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Programa con el FMI



cosenzaPor: Luis Cosenza Jiménez

Recientemente se ha informado que los representantes del gobierno llegaron a un acuerdo con el equipo técnico del FMI para un nuevo programa de dos años, es decir, hasta el final de esta Administración.

Falta ahora que el Directorio del Fondo conozca y apruebe el programa, cosa que se da como un hecho. El anuncio ha dado pié a múltiples comentarios, algunos válidos y otros totalmente equivocados. Pero veamos en más detalle la situación.

En primer lugar, el programa acordado incluye el posible desembolso de un poco más de trescientos millones de dólares, pero solamente si el país sufre una crisis en su balanza de pagos. Esta parece ser una posibilidad muy lejana, si recordamos que nuestras reservas actualmente cubren más de cinco meses de importaciones, y que nuestros compatriotas en Estados Unidos y España siguen enviando cantidades cada vez más importantes de remesas. Todo permite suponer que en los próximos dos años el país no enfrentará una crisis de balanza de pagos que requiera el desembolso de los recursos del Fondo. A este tipo de acuerdo se le denomina en inglés stand by, y en castellano diríamos que se trata de un acuerdo precautorio. Siendo esto así, la lectora seguramente entenderá que, contrario a lo dicho por algunos, no tiene sentido discutir cómo se invertirá o utilizará los recursos incluidos en el programa con el Fondo. Recordemos que el Fondo no es un banco de desarrollo, sino que un ente creado para facilitar el comercio internacional. No obstante, lo que sí permite el programa es acceder a los recursos del Banco Mundial, BID y BCIE. Puesto de otra forma, de no contarse con el programa con el Fondo, los bancos de desarrollo no habrían sido tan anuentes a proveer el monto de recursos que suponemos estará ahora disponible de su parte.

Por otro lado, tampoco se trata de “reestructurar la deuda con la banca de desarrollo”, como dicen algunos. Salvo iniciativas especiales como HIPC, la deuda con los entes multilaterales no se reestructura o renegocia. Lo que se pretende es “reestructurar” la deuda que ya tiene la ENEE, particularmente la que ha adquirido en condiciones duras, o la que tiene con los generadores privados a quienes no ha pagado en varios meses. Esa deuda, la contraída con los generadores privados, es probablemente la más cara que tiene la ENEE, ya que los contratos que ha suscrito con los generadores contemplan altas tasas de interés por el atraso en los pagos. Los recursos que el gobierno pueda captar de los entes multilaterales serían entonces empleados para sustituir deuda cara de la ENEE, y así reducir el monto que periódicamente paga por concepto de servicio de la deuda. Si bien esto favorece la situación financiera de la ENEE, como país estamos desaprovechando el uso de esos fondos blandos para dedicarlos a educación y salud, es decir para atender programas sociales. Un sector eléctrico eficiente no debería requerir de recursos del Estado, permitiendo a este atender sus verdaderas prioridades.

El respiro que se dará a las finanzas de la ENEE solo tiene sentido si se toma medidas para asegurar que transformaremos el sector eléctrico para volverlo eficiente y sostenible. Seguramente que el lector aceptará que hemos llegado a un punto en el cual hay que enfrentar el déficit de la ENEE. No obstante, poco o nada ganaremos si solo resolvemos, momentáneamente, el problema financiero de la ENEE, para que esta siga luego sufriendo de la misma ineficiencia, corrupción e incompetencia. El problema no termina con atender el déficit de la ENEE. Necesitamos reestructurar el sector para volverlo eficiente y sostenible, y esto implica el pleno desarrollo de la Ley General de la Industria Eléctrica, LGIE, que ya contempla una hoja de ruta para la reestructuración. Parte fundamental de este proceso es el fortalecimiento de la CREE y la escisión de la ENEE en empresas independientes que no tengan posiciones dominantes en el mercado. Esperemos que los amigos del Fondo entiendan esto y que no se den por satisfechos con la reducción del déficit de la ENEE resultante del ajuste de más del 30% de las tarifas eléctricas este año y de la reestructuración de la deuda de la ENEE. Si no aprovechamos para reestructurar el sector mediante la competencia entre sus diferentes actores, poco o nada habremos hecho y en poco tiempo estaremos enfrentando otra crisis financiera de la ENEE.

Debo decir que me ha impresionado favorablemente el interés del Fondo en apoyar la mejoraría en la gobernanza de nuestro país. Hasta hace poco, estos eran temas que interesaban poco al Fondo. Pareciera que finalmente han entendido que para que los resultados de los programas acordados con ellos sean sostenibles, es imprescindible fortalecer la gobernanza. Debemos, por tanto, aplaudir la epifanía del Fondo. Me permito sugerirle al Fondo que en este contexto presten especial atención al Banco Central y la Comisión Nacional de Bancos y Seguros, donde sus presidentes, comisionados y los miembros de la Junta Directiva del BCH, con las notables excepciones del caso, han sido seleccionados por amistad o por parentesco con las figuras políticas más relevantes, sin contar con los mínimos méritos para optar a esos cargos. A mi juicio, para llenar las vacantes en estos casos se requiere la participación de sendas juntas nominadoras, al estilo de lo previsto en la LGIE. Acepto que aún esto es insuficiente para mantener a los políticos a raya, pero es mucho mejor que lo que rige actualmente.

Falta conocer los detalles de lo acordado por nuestras autoridades con el Fondo. Esperemos que en aras del nuevo énfasis en gobernanza, tan pronto se apruebe en el Directorio del Fondo podamos conocer lo pactado. Solamente en ese momento podremos formarnos una idea completa de que tanta atención se le ha prestado a la reestructuración del sector eléctrico y que tanto se ha apoyado la mejoría de la gobernanza en nuestra nación.

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