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De las 10 lecciones del TPS: la sexta y la séptima



puertaPor: Ricardo Puerta

En  tres entregas anteriores,  en esta misma columna de proceso.hn, publiqué las cinco primeras lecciones del TPS, que en conjunto respondían a dos bloques temáticos.

En el  primero,  la decisión, actores, consulta y perfil socio-económico de los beneficiados. Y en el  segundo: Lo que confirma y deja por fuera en EE:UU. y en Honduras,  la decisión hecha por la Sra. Elaine Duke, Secretaria Interina del Ministerio o Departamento de Seguridad Nacional/DHS por sus siglas en inglés.

En esta entrega cubrimos las dos próximas Lecciones, Sexta y Sétima. Ambas responden al Bloque Temático III: Ninguno de los dos países está  preparado para las deportaciones.  Sigue el texto de cada Lección.

Lección Sexta: Los Estados Unidos no está preparado para deportar a los Tepesianos hondureños y sus  acompañantes.

Condición migratoria de la diáspora hondureña en EE.UU.

La diáspora o comunidad de origen hondureño asentada en Estados Unidos, se estima hoy en 1.1 millones de habitantes, de los cuales 853, 016 han nacido  en Honduras y el resto, unos 300 mil,  han nacido en Estados Unidos.

Los inmigrantes nacidos en Honduras presentan las siguientes condiciones migratorias:

  • 56,790 son Tepesianos.
  • De los Tepesianos hondureños,  nacieron 53,500 descendientes en Estados Unidos,  y por ende,  son ciudadanos norteamericanos, que si tienen 21 años de edad o más, pueden respaldar a sus progenitores para conseguir residencia permanente.
  • Se han naturalizado unos 150 mil y 230 mil tienen residencia norteamericana permanente, o son portadores  del Carnet de Residente Extranjero o Green Card. 
  • Unos 31 mil emigraron a Estados Unidos por tierra, sin la debida documentación, a través de  coyote, cuando tenían 12 años de edad o menos,  y  con anuencia  y apoyo sentimental y económico  de sus padres;
  • De los 31 mil anteriores, 18,000 se encuentran hoy amparados en EE.UU. por el Programa DACA, también conocido por Dreamers o Soñadores.
  • Unos 30,000 nacidos en Honduras están en EE.UU. en calidad de refugiados, asilados, no-inmigrantes legales o poseen visas de estudiante, trabajo y otras visas temporales; y finalmente.
  • Hay un número desconocido, hijos de inmigrantes hondureños indocumentados, que se encuentran activos en las fuerzas armadas de Estados Unidos, condición que da ciertas ventajas para normalizar la condición migratoria de sus padres.
  • Unos 350,000 de los nacidos en Honduras vive,  y  en su mayoría se mantiene trabajando en Estados Unidos, sin la debida documentación.

La diáspora hondureña en Estados Unidos era  ya --en el 2015--  la quinta en magnitud entre los 60 millones de inmigrantes de origen hispano que en total se encuentran hoy viviendo en EE.UU. Entre los inmigrantes latinos a EE.UU. la diáspora hondureña esta al presente superada en volumen solo por los migrantes procedentes México, Cuba, El Salvador y  Guatemala. En la lista anterior no aparecen  los puertorriqueños, porque siendo latinos en  Estados Unidos, no son inmigrantes, ya que desde el año 1917 tienen por Ley la ciudadanía norteamericana,  desde que nacen en la Isla o en territorio continental de EE.UU.

Estados Unidos crea más puestos de trabajo que los que puede llenar con la población que esta en su territorio

En una entrega anterior dimos datos sobre la necesidad que tiene EE.UU. de aumentar anualmente el número de sus inmigrantes --legales  (con la debida documentación) e ilegales o irregulares (sin la debida documentación). Ello sucede no solo para satisfacer la permanente oferta deficitaria laboral que reina en relación a la demanda, sino también para mantener saludable y solvente a la población hoy económicamente activa, con más demandas cuando se retire.

