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Estado hondureño estaría a las puertas de una nueva condena de la CIDH, según Custodio



Tegucigalpa - El Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (Conadeh), Ramón Custodio, advirtió que si el caso de los cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), destituidos por el Congreso Nacional, llega a la Corte Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), es un hecho que el Estado hondureño será condenado.
 

*Anunció que el próximo martes a las 10:00 de la mañana, en conferencia de prensa, dará a conocer el resultado del estudio realizado en torno a la destitución de los cuatro magistrados.

*Resaltó ante la CIDH, que previo a su destitución de los magistrados, hubo una reiterada denuncia pública en contra de ellos, asumida por el propio presidente Lobo y otras autoridades.

“Eso se ve en forma anticipada”, presagió el ombudsman hondureño al ser consultado luego del comunicado emitido por la CIDH en la que destaca la importancia del principio de la separación e independencia de poderes como elemento esencial del Estado de derecho.

“Los que conocemos el sistema interamericano, sabemos que le llega una nueva condena al Estado hondureño”, advirtió.

Según Custodio, todo lo actuado por los nuevos magistrados será nulo y viciado porque no debieron integrarse de esa manera.

Cuestionó que si los abogados llamados a integrar el pleno de la CSJ, no tienen criterio jurídico y van por intereses políticos, es natural que acepten cualquier cosa

Conadeh reportó a la CIDH pormenores de los hechos

El Conadeh reportó a la CIDH, que en las primeras horas del 12 de diciembre, el Congreso Nacional decidió por una mayoría de 97 votos de los 128 diputados, la remoción de los magistrados integrantes de la Sala de lo Constitucional, Rosa Linda Cruz Sequeira, José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma y José Francisco Ruiz Gaekel.

En el documento se establece que previo a su destitución, hubo una reiterada denuncia pública -con nombre y apellido- en contra ellos, asumida por el propio presidente de la República, Porfirio Lobo y otras autoridades.

Esa denuncia la formularon contra los magistrados desde que éstos aprobaron declarar la posible inconstitucionalidad de la aplicación de pruebas de confianza, en particular la prueba del polígrafo, como parte de la depuración policial. Denuncia que podría considerarse como una concitación del odio público en contra de su integridad y seguridad de ellos y la de sus familias.

En el reporte remitido a la CIDH, se establece que en la queja atendida por el Conadeh, se registra que algunos de los destituidos fueron objeto de abusos de parte de las autoridades de seguridad.

Además, que los magistrados destituidos resienten de las declaraciones públicas en contra de sus personas por otras autoridades, porque las consideran amenazadoras y les hacen correr riesgos a ellos y a sus familias.

Según el Conadeh, el Estado hondureño se ha obligado a dar seguridad a ciertos altos funcionarios y operadores de justicia, por un período de siete años a partir de la fecha en que cesan en sus cargos, para garantizarles su vida y su integridad física, obligación que no se está cumpliendo en este caso.

Dadas las circunstancias, el ombudsman hondureño solicitó a la Comisión Interamericana de los Derechos Humanos el otorgamiento y aplicación de medidas cautelares para los abogados sustituidos y sus familias.

De igual manera pidió a esa comisión hemisférica, que solicite del Estado hondureño, la venia para una “Visita in loco”, para informarse debidamente sobre lo ocurrido.

Ningún juez debe ser sancionado por impartir justicia

Para el defensor de los derechos humanos, la respuesta de la Comisión Interamericana, con sede en Washington, “es para poner las bardas en remojo”.

“Es una respuesta a lo que ya sabíamos cuando hicimos la petición para que la Comisión Interamericana conociera de este asunto, porque ningún juez ni magistrado puede, en ninguna circunstancia y en ningún país, ser sancionado por impartir justicia”, recalcó Custodio.

Añadió que si así fuera entonces, no habría ningún juez libre o ningún juez permanecería en su cargo porque estaría sujeto a los caprichos de los que aceptan o no aceptan sus sentencias.

Mencionó que el mismo Congreso Nacional debió y está obligado a cumplir la sentencia de la Corte Suprema de Justicia, emitida en mayo del 2003, donde le prohibía seguir reformando los artículos de la Constitución de la República vía interpretación.

No es correcto utilizar grupos de choque

El activista de derechos humanos consideró que tampoco es correcto que grupos de choque rodeen la sede del Poder Judicial.

“A los jueces nadie debe presionarlos, porque la justicia debe ser recta, si hay presiones, la justicia es torcida”, cuestionó.

A su criterio, los que intervienen, los que quieren imponerle al Poder Judicial sentencias para su propia conveniencia, están cometiendo un delito muy grave.

Destacó que es el momento preciso para ponerse de pie y evitar a los que siguen torciendo la justicia para sus propios intereses.

“Es el momento preciso para que nos pongamos de pie y evitemos que los gritones y los ignorantes, los que andan buscando sus propios intereses, tuerzan la justicia en Honduras”, subrayó.

Finalmente, Custodio anunció que este próximo martes, a las 10:00 de la mañana, en conferencia de prensa, dará a conocer el resultado del estudio sobre lo ocurrido el 12 de diciembre luego que 97 diputados del Congreso Nacional sustituyeran a cuatro de los cinco magistrados de la Sala de lo Constitucional de la CSJ.


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