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Un cerco imperceptible rodea a la prensa



thelmamejiaPor: Thelma Mejía

Tegucigalpa.- De un tiempo acá el periodismo hondureño y el ejercicio de la libertad de expresión, es objeto de un círculo de impunidad que tiene en las leyes y los asesinatos de comunicadores, un asocio perverso para quienes gustan poner “límites” sutiles y directos a la prensa.

A inicios del año dos mil, cuando se asesinó al primer periodista desde el retorno formal a la democracia, el ejercicio periodístico en este país comenzó a ser parte de una escalada impresionante: leyes, amenazas, intimidaciones, querellas, juicios orales y públicos, asesinatos.

Toda una cadena que configura un nada acogedor ambiente para el ejercicio de la libertad de expresión y el acceso a la información en Honduras, se ha venido tejiendo sutilmente que cuando se miran en el contexto, uno solo puede decir: hay que querer el periodismo para ejercerlo, hay que creer en la libertad de expresión para defenderla.

En el ámbito de las leyes contamos con una Ley de Secretos en donde, como bien cita en su último informe semestral la MACCIH, los poderes Legislativo y Judicial están supeditados al Consejo Nacional de Seguridad y Defensa, cuando debería ser al revés. Esa ley de secretos conlleva tanta opacidad que da escalofríos, no digamos la Ley de Inteligencia. Contrario a otras legislaciones en donde la secretividad debe ser la excepción y no la norma, en Honduras, esto también está al revés.

Siguen en materia penal, la reforma al artículo 335-B de las recientes reformas penales aprobadas por el Congreso, ese que recientemente al premiar a varios colegas, se rasgó las vestiduras en defensa de la libertad de expresión. 

Propuesta por un ex ministro de Seguridad, diputado y jefe de la bancada del partido en el poder, El Nacional, esa reforma penal nos tiene hoy a los periodistas y ciudadanos bajo la figura de “terrorista” con penas carcelarias. Inconstitucional a todas luces, esa reforma ahora busca ser “reformada” en la suprema corte de justicia, que aún no emite su opinión, pero un magistrado ya dejó entrever que avalarán la “reforma” pedida por el parlamento; es decir, seguirá la figura de “terrorista”, bajo otro maquillaje pero con el mismo color. Esperemos que ese magistrado se haya equivocado y todo sea una falsa percepción.

Pero ya desde el Ejecutivo se nos anunció que viene otra ley: la ley especial contra el terrorismo y ahí también habrán “censores” en contra de la libertad de expresión. No conformes con ello, nuestro legisladores en el nuevo código penal que se aprueba contemplan al menos en tres figuras, nuevas penalizaciones carcelarias contra la prensa.

Así lo especifica un estudio de la Asociación de Jueces por la Democracia y la denuncia que al respecto viene haciendo Articulación 611, una coalición de organizaciones que lucha por romper muros de silencio y de impunidad en un país donde la arbitrariedad es la norma, no la excepción.

Esas figuras en donde se atenta contra la libertad de expresión—un derecho que asiste no solo a los periodistas—son los Delitos contra la seguridad colectiva, Delitos contra la Dignidad y el Honor; Delitos contra la Libertad Ambulatoria, entre otros.

Son tan astutos nuestros censores que meten la pena carcelaria, allá en artículos que creen nadie lee o entiende. En esos delitos, no solo se criminaliza la protesta social y se puede incluso aplicar la figura del terrorismo, también se revive la figura del desacato con penas carcelarias para quien “ofenda” la dignidad del funcionario público. Si bien el derecho al honor asiste a las prsonas, en el caso de los servidores públicos, por ser gente revestida de poder, éste derecho tiene para ellos ciertas limitaciones. Así lo indica la doctrina.

Y qué decir de los asesinatos de periodistas y fuentes. Más de 65 comunicadores, periodistas y afines a la comunicación social han sido asesinados desde el 2002 a la fecha. Igor Padilla fue el último. La corrupción y el narcotráfico se perfilan como los principales actores que intimidan, amenazan, censuran y callan a la prensa.

Entra también en esta mordaza silenciosa, la publicidad oficial como políticas de premio y castigo. Y aun así, los periodistas en Honduras siguen haciendo periodismo. Mucha valentía y mucho compromiso hay por seguir haciendo periodismo en este país, indistintamente que nos guste o no.

Si de acceso a la información y derecho a la información hablamos, la involución en los últimos 15 años de este derecho es avasallante. ¿Qué es información pública en Honduras? es la interrogante. La Sala Constitucional de esta nueva Corte de Justicia declaró secreto los fondos del tasón de seguridad. Habrá que llevar ese caso a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos y a la Corte Interamericana de Justicia, donde el caso seguramente se ganará por los errores garrafales de la sentencia. La lucha no será fácil pero se puede ganar. Justicia tardía no es justicia, pero ser permisivo a la impunidad del poder, no es libertad de expresión, menos democracia. El cerco contra la prensa ha sido montado a vista y paciencia de los periodistas y la ciudadanía. 

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