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El 2009 batió récord de conflictividad política, institucional y de corrupción



Tegucigalpa.- Cinco crisis políticas e institucionales, así como igual número de hechos de presunta corrupción, fueron las acciones más relevantes que marcaron el 2009, en donde destacan la abrupta salida del depuesto presidente, Manuel Zelaya, la elección de la Corte Suprema de Justicia, del Fiscal General y Fiscal Adjunto, los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, y el escándalo por pugnas de poder a lo interno del Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), entre otros.
 

A ello se suman los actos de presunta corrupción en los alquileres de edificios para la Empresa Nacional de Energía Eléctrica, el caso Latinode de HONDUTEL, el despilfarro de dinero por parte del ex presidente Zelaya y la confesión de éste de haber entregado millonarios recursos a las Fuerzas Armadas.

Estos fueron parte de los escándalos que caracterizaron la administración zelayista, mientras el gobierno interino de Micheletti cierra con dudas acerca de la autorización de contratos de “emergencia” bajo una nebulosa no despejada que cubre su interinato presidencial.

De sus archivos, Proceso Digital recogió los hechos más relevantes en el ámbito político institucional, así como los casos denunciados de mal manejos de recursos públicos, en un afán por colocar en la escena pública el agite político que vivió la nación a lo largo del 2009, intensificado en los últimos seis meses.

La conflictividad social ligada a otros temas como el salario mínimo, los paros magisteriales, la huelga de docentes en la UNAH, el desempleo, la pobreza, la violencia, la inseguridad, entre otros rostros de la inequidad social, también fueron parte de la tensión que vivió la población, pero no son abordados en esta entrega periodística, ya que marcarán sin duda el 2010 y servirán para la reflexión oportuna en los análisis a abordar por este medio digital.

Las crisis políticas que vivió a lo largo del año pasado Honduras, no auguraban un buen término de la gestión presidencial de Manuel Zelaya. Los golpes y contragolpes, producto de la intensa confrontación social a que sometió a la nación y a su institucionalidad, pusieron en precario la coexistencia de los tres poderes del Estado, el proceso electoral del 29 de noviembre y con ello, la instalación de un nuevo gobierno este 27 de enero de 2010.

El manejo inequívoco que Manuel Zelaya hizo de su agenda mediática, sus relaciones con el poder y su desvalorización de la clase política y empresarial, fueron algunos de sus errores estratégicos, al considerarse un héroe mítico como “Kalimán” a quien nadie le podía refutar.

Del recuento periodístico del 2009, se deduce que su primer acto de confrontación auguraba un mal fin. Fue en el mes de enero, cuando intentó colocar sus propios magistrados en la elección de la nueva Corte de Justicia, al margen de lo que establece la ley.

Tras resistir una avalancha de presiones, calificadas hasta de “chantaje” por parte de legisladores, observadores políticos y analistas locales, la Cámara Legislativa nombró una nueva Corte de Justicia de un listado de 45 personas enviadas por una Junta Nominadora, que encabezaba el comisionado de derechos humanos, Ramón Custodio, junto a otros representantes sociales, empresariales y estatales.


El diputado liberal por Cortés, Wenceslao Lara, denunció pública y posteriormente en la Fiscalía, que horas antes de elegir a la nueva Corte de Justicia, emisarios del presidente Manuel Zelaya habían llegado a “intimidarlos” y hacerles una “encerrona” para colocar dos magistrados leales al presidente, al grado de amenazar con una ruptura del orden constitucional y una especie de autogolpe.

Los momentos de tensión fueron tan altos, que diversos líderes sociales, empresariales, religiosos y de derechos humanos comenzaron a rodear el hemiciclo para exigir una elección limpia, sin injerencias de ningún poder del Estado. La tirantez de ese proceso fue tal que el entonces ministro de la Defensa, Arístides Mejía, intentó llegar al estrado donde se ubica la directiva del congreso, pero los guardias de seguridad se lo impidieron.

Esa fue la primera crisis, en la noche del 25 de enero de 2009. Trascendió también que en esas negociaciones el embajador de Estados Unidos, Hugo Llorens, quiso ayudar a Zelaya a tener sus magistrados, pero los congresistas rechazaron tal injerencia. La denuncia la hizo el propio comisionado, Ramón Custodio.

Pero la crisis del 25 de enero apenas empezaba. En marzo, nuevas pugnas entre el poder ejecutivo y el legislativo salen nuevamente a luz, cuando se acercaba la elección del próximo Fiscal General y Fiscal General Adjunto, en donde Manuel Zelaya tampoco tuvo éxito en querer poner sus allegados. Se produce la segunda crisis político institucional.