El déficit de oferta laboral existe actualmente en las posiciones de entrada del mercado de trabajo, en su gran mayoría en el nivel no calificado  --como sería la insuficiencia de trabajadores existentes para levantar cosechas en los Estados con gran actividad agrícola-- sino también, como viene sucediendo desde hace años,   en los niveles y técnicos y profesionales, como es el caso del personal sanitario calificado. El  40 por ciento de todo el crecimiento laboral estadounidense en los próximos 10 años será en el campo de la salud. Según el Departamento de Trabajo estadounidense, solo en el campo de la Salud Pública las proyecciones indican que se generarán más de 700 mil empleos en la próxima década. En los próximos 20 años podría crearse una escasez de enfermeros de alrededor de un 20 por ciento por debajo del nivel necesario. Algo parecido sucede con los médicos. Hoy de cada 4 médicos activos en su profesión, uno ha sido entrenado o proviene de un país extranjero. 

Estados Unidos no está listo para deportar a los Tepesianos de origen hondureño y sus acompañantes

Estados Unidos NO esta preparado para deportar a los 56,790 Tepesianos de origen hondureño. Menos  aún  si  a ellos se suman los familiares que los acompañan, que bien pueden ser de 2 a 4 personas más por hogar, entre 2 ó 3 de ellas tienen en promedio de cero a 18 años de edad. Ello sumaría un total estimado de unos 200 mil “deportables”.

Para trasladar ese volumen de gente a Honduras por vía aérea, se necesitarían casi 3 años, haciendo 3 vuelos por semana, de lunes a viernes –los sábados y domingos son más caros-- con un promedio de  125  Tepesianos deportados,  sin familiares acompañantes.  Si entre los deportados, estuvieran también incluidos en el vuelo los familiares y otros allegados que viven en su hogar,  se necesitarían entonces un mínimo de 10 años.

Cualesquiera de esos vuelos  a Honduras,  habría que destinarlos al nuevo Aeropuerto Internacional de Comayagua, aún en construcción. Ya que el Internacional de San Pedro Sula esta ya copado. El Centro de Atención al Migrante Irregular/CAMI en San Pedro Sula recibe al presente en promedio 4 vuelos semanales procedentes de EE.UU, todos con hondureños indocumentados deportados.

El Aeropuerto  Internacional de Tegucigalpa, desde agosto del año 2012, no recibe vuelos de deportados,  debido a que su corta de pista de aterrizaje no cumple con los requisitos mínimos de aeropuertos internacionales.  

Crisis de menores del 2014 y sus consecuencias

La llamada crisis de los menores no acompañados en el 2014, ocurrida durante  la administración del Presidente Obama, le agregó a la diáspora hondureña de Estados Unidos unos 68 mil menores de edad, nacidos en Honduras, que emigraron mayormente por razones de reunificación familiar.  Este nuevo contingente de menores indocumentados fue llevado desde Honduras a EE.UU por coyotes,  en forma irregular o indocumentada, y por tierra. Hasta  la frontera de EUA con México estuvieron acompañados por un adulto, también emigrado indocumentado,  que se lo asignó el mismo el coyote, y que por aceptarlo, le hacía un descuento al costo total de la travesía,  si el adulto hubiera viajado solo.

La crisis de menores del 2014, unida a la solicitud y negociaciones formales de los presidentes de los países del Triángulo Norte de Centroamericana –Guatemala, El Salvador y Honduras—encabezada por el Ejecutivo de Honduras-- fue uno de los referentes principales para que Estados Unidos decidiera  lanzar el 12 de julio del 2015, el Plan de la Alianza para la Prosperidad/PAPP, diseñado como solución a los múltiples problemas estructurales de los tres países del Triángulo Norte Centroamericano, en cuyo listado se destaca el desempleo y subempleo, inseguridad,  violencia y la desintegración familiar—condiciones que en acción sinérgica, siguen provocando más migración irregular hacia EUA.

Según el Diario Chicago Tribune de Estados Unidos,  “la crisis de los menores”,  supuestamente  no acompañados,  consiguió que el Congreso republicano y el gobierno de Obama  aportaran más de mil millones de dólares y se comprometieran por cinco años –a partir del 2015--  a brindar asistencia diplomática y financiera de los EE. UU., como parte de la Alianza para la Prosperidad en la región.

