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CIDH pide que se investigue y sancione a responsables de la violencia postelectoral



CIDH pide que se investigue y sancione a responsables de la violencia postelectoral
Autor del artículo: Proceso Digital

Tegucigalpa – La Comisión Interamericana de derechos Humanos (CIDH) culminó su visita in loco a Honduras, la cual comenzó el 30 de julio y concluyó este viernes, y en su informe preliminar realiza 25 recomendaciones al Estado de Honduras a fin de mejorar las condiciones de los derechos de los grupos minoritarios, así como indígenas y otros.

- La CIDH recomienda derogar el polémico artículo 184 del Código Procesal Penal relacionado con la prisión preventiva.

- El Comisión sugiere a Honduras redoblar esfuerzos ante "impunidad" y "violencia".

La CIDH sostuvo encuentros con funcionarios gubernamentales, representantes de organizaciones de la sociedad civil, activistas defensores de derechos humanos, autoridades de pueblos indígenas, periodistas y sector privado. También logró testimonios de víctimas de derechos humanos, así como “realizó visitas sin restricciones” a diversas regiones, como San Pedro Sula, Tela, Puerto Lempira, el Bajo Aguán, así como a centros de privación de libertad y bases militares.

La Comisión ha seguido la situación de los derechos humanos en Honduras, observando asuntos estructurales en justicia, seguridad, desigualdad y discriminación que “han afectado durante décadas los derechos humanos de sus habitantes”.

La CIDH “reconoce al Estado de Honduras la creación de la Secretaría de Estado en el Despacho de Derechos Humanos” que inició funciones en enero del presente año.

El grupo de trabajo, adscrito a la organización de Estados Americanos (OEA), recomienda que Honduras deba avanzar en su institucionalidad democrática y garantizar la separación auténtica de poderes.

El documento de Observaciones Preliminares de la visita de la CIDH contiene análisis pormenorizado de la situación de grupos especiales de preocupación como mujeres, infantes, adolescentes, personas de la comunidad sexual diversa, privados de libertad y justicia juvenil, pueblos indígenas y afrodescendientes, desplazados internamente, migrantes y retornados, entre otros.

Entre las principales recomendaciones hechas por la Comisión se destacan avanzar en las investigaciones que identifiquen y sanciones a responsables de hechos de violencia y muertes tras las protestas surgidas después de las elecciones.

Asegurar el proceso y acceso a la defensa de las personas detenidas en el contexto postelectoral.

Asimismo, se debe fortalecer las capacidades policiales con el fin de avanzar en el “relevo gradual de las fuerzas armadas en tareas de seguridad pública”.

Igualmente sugieren revisar la legislación que elimine las figuras penales que restringen el ejercicio al derecho a la libertad de expresión y la labor de periodistas”.

Asimismo, se pide al Estado que investigue, juzgue y sancione con perspectiva de género las violaciones a los derechos humanos, en especial feminicidios contra mujeres trans.

También le exigen al gobierno que se garantice las visitas regulares a los internos en el Sistema Penitenciario Nacional.

En cuanto a los pueblos indígenas, se reclama que se tomen medidas para “demarcar, titular y sanear las tierras y territorios reivindicados por los pueblos indígenas”, e iniciar un procedimiento cultural apropiado para hacer efectivo el derecho a la consulta y consentimiento premio, libre e informado”.

Finalmente, otra de las recomendaciones señala: “Adoptar las medidas judiciales, legislativas, administrativas y de otra índole, requeridas para aplicar la prisión preventiva de conformidad con los estándares internacionales en la materia. El Estado debe promover, regular y aplicar medidas alternativas a la prisión preventiva; y debe derogar las disposiciones que ordenan la aplicación obligatoria de la prisión preventiva por el tipo de delito, en particular, el artículo 184 del Código Procesal Penal.


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