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En 2018 la CSJ tendrá otro rostro y la mora judicial desaparecerá: Rolando Argueta



En 2018 la CSJ tendrá otro rostro y la mora judicial desaparecerá: Rolando Argueta
Autor del artículo: Especial Proceso Digital

Tegucigalpa – Las decisiones al margen de la ley que se tomaron a lo interno del fenecido Consejo de la Judicatura, deben ser una lección para que los hechos no se repitan, dijo el presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Rolando Argueta Pérez, al hacer un balance del estado de la justicia en el país.

Tras recordar los informes que detallan las actuaciones ilegitimas en el Consejo de la Judicatura, que trasgredieron al abuso de autoridad y la violación de los deberes de los funcionarios, sin desmedro de otros delitos, el presidente del Poder Judicial dijo que el Ministerio Público trabaja en las investigaciones y que avanza en el caso.

Igualmente, se refirió a los procesos de extradición de hondureños vinculados a criminalidad organizada, narcotráfico y terrorismo, muchos de los cuales buscan abreviar los procesos en los tribunales nacionales para ser trasladados a los Estados Unidos, donde prefieren colaborar y contar sus fechorías.

Argueta dijo que lo importante es aplicar la normativa, tal y como corresponde. Por ello, aunque un extraditable se allane, debe solventar, primero, los procesos en el ámbito hondureño. Asimismo, por mandato de las leyes de este país, debe de rendir cuentas sobre cualquier acto que confiese extra fronteras y que haya cometido en Honduras.

También habló de los avances en la aplicación de la justicia que se procuran desde la actual Corte Suprema. Detalló sobre los nuevos circuitos jurisdiccionales, especialmente la creación de tribunales especiales en temas de corrupción y extorsión; la nueva modalidad en la escogencia de los funcionarios judiciales mediante certificación de proceso en base a ética y profesionalismo y el acceso a la justicia como un propósito fundamental.

Igualmente, el presidente de la Corte Suprema dijo que la opinión de ese poder del Estado en torno a la Ley de Colaboración Eficaz ya fue emitida y está a punto de ser enviada a la Cámara Legislativa y, aunque no fijó fecha, externó que lo mismo ocurrirá con la opinión sobre la reforma penal al artículo 335-B que afecta la libertad de expresión.

Las declaraciones brindadas por el magistrado presidente a Proceso Digital son puestas en la perspectiva de la evolución del Poder Judicial de Honduras, un país donde la justicia ha sido vista como inalcanzable y un privilegio de pocos y como uno de los poderes que mayormente favorece a la impunidad.

Para resaltar ese devenir histórico, vale contextualizar las expresiones de líderes políticos hondureños que al emitir celebres y tristes enunciados como: “la Corte (Poder Judicial) es mía”; “la Constitución se hizo para violarla cuantas veces sea necesario” o “es la simple decisión de un simple juececillo”, marcan y hasta describen la realidad de la justicia hondureña.

Rolando Argueta2

Calidad de la justicia hondureña

La calidad en la impartición de Justicia y la disminución de la mora judicial son dos de los principales desafíos a los que le hace frente la Corte Suprema de Justicia, dijo su presidente Rolando Argueta Pérez.

A partir de 2016, la Comisión Iberoamericana de Calidad para la Justicia es presidida por Honduras y eso le abre un nuevo espacio para bregar en la materia, al igual que haber ingresado como miembro de la Comisión Iberoamericana de Acceso a la Justicia, con énfasis en las 100 reglas de Brasilia, vinculadas a los derechos de los grupos vulnerables, externó.

Según el magistrado presidente, paralelo a la calidad y el acceso a la justicia, uno de los grandes desafíos es menguar la mora judicial que, en el plan nacional para erradicarla, aprobado en noviembre de 2016, registraba un rezago de 186 mil expedientes en diversas materias.

Para junio de 2017 la mora se logró reducir en un 26.3 %   lo que representó una disminución de 46 mil 674 casos.

