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Crisis electoral y su impacto sobre los derechos humanos y la democracia en Honduras



rhcPor: Roberto Herrera Cáceres

Como Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, en mi función de servicio debo realizar, frente al Poder Público, un control independiente en cuanto al funcionamiento del Estado democrático de Derecho, para defender y proteger los derechos humanos de los habitantes y para promover una cultura de legalidad democrática, en Honduras.

La democracia se funda en la primacía de la ley y el ejercicio de los derechos humanos. En  un Estado democrático, nadie está por encima de la ley y todos somos iguales ante ella. La celebración de elecciones, que posibiliten la expresión libre de la voluntad del pueblo, es elemento clave en el funcionamiento del Estado democrático, porque garantiza la competencia política electoral, el pluralismo ideológico y el respeto igual al voto de cada ciudadano y ciudadana, así como de la voluntad soberana de la mayoría con respeto al de la minoría, tal como lo expresa la Declaración Universal sobre la Democracia

En la actual crisis electoral y sus consecuencias negativas que el pueblo hondureño, en su conjunto, sufre: debo reiterar y exhortar - a los poderes públicos, a los partidos políticos, a la sociedad, y a la ciudadanía -  a tener presente y seguir las consideraciones y recomendaciones siguientes:

Las elecciones generales se realizaron de manera cívica y ejemplar, el 26 de noviembre, pero hasta esta fecha, la información brindada, por el Tribunal Supremo Electoral, sobre resultados parciales relativos a la fórmula presidencial, ha sido objeto de interpretaciones diversas y creado controversias entre partidos, dificultando el curso normal del proceso electoral y, en general, del desenvolvimiento tranquilo y en paz de la comunidad nacional. Ello debido a actos de intolerancia y de violencia que han ocasionado pérdidas de vidas humanas, daños a la integridad física y mental así como a la propiedad privada, a la salud y seguridad alimentaria, a la libre circulación y otros. Todo ello perjudica  la vida, la seguridad en común, la cohesión social y la solidaridad en las familias, las comunidades locales, la sociedad y el Estado.

Esa crisis nacional ha sobretodo derivado de actitudes y comportamientos político - partidistas intolerantes y autoritarios, incompatibles con los criterios internacionales de la democracia real, como forma de vida y como forma de gobierno.

Ante esta situación crucial, necesitamos que se asegure el respeto al valor de nuestro voto individual ya depositado y a la voluntad colectiva soberana del pueblo así expresada, verificando que el resultado electoral definitivo sea auténtico, transparente, legal y legítimo, conforme a lo que prescribe la Constitución de la República, la Ley Electoral y de las Organizaciones Políticas y otra normativa complementaria.

Por lo que continúo instando, firme y sostenidamente, a garantizar la máxima transparencia, integridad y publicidad de todas las etapas y contenidos del proceso electoral actual; a resolver diligentemente todas las impugnaciones de la ciudadanía y dejar expeditos sus recursos ante otras instancias competentes; y a atender oportuna, legal  y  equitativamente, todos aquellos reclamos o diferencias que (con buena fe, objetividad y razonabilidad) los  partidos políticos planteen al Tribunal Supremo Electoral.

Cumplidos  esos requisitos democráticos, el resultado de la votación de la fórmula presidencial debe ser cívicamente aceptado por toda la población, y con la participación política activa de toda la ciudadanía, sin distingo alguno y en pacífica convivencia, seguirse velando por que el nuevo gobierno electo funcione democráticamente  y propicie el bienestar y el progreso social de toda la gente, evidenciado por el ejercicio y disfrute efectivo y progresivo de los derechos humanos de todas y todos los hondureños.

Llamo a todas las familias y comunidades municipales a mantener y promover su unidad y solidaridad en favor de la paz y pronta conclusión de esta etapa del proceso electoral, y a demandar, a sus correspondientes liderazgos políticos, comportamientos congruentes con los parámetros internacionales de la democracia. 

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