En lo que es su tradicional repartición de cuotas partidarias, el bipartidismo político hondureño eligió a las nuevas autoridades del Ministerio Público, una institución salpicada por una crisis de credibilidad tras una huelga sostenida por un grupo de fiscales un año atrás.

De carambola y aprovechando la turbulencia política del momento, los diputados aprovecharon para elegir sorpresivamente al nuevo Procurador del Ambiente y subprocuradora, ratificando así su voluntad bipartidista. El primero, liberal, y la segunda nacionalista, y sin mayor trayectoria en el cargo para el cual fueron designados.

El tema que agudizó el conflicto

Pero marzo también fue el mes que abriría paso a la crisis político institucional más profunda que marcaría todo el 2009: la propuesta de la “cuarta urna” con tres propósitos: cambiar la forma de gobierno, romper los monopolios y la concentración en la propiedad de los medios de comunicación al limitar la libertad de expresión, y la continuidad del presidente Zelaya en el poder. Inicia así la tercera crisis.

Así lo anunciaron el propio Zelaya y sus más cercanos colaboradores y estrategas en rueda de prensa y en las repetitivas asambleas del Poder Ciudadano en el interior del país.

El tema de la “cuarta urna” desplazó toda la agenda de país, para centrarse en lo que estaban a favor o en contra, pasando por la confrontación entre el ejecutivo y el legislativo que terminó rociando al poder judicial, la fiscalía y a la procuraduría.


Desoyendo todas las advertencias y propuestas que diversos grupos y sectores le hacían, Zelaya siguió con el proyecto de la “cuarta urna” y designó al Instituto Nacional de Estadísticas (INE) el levantamiento de la consulta.

El INE ya había iniciado el proceso de consulta, aunque legalmente no le competía por ser un tema político electoral. El acto se hizo incluso antes de que Zelaya aprobara en Consejo de Ministros esa competencia a esa institución, según difundió en primicia Proceso Digital.


Las amenazas de Abril

Para el mes de abril, el presidente del Congreso Nacional, Roberto Micheletti, respondió con sarcasmo a la amenaza de Manuel Zelaya de disolver los poderes del Estado, por no acompañarlo en el tema de la cuarta urna. La confrontación entre estos poderes estaba llegando a su máximo nivel.

“Hoy nos amenazan con un montón de cosas, nos amenazan con que van a… ahí salió un medio de comunicación diciendo que están pidiendo la disolución del Congreso Nacional, ja, ja, ja, ja”, dijo irónico Micheletti. Posteriormente Micheletti denunció amenazas a muerte de las que responsabilizó a Zelaya.

Mientras el tono de la confrontación subía, el presidente Manuel Zelaya sostenía intensas reuniones, los fines de semana, con representantes de las diversas organizaciones agrupadas en el movimiento social, para convencerlos de su propuesta de “cuarta urna”, al tiempo que trascendía el inicio de componendas bajo la mesa, la víspera del 1 de Mayo, día del trabajo.


En ese afán por captar la simpatía del sector obrero y popular se habló incluso de crear un décimo quinto mes, que no prosperó, pues los dirigentes populares estaban entusiasmados con unos tractores que había ofrecido Hugo Chávez, el aumento al salario mínimo otorgado por Zelaya, los beneficios del ALBA, además de ser partícipes de la próxima Asamblea Constituyente prometida por el melismo.

Narcocorridos por “la cuarta”

En ese afán de impulsar “su reforma” Zelaya descuidó aspectos torales para el país como la aprobación del presupuesto, un plan para afrontar la crisis económica mundial, así como estrategias preventivas ante la inminente llegada de la gripe AH1N1, entre otros asuntos de interés.

La prioridad de la “cuarta urna” fue tal que la entonces canciller, Patricia Rodas, desairó una misión internacional de derechos humanos que llegó al país para auscultar las denuncias de violaciones y de amenazas a la libertad de expresión, al dejar plantados a los delegados.

Dentro de los apoyos para la “cuarta urna”, Zelaya sorprendió a la opinión pública con el dueto a capela que ofreciera desde Casa de Gobierno con el grupo mexicano “Los Tigres del Norte”, famosos por sus narco corridos en donde hacen apología al crimen organizado. Este grupo terminó exhortando a la población a favor de la cuarta urna.

En su estrategia, Zelaya implicó también a grupos nacionales y artísticos locales, que tras adularlo, componían a favor de reformas que ya las instancias competentes calificaban de ilegales.