Meta: Cero mora judicial en diciembre de 2018

La mayor mora judicial se da en materia penal, pero, la sociedad juzga a todo el sistema por lo que se hace o no en los tribunales de sentencia, analizó Rolando Argueta Pérez.

En ese sentido dijo se trabaja en la consolidación de los tribunales de sentencia. La meta es acabar con la mora judicial para el 31 de diciembre de 2018, en todos los tribunales de sentencia, en sus distintas salas, manifestó.

“Nuestra apuesta es que en los expedientes que entren a los tribunales de sentencia del juzgado de letras, como establece la ley, con autos de apertura a juicio, se debatan en juicio oral y púbico dentro de los 30 a 45 días siguientes a la audiencia de proposición de pruebas, como debe ser” enfatizó el presidente Argueta Pérez.

Tribunales en todo el país

Rolando Argueta3Igualmente, resaltó la creación de nuevas entidades jurisdiccionales. Detalló que en el reciente julio se inauguró un juzgado de letras para el norte de Lempira y un tribunal de sentencia en Ocotepeque.

En tanto, este agosto se creó un tribunal de sentencia con competencia nacional, asentado en Tegucigalpa, con dos salas, ocho jueces de sentencia de carrera judicial, acompañados de todo el personal de rigor.

Adelantó que este septiembre se inaugurará una nueva sala de tribunal de sentencia en Comayagua, por la mora judicial que allí existe. Hay alrededor de 191 casos en el tribunal de sentencia actual, pendientes de juicio oral y público, comentó.

Asimismo, indicó que para las próximas semanas se contempla la creación de un nuevo tribunal de sentencia en Nacaome, Valle, y otro en Yoro, donde sería el segundo, ya que en El Progreso se cuenta con un juzgado de ese mismo nivel.

“La meta es que en cada departamento haya por lo menos un tribunal de sentencia” acentuó el titular de la Corte Suprema, a la vez que detalló que a su llegada al Poder Judicial en Honduras existía esta modalidad de juzgados en 12 de los 18 departamentos.

Tras la instalación de tribunales de sentencia en Valle y Ocotepeque, queda pendiente la creación de los mismos en Islas de la Bahía, Gracias a Dios, Intibucá y La Paz, donde ya se trabaja en el proceso, aseguró.

Circuitos anticorrupción y antiextorsión

Para septiembre y el resto de 2017, se prevé la inauguración de tribunales que han sido creados bajo rigurosos parámetros en los que se han involucrado la Misión de Apoyo Contra la Corrupción y la Impunidad en Honduras (MACCIH) y la sociedad civil, a través de la Asociación para una Sociedad Más Justa (ASJ). Igualmente participaron organizaciones gremiales del Poder Judicial y otros operadores de justicia. 

Estos tribunales constituyen nuevos circuitos que deberán responder en temas de gran impacto social como la corrupción y la extorsión.

Los tribunales anticorrupción contemplan un juzgado de letras, uno de sentencias y una corte de apelaciones en Tegucigalpa. En esta instancia, el personal ya tiene certificación para su nombramiento.

Se prevé que en la primera quincena de septiembre también se pondrán en vigencia los juzgados antiextorsión y delitos conexos compuestos por un tribunal de letras, uno de sentencia y una corte de apelaciones en Tegucigalpa.

Juzgados de paz móvil

El titular del Poder Judicial también hizo énfasis en la urgencia de fortalecer programas de acceso a la justicia para llegar a la gente de a pie y a sectores relegados.

Por ello, habló de los llamados juzgados de paz móviles, una especialidad técnica y científicamente equipada de salas de audiencia en la que se instala un juez acuerpado por el personal de rigor para visitar barrios y colonias donde reciben denuncias y quejas.

Amplió detallando que básicamente estos operadores propician la conciliación. Por ahora su radio de acción se da en el sureño departamento de Choluteca; Tegucigalpa, la capital hondureña y en el norte del país, pero se prevé se extenderán a Copán, La Ceiba y a Juticalpa, ya que la Unión Europea les ha colaborado con la donación de tres unidades más.

