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Se reaviva conflicto en el Bajo Aguán y Gobierno ordena militarizar la zona



Tegucigalpa - El Gobierno hondureño ordenó una nueva movilización militar y policial en el Bajo Aguán, donde el conflicto agrario que se vive en la zona desde hace varios años se cobró el lunes la vida de al menos de cuatro campesinos.
 
  • César Ham dice que las tierras en disputa son del Estado.

Según las autoridades, en el enfrentamiento entre campesinos y guardias de seguridad de la finca El Tumbador, son cuatro, no obstante, un comunicado de la empresa Exportadora del Atlántico, dueña de las tierras en disputa leído por TN5, citó que las víctimas eran al menos 10.

“El contingente que va a ir de parte de la Policía Nacional y de las Fuerzas Armadas de apoyo es para poner orden, para salvaguardar la seguridad de las personas y los bienes, y también para un desarme de las personas que anden armadas ilegalmente”, dijo en una rueda de prensa el ministro de Seguridad, Oscar Álvarez.

El contingente irá a la zona este martes y el término de la operación queda abierto, eso dependerá de cómo se desarrollen las acciones en el lugar, donde se están registrando varias acciones como robo de palma africana e invasiones de tierra, agregó.

El funcionario dijo que este nuevo enfrentamiento, ocurrido en la hacienda El Tumbador de Trujillo, Colón, murieron cuatro personas, y no seis como se informó en un primer momento.

Los muertos no fueron identificados por las autoridades, pero fuentes allegadas a los campesinos dijeron que las víctimas son Ignacio Reyes, Teodoro Acosta, Naco Cárcamo y un cuarto que no ha sido identificado.

Además se conoció que los cuerpos no fueron levantados por las autoridades, como mandan las leyes, sino por sus mismos compañeros.

También se dijo que los muertos no forman parte del Movimiento Unificado Campesino del Aguán (MUCA), con el cual el Gobierno de Porfirio Lobo firmó en abril pasado un acuerdo que contenía respuestas a los reclamos de tierras de los labriegos del sector.

En el acuerdo, el Gobierno se comprometía a dotar a los campesinos de al menos 10,000 hectáreas de tierras en la conflictiva región. El impacto financiero de la propuesta es de al menos 1,200 millones de lempiras. Desde entonces, el Gobierno negocia la compra de las tierras al empresario Miguel Facussé, propietario de las tierras en las que ocurrió el enfrentamiento de este lunes.

El ministro de Defensa, Marlon Pascua, dijo que elementos militares estaban desde hoy en el sector resguardando la zona.

Antes de que se firmara ese acuerdo, Lobo ordenó una operación similar con el propósito de “garantizar la paz y la seguridad en la zona”.

El conflicto en el Bajo Aguán ha cobrado la vida de más de 10 personas solo en 2010. La mayoría de los casos están impunes.

El apoderado legal de la empresa mercantil DINAMT, Roger Pineda, dijo anoche a la emisora HRN, que el hecho “se pudo haber prevenido si las autoridades competentes hubieran tomado cartas en el asunto, porque desde hace mucho tiempo nosotros venimos pidiendo la intervención en el área de las autoridades”.

“Lamentablemente hoy ha habido pérdidas de vidas humanas producto de un nuevo intento de la propiedad privada. Nuestros guardias fueron atacados por aproximadamente un grupo de 200 campesinos armados con AK-47, incluso, y dispararon a nuestros guardias que lamentablemente tuvieron que responder el fuego para salvar su propia vida”, relató.

Según Pineda, “este problema del Bajo Aguán, más allá de un problema agrario que no se puede negar que existe tiene un trasfondo político”.

“Lo que ocupamos es que las autoridades tomen cartas en el asunto y procedan a aplicar la ley desalojando a los invasores”, agregó.

Refirió que el acuerdo entre el Gobierno y el MUCA era por 3,000 hectáreas, y que incluso su empresa estuvo en acuerdo en vender 3,000 hectáreas.

“Sin embargo el director del INA (César Ham) los puso en posesión de más de 4,000 hectáreas, y en este caso específico de El Tumbador el director del INA tiene todas las pruebas, nosotros se las fuimos a dejar a él a donde claramente le indicamos y le probamos de quien es la finca El Tumbador”, acusó.

Pero hoy, dijo, uno de los campesinos que llegó al lugar “dijo a nuestras guardias que tenían cinco minutos para desalojar porque el INA les había dicho que les pertenecía”.

Consideró que Ham “tiene un alto grado de responsabilidad en esto, no lo puede negar. El ahora está diciendo que estas 700 hectáreas que supuestamente están en disputa en la finca El Tumbador, sobre las cuales nunca hemos tenido un proceso legal, son de los campesinos”.

