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Fallo contra ley anti-inmigrante sienta precedente en lucha indocumentados



Washington - Un juez federal de Estados Unidos declaró hoy anticonstitucional una ley aprobada en Hazleton (Pensilvania) en 2006 en contra de los extranjeros indocumentados, lo que sienta un precedente en las medidas de los estados contra la inmigración ilegal.
 

En un dictamen de 206 páginas emitido en la localidad de Scranton, el juez James Munley prohibió de forma "permanente" que la ciudad de Hazleton ponga en marcha una ley aprobada en verano del año pasado que sancionaba a quienes dieran empleo o alquilaran viviendas a los inmigrantes indocumentados


El juez emitió la decisión en el caso "Lozano - Hazleton", tras una demanda entablada por la Unión de Libertades Civiles de Estados Unidos (ACLU) en nombre de grupos hispanos, cívicos y empresariales, además de cuatro indocumentados anónimos, para frenar la llamada "Ley de Alivio por la Inmigración Ilegal".

Munley explicó que pese a las modificaciones que realizó la ciudad de Hazleton, la ley viola la Constitución de Estados Unidos, que ampara incluso a los extranjeros.

"El genio de nuestra Constitución es que prevé derechos incluso para aquellos que no causan simpatía entre el público. En ese sentido, todos en esta nación pueden contar con igualdad ante la justicia", dijo Munley.

"En su afán por controlar la presencia de un grupo al que considera indeseable, Hazleton violó los derechos de estas personas y de otras en la comunidad", enfatizó el juez.

Munley también determinó que las leyes federales se anteponen a las medidas locales o estatales y que la ciudad de Hazleton no tiene poderes policiales "para poner en marcha leyes anticonstitucionales".

La decisión del juez, que presidió un juicio de dos semanas sobre el asunto en marzo pasado, representa un balde de agua fría para los grupos conservadores en todo Estados Unidos que, hartos de la "carga pública" que según ellos suponen los indocumentados, exigen mano dura contra ellos.

"Que este dictamen sirva de alto a los políticos locales que piensan copiar una ley fallida y anticonstitucional como la de Hazleton", dijo Witold Walczak, un abogado de ACLU que representó a los demandantes.

Expertos consultados hoy por Efe coincidieron en que, aunque el dictamen no tendrá un efecto directo fuera de la jurisdicción del tribunal de Scranton, sí servirá de modelo para otros casos pendientes en los tribunales.

Además, el dictamen deja claro que la vigilancia de las leyes migratorias es tarea exclusiva del gobierno federal, agregan.

Stephen Yale-Loehr, profesor y experto en asuntos de inmigración de la University Cornell, sirvió de testigo a favor de los demandantes y elogió el dictamen de Munley.

"Esta es una victoria histórica para los inmigrantes, y el dictamen demuestra que la Constitución de Estados Unidos se aplica a todos por igual en este país, incluyendo a los extranjeros", dijo.

Hazleton, una ciudad otrora minera de poco más de 30.000 habitantes en el noreste de Pensilvania, ha registrado un incremento de la población extranjera, legal e ilegal y principalmente latina, desde 2000 y muchos políticos, entre ellos el alcalde Lou Barletta, los culpan de todos los males de la ciudad.

Barletta, conocido por su tozudez, dejó entrever que apelará la decisión de hoy al asegurar a los periodistas que "ambos lados sabían que éste no sería el punto final".

La ley aprobada en Hazleton es una de centenares de medidas presentadas o aprobadas en todo Estados Unidos para responder a la presencia de los indocumentados, a quienes se culpa incluso por el alza en la criminalidad.

Según la Conferencia Nacional de Legislaturas Estatales, al menos 1.169 leyes y resoluciones relacionadas con la inmigración se han presentado tan sólo este año en todos los 50 estados del país.

El Congreso de Estados Unidos, dividido sobre cómo atajar la inmigración ilegal, no ha podido aprobar una reforma migratoria, y no se prevé que lo haga antes de las elecciones de 2008.

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