El más alto funcionario judicial también valoró el programa de facilitadores judiciales que son conciliadores y mediadores voluntarios que hacen su labor en 198 municipios en 12 departamentos del país. Ahondó en el tema diciendo que las decisiones que ellos toman son homologadas por los jueces de paz.

Calidad en las resoluciones

Para Rolando Argueta Pérez, la administración de justicia pasa por la calidad de las resoluciones, una debilidad ancestral que afecta la aplicación de la justicia en Honduras.

Externó que el nombramiento de jueces, magistrados y personal auxiliar ha adolecido de la falta de procesos transparentes y aceptó que por lo menos el 90% de los servidores judiciales han sido nombrados “de dedo”.

Para contrarrestar el viejo mal, hizo un llamado a los hondureños “que cuentan con las calidades éticas y profesionales para que participen en los concursos que permitirán la contratación de los nuevos funcionarios que deberán ingresar al sector justicia”, tal y como ocurrió con los que integraran los circuitos encargados de tratar las temáticas relativas a la corrupción y extorsión.

Consejo de la Judicatura

Al asumir la dirección del Poder Judicial, el presidente Argueta y los magistrados se encontraron con un Consejo de la Judicatura marcado por señalamientos de acciones inapropiadas y reñidas con la ley.

La instancia creada para apartar a los más altos jueces de los asuntos administrativos se tornó en un verdadero foco de corrupción.

“La primera acción que hicimos nosotros en la presidencia (de la CSJ), al llegar el 12 de febrero de 2016, fue nombrar una mesa técnica, presidida por el abogado Gustavo Estrada, con un equipo de técnicos del poder judicial que verificaron muchas de las actuaciones del Consejo de la Judicatura y emitieron tres dictámenes entre febrero y mayo del año pasado. En esos dictámenes se denotaban y eso fue público, algunas irregularidades en los nombramientos de personas, en las destituciones de personas, en el tema de las licencias de personal, en el tema de las sanciones a los jueces y magistrados que llevó a cabo el Consejo; en el tema del otorgamiento de salarios selectivos a la gente que ellos quisieron…” rememoró el presidente Argueta Pérez.

Los expedientes vinculados a los presuntos delitos cometidos por los miembros del Consejo de la Judicatura ya son parte de los trabajos en los que está imbuido el Ministerio Público (MP), órgano que hace diligencias en ese contexto.

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Por ello Argueta Pérez prosiguió indicando que “esos tres informes de la mesa técnica fueron puestos a disposición del Ministerio Público, porque a criterio nuestro se presume la comisión de algunos delitos”.

El presidente de la CSJ valoró “principalmente aquellos que tienen que ver con el abuso de autoridad y violación a los deberes de los funcionarios sin perjuicio de otros delitos que allí se pudieron cometer”.

Para el rector del máximo órgano de la justicia hondureña existe un lado positivo de la mala experiencia que dejó el Consejo de la Judicatura. “¿Cuál es el lado positivo de esto?: que el Estado, el país, la sociedad y el propio poder judicial, no están ni deben darse el lujo nunca más de caer en ese proceso negativo mediante la toma de decisiones al margen de la ley”.

“Nosotros queremos hacer todo lo contrario y privilegiar la carrera judicial”, aseguró el funcionario para agregar la necesidad de “estandarizar la calidad y la transparencia, que cada juez y personal sean respetados en sus derechos y dignificados, porque estamos condicionados por lo que establece la ley y en el marco del respeto a los derechos humanos”.

El presidente Argueta Pérez dijo que luego de entregar los expedientes al MP este ente “ha realizado diligencias y visitas al Poder Judicial, a través de la ATIC, a oficinas administrativas y jurisdiccionales para la verificación de estos temas”.

Indicó que, aunque no conoce los detalles si está informado de que los procesos e investigaciones en torno al caso avanzan.

Sentencias inéditas y el circuito de jurisdicción nacional

El presidente del Poder Judicial dijo que, durante el actual período, los tribunales hondureños han dictado sentencias inéditas relacionadas con los grandes temas que afligen al país tales como corrupción, crimen organizado, extorsión e incluso, delito común.