El presidente Donald Trump ha continuado con este apoyo, incluido en su presupuesto al Congreso, con  más de $ 600 millones anuales, destinados a la región. Y dijo: “pero este compromiso requiere de líderes que estén dispuestos y sean capaces de hacer cambios en sus países, porque solo nuestro dinero no  puede ir tan lejos”. Y en tal aspecto, el actual Presidente de Honduras, Juan Orlando Hernández,  parece ser, hasta las elecciones del pasado noviembre,  el más dispuesto para asumir en su país y en la región el  papel “reformista”, condición   que Estados Unidos exige a los tres presidentes de las naciones centroamericanas del Triángulo Norte.

El PAPP se inició con 4 componentes: 1) Desarrollar el capital humano; 2) Mejorar la seguridad ciudadana y el acceso a la justicia;3) Dinamizar el sector productivo; y 4) Fortalecer las instituciones. Posteriormente se le agregaron dos componentes más de apoyo: vivienda y agroindustria. El Banco Interamericano de Desarrollo/BID se unió después a este esfuerzo en calidad de secretaría técnica para desarrollar la propuesta centroamericana.

A partir de febrero del 2016, el Gobierno de Honduras le sumó al PAPP un programa nacional de desarrollo económico, conocido por “Honduras 20/20”, que “marca la ruta del país a corto, mediano y largo plazo”. El plan 20/20 considera lograr en cinco años la generación masiva de 600 mil empleos e inversiones por 13,000 millones de dólares, distribuidos en cuatro sectores que son el principal motor de la economía: turismo, textil, manufactura y servicios de apoyo a negocios. Además, visualiza un crecimiento en las exportaciones por más de 9,300 millones de dólares.

Honduras 20/20 se desarrollará con el acompañamiento de la empresa privada y de la firma consultora internacional McKinsey, a través de una Unidad Transformadora que tendrá amplias facultades para desarrollar las inversiones que se requieren en este visionario plan hacia el año 2020, señala un comunicado de prensa”.  (Diario “La Prensa”  de Honduras, 29 de febrero, 2016).

El 27 de enero del 2017, Estados Unidos realizó el primer desembolso del PAPP para los tres países,  el 25% del total aprobado  (673.5 millones de dólares), es decir, unos 125 millones de dólares. En agosto del 2017, la sub secretaria de Finanzas, Rocío Tábora, presentó un esbozo del plan de inversión del gobierno en programas del Plan Alianza, por el orden de los 945 millones de dólares, para el año 2017, como contraparte a la cooperación que brinda la USAID, por 125 millones de dólares.

Lección Séptima: Honduras tampoco está  preparada  para insertar a los deportados en sus comunidades de origen, con atención a su desarrollo en lo físico, espiritual, psicológico,  ocupacional-económico y social (educativo, sanitario y recreativo).

Significados de las mejoras logradas en Honduras por el Gobierno Nacional

Mientras los 3 objetivos que inspiraron la decisión hecha por la Sra.  Duke sobre el TPS de los hondureños no se logren, como parte de la prórroga hasta el 5 de julio, 2018 --o después, si hubiera otra extensión--  sería oportuno que durante ese lapso el Gobierno de Honduras se acercara más al de Estados Unidos  para mejorar las condiciones internas de Honduras y la capacidad de gestión del Gobierno hondureño en reducir, al menos,  las condiciones de inseguridad y socio-económicas negativas, que en 1998 y 1999 provocaron que los hoy Tepesianos hondureños en EE.UU. , emigraran desde Honduras.

Al promover medidas de mejoramiento, Estados Unidos  reconoce –de manera implícita-- que Honduras, hasta el presente, no está preparada para insertar en forma efectiva  a los Tepesianos en su comunidad de origen, si retornan al país en forma masiva. El retorno sería aún más desafiante, si entre los regresados también se sumaran los parientes más allegados, quienes hoy conviven con ellos en Estados Unidos. Cada Tepesiano que sea deportado a Honduras, probablemente vendría entonces acompañado de familiares: cónyuges, hijos, abuelos y tíos de la niñez migrante, más otros parientes cercanos de sangre, de familia extensa o de crianza.

El Gobierno del Presidente Trump, de intenciones y retórica  anti-inmigrante,  podría usar las mejoras reportadas oficialmente sobre Honduras, por la administración del Presidente Hernández, para demostrar que las condiciones que justificaron la designación inicial del TPS para este país en 1999, ya no existen o  han sido superadas.

