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Cohdefor se despide, tres décadas después, sin pena ni gloria



Tegucigalpa.- El aviso fue muy parco. Un campo pagado en los medios de comunicación, escondido entre las secciones de las páginas de clasificados, anunciaba el cierre de la Corporación Hondureña de Desarrollo Forestal (Cohdefor) para dar paso al Instituto Nacional de Conservación y Desarrollo Forestal, Áreas Protegidas y Vida Silvestre (ICF), cerrando así un ciclo de más de tres décadas en el manejo y protección del bosque hondureño.
 

Este martes 16 de septiembre, una nueva etapa se abre en la historia de la evolución del bosque hondureño, como parte de los nuevos mecanismos de protección, supervisión y manejo que estipula la recién aprobada Ley Forestal.

Según la ley, el ICF será el responsable no sólo de conservar el sector forestal, sino que también las áreas protegidas y de vida silvestre en un intento por evitar el deterioro de los recursos naturales, la explotación ilegal de madera y el cese de la corrupción en el manejo forestal.

Creada mediante decreto número 103, el 10 de enero de 1974, la Cohdefor tenía como propósito posibilitar el aprovechamiento óptimo de los recursos forestales, asegurando su protección, conservación y buen manejo; pero la historia fue otra: poco o nada se hizo al respecto.

Rigoberto Sandoval Corea, experto en el tema bosque, en su libro denominado “Evolución de un bosque en proceso de extinción”, al abordar la situación de la foresta hondureña, señala que a lo largo de la historia se registran al menos cinco etapas en las que el bosque hondureño ha sido intervenido.

La primera fue en la época de la colonia que se extiende hasta fines de 1940. Durante gran parte de este período casi todo el país estuvo cubierto de bosque y las poblaciones autóctonas vivían en armonía con la naturaleza, excepto en la región occidental, donde floreció la civilización maya. En esa zona, se presume, los bosques fueron talados durante el proceso de habilitación de tierras para cultivos alimenticios y con el tiempo los suelos se erosionaron y degradaron.

La segunda etapa abarca de 1950 hasta 1973. Inician operaciones en el país organismos financieros internacionales como el Fondo Monetario Internacional (FMI) y el Banco Internacional de Reconstrucción y Fomento, más conocido hoy como Banco Mundial, quienes comenzaron a incidir a favor de un marco regulatorio en el país, que en el caso del bosque, culminó con la aprobación de la primera ley forestal en Honduras en 1971.

La tercera etapa inicia entonces en 1974 y concluye en 1991. Se crea la Cohdefor y se estatizan los bosques; es decir, todos los bosques, al margen de la propiedad de la tierra, pasaron a pertenecer al Estado, y se creyó que los recursos financieros que se generaran producto de esta acción, iban a impulsar el desarrollo económico y social del país.

Una cuarta etapa en la historia del bosque hondureño se extiende de 1992 hasta inicios de 1998, con la puesta en vigencia de la Ley para la Modernización y el Desarrollo del Sector Agrícola, que introdujo cambios significativos en el manejo del recurso bosque. La ley de modernización puso fin a la estatización del bosque y devolvió el vuelo forestal al propietario de la tierra.

Finalmente, una quinta etapa se registra a partir de 1998 a la fecha. Este ciclo se caracteriza por una pronunciada decadencia institucional, una degradación del recurso y el consecuente deterioro ambiental, entre otros aspectos, señala Rigoberto Sandoval, quien fuera ex gerente de la Cohdefor a mediados de los años noventa.

Considerado uno de los mejores gerentes que tuvo la Cohdefor, la administración de Sandoval no sólo logró devolver la credibilidad hacia esa dependencia, sino que también obtener ganancias y un buen manejo de relaciones de respeto con el sector maderero.

Pero esta fase, como otras buenas que pudo haber tenido la Cohdefor, son historia, la corrupción y la falta de transparencia terminaron por erosionar un proceso que obligó al país no sólo a aprobar una nueva ley forestal, sino que también a crear un ente regulador, en este caso el ICF, que se espera no repita la historia de autodestrucción a que se vio sometida la Cohdefor.

Desde su creación, la Cohdefor estuvo sujeta a escándalos y sobresaltos donde el factor común fue la corrupción. La instalación de planteles industriales sin planificación y sin respetar la capacidad del bosque, donde la Cohdefor era la única propietaria o la mayor accionista, terminó en fracaso, con algunas excepciones que fueron adquiridas por el sector privado.

Quizá el mayor detonante que dio el tiro de gracia a la Cohdefor fue la situación del bosque en Olancho, un vasto departamento que ahora luce desolado en sectores donde otrora abundaba el bosque, al grado de existir comunidades donde el agua es escasa. Se estima que un promedio de 80 rastras diarias salen de ese departamento, en su mayoría, con corte ilegal de madera.

La intervención militar para controlar la tala ilegal del bosque promovida en los últimos años, así como las luchas libradas por líderes ecologistas y sociales, entre los que destaca el sacerdote Andrés Tamayo, son parte de esa historia de sobresaltos de la Cohdefor, que este martes cierra una etapa sin pena ni gloria.

Los bosques olanchanos, así como se destruyen, simbolizan también una hazaña de lucha incansable por la naturaleza. Muchos hombres han caído en este departamento, sin que a la fecha, la justicia haya resuelto esos crímenes de impunidad.

De ahí que no es casual que en los campos pagados, las hasta ahora autoridades de Cohdefor se despidan con un sencillo agradecimiento a quienes hicieron de esa organización un ente que contribuyó al “buen manejo de los recursos forestales de la nación”.

Honduras, según datos oficiales, es un país de vocación forestal. Se estima que el 87.7% del territorio nacional es apto sólo para producir árboles en forma eficiente y económica, árboles de especie coníferas, latifoliadas y manglares.

El mapa de cobertura vegetal elaborado en el 2005, señala que el bosque de coníferas es de 2.040,132 hectáreas; el bosque latifoliado comprende 2.654,788.84 hectáreas y el bosque mixto comprende 736,029.46 hectáreas.

A nivel de áreas protegidas y de vida silvestre, existen actualmente 107 zonas declaradas como áreas protegidas, agrupadas en diez categorías. Estas áreas abarcan prácticamente todos los bosques representativos de país. Sus características principales son bellos paisajes, rica biodiversidad y variedad de ecosistemas que van desde los marino-costeros, como los arrecifes de coral, hasta los bosques nublados, bosques subtropicales lluviosos y sabanas cubiertas de pino.

La protección de estos recursos es ahora potestad del ICF, que de acuerdo a la nueva ley forestal, funcionará como un órgano desconcentrado de la Presidencia de la República, con rango de Secretaría de Estado y participación en el Consejo de Ministros.

Actualmente, el ICF lo dirige la ingeniera Suyapa Otero Carvajal, a quien las organizaciones ecologistas ven con cautela, en espera de sus ejecutorias luego de estos casi seis meses de transición de una institución a otra.

La nueva ley forestal, con casi 180 artículos, fue producto de un largo consenso y cabildeo de ocho años, en los cuales se consultó a más de 200 organizaciones. Dentro de sus novedades contempla la agroforesteria comunitaria que consiste en dar participación a las comunidades sobre el manejo del bosque, y como parte de todos los procesos de construcción ciudadana en el país, la vigilancia y monitoreo es parte ya de una agenda permanente desde la sociedad civil. La suerte, está echada.


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