En mayo, Zelaya contra todos

Pero fue el mes de mayo, el punto que marcó la crisis y casi anunció el rumbo que le esperaría a Zelaya. En ese mes, el entonces presidente se confrontó con todos los poderes del Estado, desconoció una orden judicial que declaraba ilegal la consulta y conminó a la población a salir a las calles en defensa de su proyecto.

La orden de un juzgado para frenar la consulta por ilegal e inconstitucional, llevó al Consejo de Ministros a rechazarla, desacatarla y acelerar los preparativos contra viento y marea. Zelaya dijo entonces que “ni Kalimán va a parar este proceso”.

La orden del juzgado se hizo en atención a una petición del Tribunal Supremo Electoral, cuyos titulares fueron electos en mayo, bajo la protesta del poder Ejecutivo porque no logró colocar adeptos en ese organismo, al que mantenía asfixiado con el presupuesto poniendo así en riesgo las elecciones generales de noviembre.



Al enfrentamiento que Zelaya mantuvo contra los poderes del Estado y el Ministerio Público, se sumó la Procuraduría del Estado, por sostener en un dictamen que el proceso era ilegal. Los abogados de Zelaya, acusaron a la titular de esa institución de “traidora” a la patria y comenzaron las amenazas y hostigamientos en su contra.

Se sumaron también las tradicionales confrontaciones que Zelaya sostenía con la prensa, siendo el comisionado de derechos humanos, Ramón Custodio, el que denuncia las amenazas a la libertad de expresión y las pretensiones continuistas, al margen de la ley, de Manuel Zelaya.

Al incrementarse la conflictividad política, surge un grupo de ciudadanos y ciudadanas denominado “Frente Cívico de Defensa de la Constitución” que posteriormente se convierte en lo que hoy se conoce como Unión Cívica Democrática.

Junio marca una salida casi anunciada

A mediados de año, en el mes de junio, cuando la confrontación está en niveles insostenibles, Manuel Zelaya hace un par de movimientos que le cuestan el puesto: permanece su desacato a la autoridad, habla de disolver los poderes, invade la sede la Fuerza Aérea para comisar las papeletas de la cuarta urna y destituye del cargo al jefe de las fuerzas armadas, el general Romeo Vásquez, cuando éste le comunica que no van a custodiar la cuarta urna porque existe una orden judicial que la declara ilegal e inconstitucional. Esta crisis es solo una continuidad de la tercera iniciada en marzo.

Previo a ello, en plena instalación de la asamblea anual de la OEA en Honduras, Zelaya dice desafiante a los cancilleres que su proyecto de la “cuarta urna” no lo detiene nadie, y la canciller, Patricia Rodas, en un desaire a la secretaria de Estado, Hillary Clinton, le impide hablar ante la asamblea de la organización.

Los militares, quienes habían sido advertidos por la fiscalía que no podían cumplir órdenes que violaran la constitución ni la leyes, al conocer de la destitución del general Romeo Vásquez, deciden en pleno, su junta de comandantes, renunciarle al presidente Zelaya, quien horas después se ve obligado a querer rectificar su error al indicar que “no había destituido” al general y fue una mala interpretación.

Una vez más, el comisionado de los derechos humanos llama a Zelaya a rectificar y adherirse a la ley, sin éxito alguno. Zelaya publica, horas antes de la consulta, un decreto en el cual ya no convoca a una consulta popular, sino a la instalación de una Asamblea Nacional Constituyente, desafiando y rompiendo así sus propias reglas del juego.


La madrugada del 28 de junio, el día que se iba a efectuar la consulta, Manuel Zelaya es sacado del cargo por los militares, en cumplimiento de una orden judicial, puesto en pijama en un avión rumbo a Costa Rica, e iniciando así la mayor crisis de gobernabilidad e institucionalidad que Honduras ha vivido desde los últimos 28 años.


El presidente del Congreso, Robert o Micheletti, asume el poder transitoriamente, y con ello el país se apresta a vivir un aislamiento de seis meses que espera culminar a partir del 27 de enero cuando el país empiece a ser reconocido por otras naciones y logre reinsertarse nuevamente en el seno de la OEA de donde fue expulsado tras la caída de Manuel Zelaya.


Los seis meses más duros del 2009

De junio a diciembre, la presión internacional sobre Honduras no ha cejado, siendo los meses de julio, agosto, septiembre, octubre e inicios de noviembre los de mayor presión e intensidad. Se les quitó la visa a personalidades políticas y empresariales como forma de presión a favor de un retorno de Zelaya, que solo ha sido posible mediante un autoexilio que éste mantiene en la embajada de Brasil.