Efectos si regresan los Tepesianos a Honduras en la era de Trump

La  deportación masiva de Tepesianos hondureños, en el lado positivo, traería de vuelta a Honduras “capital fresco y patrimonio” que éstos hayan acumulado en el extranjero. Parte del mismo proviene de los casi 10 mil  hondureños Tepesianos que estan comprando la casa donde viven por un plan hipotecario  y  de los poco más de 10 mil que son dueños y operan un  negocio propio.  De los inmigrantes hondureños asalariados hoy en EE.UU., un buen segmento ha aprendido una ocupación,  con mercado y cultura empresarial de país desarrollado,   con cierto nivel tecnológico,  que Honduras no tiene y que  fuera  ventajoso para establecerlo aquí, si fueran deportados.

Un Tepesiano hondureño enfrenta un dilema singular cuando  regresa deportado a Honduras teniendo conocimientos y destrezas ocupacionales de Estados Unidos. Del lado negativo,  podría verse desfasado por la incompatibilidad que tiene su actual ocupación,  con el estilo de trabajo, cultura empresarial y nivel tecnológico que predomina en Honduras. Del lado positivo,  podría insertarse con más comodidad en una empresa que aquí tenga un estilo de gestión norteamericano. Condición que tendría  mayor potencial en el sector  maquilador de Honduras, con insumos y mercados del exterior. También eso estaría a su favor si se coloca en empresas que proveen servicios y productos urbanos, de tipo moderno,  orientados a la emergente clase media hondureña y  a sectores poblacionales de mayores ingresos.

Además, lo primero que hizo Trump al llegar a la Presidencia fue poner en marcha  redadas internas en Estados Unidos contra los inmigrantes indocumentados. Apresando, indistintamente,  a los que tienen  y no tienen antecedentes penales. Aunque en los partes mediáticos oficiales de cada redada, siguiendo la línea de la Administración de Trump, con frecuencia se destacan más los indocumentados que tienen antecedentes penales, mientras más viciosos, mejor. El propósito era, y sigue siendo, equiparar al inmigrante indocumentado en Estados Unidos,  con un delincuente o criminal común, de la peor calaña.

Los ataques e insultos los empezó Trump en  su campaña presidencial, contra los mexicanos, llamándolos "violadores”, “criminales” y  “narcotraficantes” porque  "traen drogas” a Estados Unidos. Apenas anunció su postulación, empezó a decir, como consigna electoral,  que  el “muro” lo pagaría el país vecino. En los debates públicos reiteró que los inmigrantes indocumentados tienden a contratarse laboralmente por debajo del pago y condiciones que exige la Ley, dañando con ello la economía nacional.  Viene repitiendo que los inmigrantes le quitan empleos a los norteamericanos nativos y que le bajan competitividad a la economía. Causando con ello que  los puestos de trabajo de mayor paga continua se vayan al extranjero, desinflando los niveles salariales y las normas de contratación laboral y erosionando el valor paritario del dólar estadounidense en en el mercado mundial de monedas dura. Al extremo,  que “para combatir estos males” Trump amenazó –hasta ahora sin suerte--  con ponerle “un impuesto de exportación”  a las remesas que los inmigrantes asalariados  de Estados Unidos  envían con regularidad a sus parientes del país de origen.  

El director de Human Rights Watch/HRW, Kenneth Roth, responsabilizó a Trump de haber promovido la intolerancia durante su primer año de gestión. Dijo: "Ha roto todos los tabúes contra el racismo, la misoginia, la xenofobia”, lo que a su juicio,  “anima a gobiernos represivos de todo el planeta”.

Y los hechos,  que de verdad importan van en otra dirección. Desde el atentado a los Torres Gemelas,  World Trade Center de Nueva York,  11 de septiembre del 2001 hasta el presente, ninguno de los actos terroristas ocurridos en Estados Unidos, tiene --como agente principal, cómplice, colaborador o sospechoso--  a un inmigrante indocumentado que haya entrado a Estados Unidos, por las fronteras terrestres con México y que haya nacido en Centro o Suramérica.