Valoró el establecimiento de un circuito de jurisdicción nacional constituido por dos jueces de letras en Tegucigalpa que conocen criminalidad organizada; un juez de letras en la capital hondureña para tratar la criminalidad organizada desde el punto de vista de la ley especial de la Policía Militar del orden Público (PMOP); dos salas o tribunales de sentencia con competencia nacional  en Tegucigalpa, un juez de letras con competencia nacional  en San Pedro Sula ; una jueza de letras con competencia nacional en temas de contrabando y defraudación fiscal en Tegucigalpa  y una corte de apelación penal en Tegucigalpa que conoce de todos estos asuntos, así como un juez de letras con sede en Tegucigalpa en materia de privación de dominio.

“Este es el circuito de jurisdicción nacional. Han emitido sentencias ejemplarizantes” reiteró. En materia de corrupción también hay avances sustanciales y para ello incluso se ha reformado la ley especial para dar cabida a otros delitos en diversas tipologías de corrupción.

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Extradición

Igualmente, los procesos relacionados con terrorismo y criminalidad organizada que ameritan extradición de hondureños solicitados se han acentuado en Honduras.

En relación con que hay muchos extraditables que buscan acelerar los procesos para poder rendir cuentas en la justicia estadounidense y eludir así los proceso y la prisión en Honduras, el presidente de la CSJ comentó que eso hace que “nos encontremos con un problema de carácter convencional”.

“Aunque la persona se allane, (no quiera continuar en el proceso y busca que le manden a los EEUU), el convenio contempla expresamente que, si tienen procesos penales pendientes en Honduras o está cumpliendo sentencias condenatorias firmes, debe de resolverse primero el cumplimiento de la sentencia condenatoria firme o el proceso penal que va en marcha en Honduras”.

Luego analizó que “lo que allí pudiese concurrir es una situación de que el Estado a través del Poder Ejecutivo, ratificado por el Legislativo, con los pares del otro país, pudiesen analizar esta problemática y, en definitiva, si lo toman a bien, actualizar el convenio, pero, por ahora hay una norma establecida que es el convenio y el auto acordado”.

Fue concluyente al decir que los extraditables, de acuerdo con la ley vigente, “deben solventar sus problemas legales en Honduras primero”.

Respecto a que muchos capos del narcotráfico y barones del crimen organizado son objeto de condenas relativamente cortas en los Estados Unidos, pese a que en Honduras tienen un rosario de delitos pendientes, incluso algunos de ellos confesos de los hechos durante sus juicios en cortes estadounidense, el presidente del Poder Judicial hondureño dijo que lo importante es revisar lo que “procede de acuerdo con lo convenido. Hay que ver de acuerdo con disposiciones y estamentos legales de Honduras y convenciones internacionales de las que Honduras forma parte”.

“La propia Constitución nuestra y el Código Procesal Penal y el Código Penal, - este último esencial por la figura de la prescripción -, lo lógico sería que una vez que la persona cumpla su condena en un país distinto al nuestro, pueda venir a responder por los delitos cometidos acá, porque no han sido objeto de proceso o de una resolución judicial, de una sentencia condenatoria para el tema de reclusión. Es asunto de combatir la impunidad”.

Luego completó expresando que “nadie está exento de la aplicación de la ley penal y de otras cuando se tienen indicios de que una persona determinada ha incurrido en uno o más delitos. Se trata de evitar la impunidad: corrupción, criminalidad organizada e incluso de delincuencia común” afirmó.

Ley de Colaboración Eficaz y el 335-B

Argueta dijo que ese poder del Estado ya dictaminó sobre la Ley de Colaboración Eficaz, en una solicitud formulada por el Congreso hondureño.

Igualmente indicó que ese poder del Estado despachará los próximos días la opinión solicitada sobre la reforma penal 335-B que vulnera la libertad de expresión.

Ambos temas, aunque no son vinculantes, la opinión de los altos jueces es vital para refrendar las acciones a favor del combate real a la impunidad y en procura del respeto a las libertades.


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