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Señales alentadoras



cosenzaPor: Luis Cosenza Jiménez

La semana pasada nos enteramos de dos noticias que podrían ser vistas como señales alentadoras en la lucha contra la corrupción y la impunidad.

La primera fue que el Ministerio Público judicializó una demanda en contra de dos integrantes de la Junta Directiva del Congreso Nacional. La segunda provino del extranjero. Nos enteramos que la Representante por California en la Cámara de Representantes del Congreso de Estados Unidos, Norma Torres, logró que se aprobara agregar a un proyecto de ley una cláusula que estipula que el Secretario de Estado de Defensa de ese país deberá publicar una lista con los nombres de los funcionarios corruptos en El Salvador, Guatemala y Honduras.

La medida emprendida por el Ministerio Público, con el apoyo de la MACCIH, en contra de los dos integrantes de la Junta Directiva del Congreso se origina en el tristemente célebre caso de la Fe de Erratas. Por supuesto que en este caso, como en cualquier otro, debe respetarse el principio de la presunción de inocencia. Nadie es culpable hasta ser vencido en juicio. No obstante lo anterior, y sin el ánimo de vulnerar el citado principio, es también evidente que lo ocurrido marca un significativo hito. Hasta donde estoy enterado, nunca antes en nuestro país se había llevado a los Tribunales a integrantes de la Junta Directiva del Congreso. Más significativo aún es que la acusación no se da por un delito cualquiera, sino que por actos ligados intrínseca y directamente a la función legislativa. Pase lo que pase, es decir independientemente del resultado del juicio, resulta ahora evidente que a los diputados les aplica la ley, al igual que a cualquiera de nosotros. Es decir, estamos presenciando el principio del fin de la inmunidad y la impunidad. Por otro lado, es también evidente que los diputados deberán abandonar las viejas y sucias prácticas para legislar. Es razonable suponer que de ahora en adelante lo pensarán varias veces antes de recurrir a la Fe de Erratas. Ambas consecuencias son positivas para la salud de nuestra imperfecta e incipiente democracia, y por ello el Ministerio Público y la MACCIH merecen nuestro apoyo y nuestras felicitaciones.

En cuanto a la otra noticia, la Representante por California, Norma Torres, es nacida en California de padres guatemaltecos, y por tanto tiene un especial interés en los temas que afectan al Triángulo Norte, en general, y a Guatemala, en particular. La Cámara de Representantes aprobó la cláusula que propuso, y ahora el Senado debe pronunciarse al respecto. Sólo cuando el Senado la apruebe se convertirá en ley que deberá acatar el Secretario de Defensa. Algunos sostienen que no hay ambiente en el Senado para aprobar la cláusula, pero yo no comparto esa opinión. Desde la perspectiva política, no veo que ganarían los senadores al rechazarla, y si veo que podrían perder si la rechazan. Desde esa misma perspectiva, me parece obvio que ningún Senador querrá exponerse a que le acusen de ser flojo en la lucha contra la corrupción. No me parece creíble que nuestros corruptos hayan capturado a los integrantes del Senado de los Estados Unidos.

No obstante lo anterior, confieso que no entiendo cómo se procederá con la propuesta de doña Norma. Es evidente que la lista no podrá ser una hoja en blanco para ninguno de los tres países, ya que eso equivaldría a decir que no hay funcionarios corruptos, cosa que todos sabemos no es cierta. No obstante, ¿en qué se basarán para confeccionar la lista? ¿Dónde queda la presunción de inocencia? Reconozco que no tengo respuesta para esas preguntas, pero me parece que algo podemos aprender si estudiamos, por ejemplo, el caso de Venezuela. En ese caso, las autoridades de Estados Unidos han públicamente señalado a altos funcionarios del gobierno por sus supuestas actividades en el narco tráfico y por su supuesta participación en la corrupción. No se han sentido obligados a revelar sus fuentes, ni a respetar el principio de la presunción de inocencia. Habiéndoles señalado públicamente, también han procedido a tomar medidas en su contra, incluyendo el aseguramiento de las cuentas bancarias y bienes raíces que pudieran tener en Estados Unidos. Si bien no se ha dicho, debemos suponer que sus visas también fueron canceladas. Por supuesto que nuestro caso podría ser diferente, pero sería prudente que nos veamos en el espejo venezolano.

Las próximas semanas, en tanto el Senado de Estados Unidos se pronuncia sobre la cláusula Torres, serán de mucha expectativa para nuestra clase política y para nuestros funcionarios. Si el Senado aprueba la cláusula, entonces la expectativa se convertirá en profunda preocupación para algunos. Algunos seguramente comenzarán a padecer de insomnio. Al final, debo reconocer que es una lástima que la lucha contra la corrupción sea impulsada por factores y actores exógenos. Idealmente esta batalla deberíamos liderarla los nacionales. Sin embargo, si la única manera de combatir la corrupción y la impunidad se basa en el liderazgo externo, que así sea. El falso patriotismo o nacionalismo no debe ser obstáculo para que avance la lucha contra la corrupción, provenga de donde provenga el liderazgo y la estrategia para ganar esta batalla. La alternativa, que continúe floreciendo la corrupción y la impunidad, simple y llanamente no es aceptable. Nuestro agradecimiento al Ministerio Público, a la MACCIH, al CNA y a la Representante Norma Torres.

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