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Caso Pandora: MP pide agregar otro delito a cinco imputados



La audiencia se realiza en la Sala II del Tribunal de Sentencia de la CSJ. La audiencia se realiza en la Sala II del Tribunal de Sentencia de la CSJ.
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa - El Ministerio Público, durante la audiencia inicial de este día, pidió ampliar un delito para cinco imputados en el caso Pandora, incluido el exministro de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG), Jacobo Regalado. 27 de los 28 imputados que han sido habidos por la justicia participan en el debate.

- El exalcalde de Yoro, Arnaldo Urbina Soto, pidió no estar presente en la audiencia y que lo representara su apoderado legal.

Así lo informó el portavoz de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Carlos Silva, quien dijo que la petición de la Fiscalía de adicionar el delito de asociación ilícita incluye a Jacobo Regalado, Norma Keffy Montes Chandías y Laura Aidee Arita Palma, así como a dos imputados más que no han sido capturados.

En su intervención durante la audiencia que se realiza en la Sala II del Tribunal de Sentencia el equipo de fiscales aseguró que las cinco personas cometieron el delito de asociación ilícita por lo que debía agregárseles en las acusaciones.

En el caso del exministro Jacobo Regalado ya tenía acusaciones por lavado de activos, fraude, malversación de caudales públicos y abuso de autoridad.

Las acusaciones para los procesados incluyen delitos como abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras. Ahora se suma la asociación ilícita.

Las 27 personas que comparecen en la audiencia inicial son: Norma Keffy Montes Chandías, Laura Aidee Arita Palma, Félix Francisco Pacheco Reyes, José Adolfo Sierra Morales, Arnaldo Urbina, Carlos Pineda Fasquelle, Wilson Rolando Pineda Díaz, Ramón Antonio Lara Bueso, Redín Lenin Chávez Galindo, Armando Rivera Marroquín, Hernan Seaman Elvir, Arnold Gustavo Castro Hernández, Franklin Erick Toruño Colindres y Eduardo Enrique Lanza Raudales.

Asimismo, los actuales diputados José Celín Discua Elvir, Rodolfo Irías Navas, Elden Vásquez, Elvin Ernesto Santos Ordóñez, Miguel Edgardo Martínez y Lenin Rigoberto Rodas Velásquez (suplente).

Completan la nómina: José Luis Flamenco Mejía, Jossué Francisco Velásquez Sánchez, Ernesto Galeas Martínez, Jacobo Regalado, Jean Francois Marie de Peyrecave Fiallos, Mario Rolando Suazo Morazán y Mario Edgardo Suazo Matute, a los dos últimos la Fiscalía retiró la acusación, pero están presentes en la audiencia.

imputaaaaBajo fuertes medidas de seguridad y cubriéndose los rostros llegaron los imputados.Cabe mencionar que son 38 los acusados en este caso, de los que 27 están presentes en la audiencia de hoy, uno (Arnaldo Urbina, preso en Yoro) es representado por su abogado, otro falleció hace unos días (William Chong Wong) y 9 aún no han sido capturados.

Los prófugos de la justicia son: Fernando Josué Suárez Ramírez, Jaime Antonio Suárez, Jorge Alberto Izaguirre Zamora, Sixto Pineda Hernández, Luis Fernando Urrutia Ramírez, Claudia Yamileth Noriega González, Alba Luz Ramírez Hernández, Dalia Esmeralda Palma Sánchez y Elvin Ernesto Santos Lozano, éste último hospitalizado en Estados Unidos con padecimiento de una enfermedad termina, ha informado su abogado, Raúl Suazo Barillas.

Relación de hechos

Las acusaciones involucran a 38 imputados, entre ellos diputados, funcionarios públicos y personas particulares, por los presuntos delitos de abuso de autoridad, fraude, malversación de fondos, lavado de activos, falsificación y uso de documentos públicos en perjuicio de la administración pública, de la fe pública y la economía del Estado de Honduras.

De acuerdo a lo informado por la MACCIH, el caso comenzó tras la denuncia de Pietro DiBatista, inversionista italiano y ex cónsul honorario en Roatán, que refería sobre la presunta utilización indebida de la fundación D‘Batista en operaciones atípicas y no autorizadas. Luego en 2016 se acumuló a la denuncia la auditoría especial que realizó el Tribunal Superior de Cuentas en la gestión de la Secretaría de Agricultura y Ganadería (SAG).

Siempre en base a lo informado fuentes oficiales, se hallaron indicios suficientes que fondos públicos que estaban destinados a ayudas agropecuarias, agroindustriales y hortícolas a favor de madres jóvenes, y otros que iban a ser destinados a fortalecer políticas agroalimentarias en Olancho, Intibucá y Colón para el mejoramiento de la capacidad para la siembra de granos básicos en las comunidades de Yorito, Victoria, Sulaco, una escuela de campo para los agricultores de Francisco Morazán, La Paz, El Paraíso, Ocotepeque, Valle, Intibucá, Gracias a Dios y Comayagua, habían sido destinados para financiar campañas de tres partidos políticos en 2013 y otros gastos personales.

El monto defraudado fue de 282 millones 116 mil 175 lempiras. Todos estos fondos son públicos que provienen de la SAG, así como de la Secretaría de Finanzas. Para drenar estos recursos se usaron las fundaciones DiBatista y Todos Somos Honduras.

Varios partidos políticos beneficiados

A las referidas fundaciones se les otorgaron los fondos, sin embargo los recursos fueron depositados en cuentas de particulares de candidatos a diputados, a alcaldes y regidores liberales, nacionalistas y del Frente Amplio, según la acusación.

La MACCIH aseguró que parte de los fondos se entregaron el 24 de noviembre del 2013, el día de los comicios generales.

Además, se compraron dos oficinas en el edificio Metrópoli, se pagaron préstamos a un partido político por un valor alrededor de 100 millones de lempiras.

En el requerimiento fiscal se solicitó a la justicia medidas cautelares consistentes en órdenes de captura contra los imputados, así como el aseguramiento de sus bienes.


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