“Para eso nosotros en una reunión le pedimos que nos prestara unos minutos de su tiempo y fuimos al despacho de él y no nos atendió, sin embargo se le dio al abogado del INA la documentación legal que prueba la tenencia legal de la tierra por parte de Exportadora del Atlántico”, añadió.

“El (Ham) sabe perfectamente, y nosotros le hemos documentado, que nosotros tenemos propiedad legítima de la tierra, sin embargo él ha engañado a un grupo campesino de la zona diciéndole que esas 700 hectáreas les pertenecen a ellos”, agregó.

Ham tiene en su poder un mapa hecho en 2002 “que remidiendo las tierras que eran del CREM tomaron un lote de 700 hectáreas como si pertenecieran al CREM. Cuando nos dimos cuenta, fuimos, documentamos el caso, se arregló el problema y no hubo más que discutir”.

“Y este año nos invadieron nuevamente esas 700 hectáreas y cuando comenzamos a investigar nos dimos cuenta que el señor Ham ha sacado nuevamente a la luz ese plano equivocado, para lo cual nosotros lo volvimos a documentar. No tiene un asidero político, real, simple y sencillamente está agitando a la gente y por eso le digo que César Ham es responsable en gran parte de lo que pasó el día de hoy (…). Porque en esas tierras ni siquiera hay un litigio, simple y sencillamente César Ham les indica a ellos que son dueños de 700 hectáreas y ellos deciden en base a eso proceder a invadir, eso fue lo que dijo la primera persona que se bajo: les dijo que esas tierras eran de ellos, que el INA les había dicho que eran de ellos”.

Acción criminal debe ser castigada. Las tierras son del Estado: César Ham

El ministro del INA, César Ham, dijo que “esta es una acción criminal que debe ser castigada por el Estado”.

Dijo además que “es absolutamente falso que el señor Miguel Facussé y su corporación CRESSIDA hayan acreditado la propiedad de las tierras de El Tumbador”, las cuales, dijo, pertenecían al CREM y que fueron adquiridas por el Estado al ciudadano Temístocles Ramírez.

Ham dijo que esas tierras le fueron traspasadas al INA por la Procuraduría General de la República el 11 de julio de 1991 para fines de reforma agraria, entonces “el Estado es dueño de esas tierras”.

El funcionario dijo que en su administración procedieron a remedir las tierras. “La remedida dio 5,649 hectáreas para un total de 8,103 manzanas, dentro de las cuales el señor Facussé de manera ilegal y arbitraria ocupó 565 hectáreas”.

“Por lo tanto el INA en atribuciones de sus facultades citó al señor Facussé a través de su apoderado legal en tres oportunidades y en ninguna oportunidad compareció y no presentó ninguna documentación legal de la misma”, dijo.

Posteriormente, contó, se hizo un avalúo de las tierras de la finca El Tumbador que arroja una cantidad de 30 millones de lempiras que son de plantaciones sembradas en los años 2004 y 2005.

Más tarde, dijo, se emitió el dictamen de la asesoría legal del INA que manda a recuperar esas tierras porque son de carácter fiscal, no son de carácter privado.

“Los campesinos no fueron a invadir, más bien el que está invadiendo las tierras es el señor Facussé y la corporación Cressida, no son los campesinos. Los campesinos están recuperando una tierra que es fiscal y es del estado de Honduras”, señaló.

Informó que han emitido la resolución 437-2010 “donde se ordena la recuperación de estas tierras por ser de naturaleza fiscal, porque las tierras no son privadas, son fiscales, son producto de una compra que hizo el estado al señor Temístocles Ramírez y que fueron registradas y traspasadas por la Procuraduría General a nombre del INA y fueron registradas en el IP (Instituto de la Propiedad) en el año de 1991”.

Dijo que “si Facussé está en contra de la resolución, de las investigaciones tiene todo el derecho de apelar y recurrir a los organismos superiores, pero no es asesinando a los campesinos que vamos a resolver los problemas en la zona del Aguán”.

Calificó de “temerario” decir que los campesinos fueron a invadir las tierras por orden del INA, y que él ha dicho a los labriegos “que hay que agotar la vía legal”.

Bajo Aguán, un foco de gente armada

En agosto, el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, recomendóal Gobierno tomar en serio la problemática en el Bajo Aguán, donde, advirtió, “es un foco de gente armada, por ambas partes, que puede llevar al país a la anarquía”.

El defensor de los derechos humanos dijo que “quienes crean que el conflicto del Aguán es un campus universitario más para estar jugando con la paz del país, ponen en peligro a toda Honduras”.

Por su parte, el presidente de la Asociación Nacional de Industriales (ANDI), Adolfo Facussé, denunció días después que alrededor del conflicto agrario en el Bajo Aguán se está conformando un grupo guerrillero, similar al de las Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC).


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