que esa dependencia realizó por concepto de la adquisición de un lote de motocicletas, siendo encausados por los delitos de fraude y falsificación de documentos públicos.

En San Pedro Sula, se presenta una segunda acusación contra una red que se dedicó a falsificar incapacidades del Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS), al menos 20 nuevos implicados son requeridos por la Fetccop.

Además, los fiscales anticorrupción llevan a cabo inspecciones y secuestros de documentos en las secretarías de Educación y Salud, en relación con una serie de denuncias por fraccionamiento de compras, tanto en pupitres como de material médico quirúrgico, al igual que se investigan exacciones ilegales y cobros indebidos en el Centro de Salud de la colonia capitalina Flor de Campo.

Muertes de 27 buzos misquitos

De su lado, la Fiscalía Especial de Etnias y Patrimonio Cultural, en seguimiento a las diligencias investigativas por la muerte de 27 buzos misquitos en la embarcación Capitán Wally, ocurrido el 23 de julio de este año, decomisa documentación relevante en la Dirección General de la Marina Mercante.

En el marco de la Operación Odiseo VIII, además, se efectúan acciones frontales en el combate a estructurales criminales de maras y pandillas, siendo la ciudad de La Ceiba uno de los sectores en los que la Unidad de Operaciones Especiales del Ministerio Público, lleva a cabo más de 11 allanamientos simultáneos, a lo que se suman otros 15 de la Fiscalía Regional del Litoral Atlántico.

Delitos tributarios

Entretanto, en otras regiones como el occidente, norte, Bajo Aguán, Olancho, sur, oriente y centro, se trabaja en labores contra el narcotráfico, delitos contra la vida, bandas dedicadas al robo, extorsión, delitos tributarios, contra la propiedad intelectual e industrial y se ejecutan capturas contra agresores de niños, niñas, adolescentes, mujeres y de otros miembros de grupos vulnerables.

Asimismo, otros aspectos de interés para el Ministerio Público son las jornadas de capacitación, empoderamiento de derechos y toma de denuncias, que se llevarán a cabo por el Módulo de Atención Integral Especializado (MAIE) y Módulo de Recepción de Denuncias (MRD).

La operación que se ejecuta en los 18 departamentos del país, tiene al frente en su coordinación a la Dirección General de Fiscalías, Dirección de Lucha Contra el Narcotráfico (DLCN) y a la ATIC, instancias que cuentan con el acompañamiento de la Policía Nacional Preventiva, Dirección Policial de Investigaciones (DPI), Dirección de Inteligencia Policial (Dipol), Policía Militar del Orden Público (PMOP), Fuerza Nacional Antimaras y Pandillas (FNAMP), Dirección de Vialidad y Transporte, Policía Tigres y autoridades administrativas de diferentes dependencias del Estado.

El Ministerio Público exhortó a la ciudadanía a efecto de denunciar las manifestaciones del delito y propiciar de esta manera una oportuna respuesta de parte de los entes del sistema de justicia penal en beneficio de los intereses de la población en general.


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