Entre el 12 de septiembre de 2001 y el 31 de diciembre de 2015, el investigador del Instituto Cato (de tendencia Libertaria) Alex Nowrasteh contabilizó 24 asesinatos en casos de terrorismo cometidos por extranjeros, en comparación con 80 asesinatos, durante el mismo período, en casos de terrorismo,  cometidos por ciudadanos que nacieron en Estados Unidos. Ninguno de los 24 asesinatos cometidos por extranjeros durante los ultimos 15  años lo hicieron ciudadanos nacidos en Irak, Irán, Yemen, Libia, Sudán, Somalia o Siria, de los cuales se prohibió la migración. Tampoco aparecen, ni siquiera implicados,  inmigrantes de Estados Unidos de una nación del Centro o Suramericana.

Por lo tanto, cuando Trump relaciona las fronteras terrestres de Estados Unidos y México con  actos de terrorismo que han ocurrido en territorio norteamericano durante las últimas dos décadas, carece de sustento histórico  y de dato que lo compruebe, si culpa a los inmigrantes de origen latinoamericano que se han internado en EE.UU. atravesando esas  fronteras  sin la debida documentación.

Los pronósticos hechos para los Tepesianos que regresen a Honduras, si fueran deportados en la era de Trump, no son nada optimistas. Unas 60 mil familias hondureñas volverían a la pobreza, ya que éstas dejarían de recibir de sus parientes Tepesianos deportados unos 200 millones de dólares anuales en remesas, que usan para sobrevivir.  Según  datos  oficiales,   el  93% del total de las remesas recibidas en Honduras se gasta en consumo,  y muy poco se destina a inversiones o a bienes de capital. Ello sucede  en un contexto nacional donde el 64 por ciento de los 8.6 millones de hondureños vive con menos de un dólar al día.

Otras predicciones sostienen que al llegar los deportados del TPS a Honduras, se elevarían también los índices de desocupación y subempleo, de los Ninis –adolescentes que ni estudian, ni trabajan--   y aumentaría la delincuencia, sobre todo en los jóvenes hondureños,  que son los más propensos a emigrar a otro país en busca empleo, de la reunificación familiar y también por razones de amenaza o de inseguridad física.

El mercado laboral en Honduras es tan débil ante la demanda anual de empleo, que al presente ni siquiera genera  el número suficiente de puestos  que se necesitan para compensar, al menos,  el crecimiento vegetativo anual de la población económicamente activa. Para ello, cada año el país necesitaría crear unos 120 mil nuevos empleos fijos. Los puestos creados no pasan de 80 mil anuales, sin que todos sean de buena paga,  de jornada completa de ocho horas por día y permanentes.

Si además de lo anterior, la clase dirigente hondureña -- política, empresarial y  religiosa--   quisiera resolver el atraso económico que hemos heredado hasta hoy – por  inequidad, pobreza, indigencia, impunidad, corrupción, subempleo, debilidad institucional y tecnológica--  necesitaríamos mantener como mínimo una tasa crecimiento económico al menos del 6% anual,  por un período continuo de 10 años  y no del 4.2% anual, y errático, que ahora tenemos.

Y para aquellos que se encuentran ocupados,  en condiciones de subempleo --u otra forma de desempleo abierto en Honduras—también serán afectados. Aumentará la tasa nacional de subempleo que hoy anda por el 50 por ciento en la Población Económicamente Activa (PEA),  sin haber llegado todavía ningun Tepesiano deportado.

Además, quienes viven de un salario mínimo, y tienen están  empleados en forma permanente, si  ganan el salario mínimo legal, tampoco eso les alcanza para vivir. Con los ingresos que perciben, ni siquiera  cubren los costos que resultan para comprar  los productos incluidos en la  canasta básica familiar. 

La actual crisis política derivada de los estrechos y cuestionados resultados de la última elección general  en Honduras, en noviembre pasado, ha profundizado aún  más la polarización política y social reinante en el país. Se manifiesta en las  repetidas manifestaciones y toma de calles que realiza la oposición, en los actos violentos que dañan la propiedad pública y privada, en la militarización del ambiente y en los abusos y violaciones de derechos humanos cometidos desde ambos bandos. En consecuencia, se han contraído los negocios, y  en general, la actividad económica del país. Indicadores inmediatos:   caída del turismo, disminución de las exportaciones e inversiones –nacionales y extranjeras,  aumento del desempleo, subempleo y la inseguridad ciudadana --y  por lo tanto,  más salidas de emigrados hondureños transnacionales, con preferencia – 80% del total-- hacia los Estados Unidos.

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