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Más sobre el TPS y la cumbre de Miami



puertaPor: Ricardo Puerta

Tegucigalpa.- El General John Kelly, actual Secretario de Seguridad Nacional prendió las alarmas cuando dijo…..“Los inmigrantes que han vivido y trabajado legalmente en Estados Unidos, debido a desastres que se registraron en sus países hace años, quizá deberían empezar a pensar en volver a casa”.

Y continuó... “el punto no es que el país (del que llegaron) se recuperare completamente de todos sus males, sino que cualquiera que haya sido el evento que provocó que se concediera el TPS, ese suceso ha concluido y ya pueden regresar”. 

Advertencias no es política ni ley de la nación

Lo dicho por Kelly son meras advertencias, probablemente en acuerdo previo con Trump. No equivale siquiera a una política vigente de  la actual Administración en Washington, menos aún una Ley del Estado de la Nación, aprobada por el Legislativo. 

Históricamente Estados Unidos  se ha definido como un país de inmigrantes. Sus leyes favorecen la entrada y permanencia legal de extranjeros por razones demográficas, laborales, ecológicas, políticas, étnicas, culturales, humanitarias,  de derechos humanos y religiosas.

Para que las advertencias se conviertan en Ley  tienen que cumplir, por lo menos, con tres requisitos: 

1) Su espíritu y vigencia no genere demanda alguna por un juez del poder judicial,   de menor o mayor rango. Hasta hoy han sido cuestionadas por jueces norteamericanos de distritos menores, casi todas las órdenes ejecutivas decretadas por Trump en el ámbito migratorio.  

2)  No genere conflicto y división entre los miembros del poder Legislativo, Cámara Alta o Senado y Cámara Baja o de Representantes, al menos dentro de un mismo partido.

3) Cuente con una Ley e institucionalidad pública que funcione y con  el presupuesto necesario, ambos, Ley y presupuesto, habiendo sido previamente aprobados por las dos cámaras del poder Legislativo y ratificado por el  Presidente del Ejecutivo. 

Estos tres requisitos  no se han cumplido. Estados Unidos es un Estado de Derecho, con institucionalidad que funciona,  donde impera el cumplimiento de la Ley,  el respeto a  la división y el chequeo y balance entre los tres poderes del Estado –Ejecutivo, Judicial y Legislativo. 

El gobierno de los Estados Unidos NO es un régimen presidencialista. NO se rige por decretos ejecutivos. Y por lo visto, NO es un régimen consistente con la experiencia de mando, estilo gerencial y personalidad del magnate Donald Trump. 

La mayoría republicana del Congreso no favorece siempre a Trump.

El poder legislativo de Estados Unidos está hoy mayormente controlado por miembros electos del Partido Republicano-- Cámara Alta  y la Baja. Se sabe que el candidato Trump fue electo a la Casa Blanca,  sin haber recibido el decisivo apoyo económico del Partido Republicano. Fue elegido presidente  sin haber ganado el voto directo y mayoritario del electorado norteamericano, que lo ganó su oponente, Hillary Clinton; sino por el sistema único de elección indirecta, conocido como Colegio Electoral, que tiene 229 años de historia, “complejo y  arcaico”, según Mario Argüeta, ensayista e historiador hondureño. 

La maquinaria partidista Republicana, al igual que la Demócrata,  ha dado el apoyo a  los candidatos de su partido que han sido electos presidentes, excepto a Trump. La “no dependencia” tiende a fomentar “deslealtades” y “conflictos” entre el Partido, el Legislativo y el Ejecutivo.

Sabemos que Trump, como máximo jefe de la nación más rica y poderosa del mundo, ha sido identificado como “el más ignorante, arrogante y prejuicioso de los políticos que conocemos”, según  un reconocido periodista guatemalteco.

Palabras más prudentes las dijo  Marlon Tábora, el actual Embajador de Honduras en Washington, al referirse al TPS: “Ëste, (el TPS)  es un proceso que toma tiempo… creo que el problema es que en nuestro país se ha especulado demasiado. No sabríamos (explicar) en qué consiste la especulación aludida, cuando son advertencias que salen de la propia autoridad estadounidense”.

Lo que nos lleva a otra pregunta: De lo dicho por Kelly, ¿que pudiera ser objeto de especulación? El Embajador Tábora responde, “tratando de calmar los afectados”…“ampliar este programa temporal es una decisión soberana de Estados Unidos, pero los compatriotas pueden tener la seguridad de que la Presidencia de Honduras está haciendo todo lo que sea necesario, a nivel político y técnico, para que el TPS pueda continuar.” 

El riesgo de Honduras y cómo reducirlo

Todavía hay un riesgo pendiente, ¿qué  debe hacer la Presidencia de Honduras, si los participantes  de la Cumbre de Presidentes regresan al país convencidos,  o con sobradas dudas, que a los 57 mil connacionales,  protegidos por el TPS, NO se les concederá la décimo cuarta renovación de su vigente TPS,  por  18 meses más? 

Los asistentes a la Cumbre de Miami –funcionarios del gobierno, sector privado, entidades y representantes de la sociedad civil,  de otros sectores gubernamentales –incluidos miembros de las fuerzas armadas, policiales y de inteligencia, además de los líderes de la diáspora hondureña en Estados Unidos, y de los organismos regionales e internacionales--- al regresar, deben  informar a sus respectivas bases-- y sobre todo a la opinión pública  hondureña, lo discutido, lo logrado y no logrado en Miami. Este proceso de  información, discusión y de amplia por parte del Gobierno, será la base para elaborar el documento sobre el TPS que la Presidencia de Honduras le presentará en Washington a la actual Administración  estadounidense  en julio próximo.

Vacíos en el lanzamiento del PAP

El Plan de Alianza para la Prosperidad (PAP) fue lanzado por los gobiernos centroamericanos, junto a Estados Unidos, con el fin de promover la prosperidad, la seguridad y evitar la migración masiva hacia suelo norteamericano, entre sus objetivos. Sus actividades –programas y proyectos-- dejan intacto el actual sistema de migración irregular que caracteriza a Honduras. Me refiero a la ruta por tierra con destino a Estados Unidos, sin papeles, que está alimentada y dominada por coyotes, en colusión con grupos ilícitos y delincuentes comunes, altamente violadores de los derechos humanos. Atrae a por lo menos ocho de cada diez emigrados que se van de Honduras hacia el extranjero.

El PAP se realiza bajo una responsabilidad compartida y diferenciada, de una parte los Estados Unidos, y de la otra, Honduras. Cada país enfrenta un particular desafío en su ejecución --con causas y propósitos propios, más  ciertos logros regionales, comunes a los tres países del Triángulo Norte, sus principales beneficiados. 

Según los objetivos del PAP, cada país tiene que desarrollar el capital humano y dinamizar el sector productivo. Sin embargo, pudiendo utilizar para el  desarrollo del país, no utiliza la migración transnacional como elemento estratégico. En el caso de Honduras, la ignora. Habría que tener en cuenta a los candidatos a migrantes que están dispuestos en Honduras a irse a Estados, temporalmente, por menos de 12 meses al año, y repetir la experiencia en varios años. Es decir, fomentar la migración temporal y circular del recurso humano nacional, calificado y no calificado. 

El capital humano que genera la migración temporal y circular, debe estar vinculado, desde un inicio, con el crecimiento del sector productivo, y en particular, con el fortalecimiento de una o varias empresas locales, aumentando su producción y ventas, mediante la creación de nuevos y competitivos puestos de trabajo.  

Para lograr lo anterior, habría que sustituir el actual sistema migratorio por un ente privado, no lucrativo,  de interés social y con el reconocimiento del apoyo del gobierno. Creado y  operado por el  sector privado hondureño, que fomente la migración de los hondureños de manera planificada, segura, legal y ordenada, con efectos de co-desarrollo empresarial –macro y micro, nacional,  sectorial y local--  tanto en el país de origen, como de destino.

La no renovación del TPS contradice lo que quiere obtenerse en Honduras con el PAP. Al cancelar el TPS, aumentarán las deportaciones anules, en más de 40 mil  en el primer año , contando solo a los tepesianos que forzadamente tengan que regresar a Honduras. A ese total, habría que sumarle de dos a tres parientes, todos miembros del mismo núcleo familiar del tepesiano. Estaríamos entonces hablando de cientos de miles. 

El rompimiento de la unidad familiar del tepesiano conlleva enfrentarse con  la alternativa de separarse los hijos nacidos en Estados Unidos, legalmente ciudadanos de ese país por nacimiento. Al regresar probablemente tendrán que dejar atrás a los hijos que han nacido, crecido y educado en los Estados Unidos. 

Dos ausentes en la Cumbre de Miami

En la Cumbre de Presidentes celebrada el 15 y 16 de junio pasados,  hubo dos grandes ausentes: los ex Presidentes Carlos Flores y  Ricardo Maduro.  El primero porque durante su mandato (1998-2002) se aprobó por primera vez el TPS, y debe conocer bien los procesos y  resultados que formaron parte de las negociaciones realizadas, públicas, privadas y también las secretas.

El Diario La Tribuna el pasado 15 de junio publicó un editorial titulado “Si, temporal, mientras aprobaban la reforma”.  Este título sugiere que cuando se aprobó por primera vez para los hondureños el TPS,  existían en los Estados Unidos intentos de reforma migratoria, no integral, que continuarían beneficiando a numerosos segmentos de inmigrantes indocumentados. Abriendo la esperanza, que de pronto  iba a cuajar un consenso, en Washington  y a nivel nacional, propicio  para elaborar una propuesta de Ley bipartidista, en pro de una reforma migratoria integral, en el poder legislativo norteamericano. Lo cual se llegó a concretar años más tarde, en el 2013. A pesar que varios Presidentes y políticos norteamericanos, habían calificado de  “obsoleto”, más de una vez, al sistema migratorio vigente, desde los años 50 del siglo pasado. Es sabido que el Ing. Flores es el  propietario de La Tribuna y principal responsable de su línea editorial.

El caso del ex Presidente  Ricardo Maduro lo cito como gran ausente por otras razones. Durante su mandato (2002-2006)  en vez de seguir renovando el TPS por un periodo de 12 meses, como se hizo en las tres primeras solicitudes,  la renovación fue otorgada por un período mayor, 18 meses. Por lo tanto,  Maduro conoce -- o tiene la información-- de cómo éso fue posible. Experiencia que al presente tiene un valor estratégico.

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