Honduras y su clase política, empresarial, militar y un amplio sector social y religioso, ha resistido críticas, amenazas, asfixiamiento y aislamiento, caracterizado por marchas a nivel nacional, el resurgimiento de una sociedad civil no tradicional pero más organizada, así como la conducción de un gobierno interino que cumplió su palabra de elecciones limpias, libres y transparentes, además de entregar el poder este 27 de enero.

Del otro lado, el país también demostró movilización social y popular, los grupos humanitarios y las misiones de derechos humanos registran al menos una docena de muertos en este período producto de la confrontación y cuya autoría inicial, en tanto no concluyan las investigaciones, responsabilizan a los cuerpos del Estado, además del temor que hayan resurgido grupos paramilitares, algo que hasta ahora no ha sido ni investigado ni comprobado.


El agite social tuvo su pico más alto de movilidad en el mes de julio, cuando muere el joven Isis Obed Murillo, luego con repuntes menores en el mes de septiembre cuando Zelaya ingresa incógnito al país, burlando la autoridad policial militar. Zelaya incluso quiso formar su propia guerrilla en Nicaragua, auguró una guerra civil en Honduras y habló de “patria, muerte o restitución”.

Misiones oficiales y extraoficiales humanitarias llegaron para verificar las violaciones a la libertad de expresión, el cierre de medios, amenazas a los dirigentes populares, las muertes y otras denuncias en investigación. La vigilancia humanitaria hacia el país ha sido extrema al grado de llamar estas legaciones a boicotear las elecciones de noviembre.


Tras un primer intento de diálogo que fracasó en Costa Rica, bajo la mediación del presidente, Óscar Arias, se instala un segundo diálogo en donde Zelaya firma un acuerdo denominado Tegucigalpa/San José, que deja al Congreso la potestad de su restitución o no al poder. El Congreso decide que el depuesto Zelaya fue legalmente sacado y decide que no debe volver.

A diciembre, Zelaya sigue de huésped en la embajada de Brasil, un nuevo presidente ha sido electo en Honduras y busca afanosamente el reconocimiento internacional, mientras el congreso se apresta a debatir sobre una amnistía para los delitos políticos contra Zelaya de los más de 20 que le persiguen.

La cuarta crisis, de menor intensidad pero que abonó al terreno de la conflictividad y la ingobernabilidad en el país, fue la elección de los magistrados del Tribunal Supremo Electoral, en el mes de mayo, por los mecanismos discrecionales que para este tipo de actos efectúa el Congreso.

La quinta crisis política del 2009 la encabezó el Instituto de Acceso a la Información Pública (IAIP), responsable del acceso a la información pública y de la transparencia, al trascender las pugnas de poder en sus autoridades que culminó con la renuncia de su presidenta, sustituida por otra, en tanto se debatirá en enero el futuro de los otros dos comisionados según los legisladores.

Si la ingobernabilidad se caracterizó por la remecida y el desbalance que fue objeto la democracia, la transparencia y el acceso a lo público es solo otro caldo de cultivo que abona a una crisis inconclusa que obliga a la clase política a actuar en consonancia con los intereses del país y no de grupos o sectores en particular.

Los otros temas de conflictividad

En medio del caso Zelaya versus Constitucionalidad, otros temas minaron el camino de los problemas en la democracia hondureña, son los presuntos hechos de corrupción del 2009 en la administración Zelaya y en el término de gobierno interino que conduce Roberto Micheletti.

El alquiler de edificios bajo normas poco transparentes en la ENEE salpicó a su gerente, Rixi Moncada, quien no pudo explicar pagos millonarios en una empresa estatal al borde de la quiebra. El costo es de 85 millones de lempiras en cinco años que debe erogar el Estado.

Le siguen el caso del tráfico gris de Latinode en Hondutel, donde pese a las pistas para dar con los culpables, la Fiscalía permanece muda, en tanto la vigilancia que del mismo hace el Consejo Nacional Anticorrupción, enmudece con ellos.

El ex gerente de Hondutel, Marcelo Chimirri, quien se presume implicado en el caso, se encuentra preso por otras pesquisas pero no por Latinode. La crisis política ha hecho que se de una vuelta de hoja al mayor caso de corrupción legalmente tipificado y con pruebas fehacientes al respecto, pero paradójicamente las autoridades no tienen culpables, siguiendo el patrón del país que nadie es preso por delitos de cuello blanco.

Las anteriores autoridades del Tribunal Superior de Cuentas, informaron al cierre de sus actividades que dejaban evidencias sólidas para castigar delitos de corrupción, y entre ellos mencionan varios hechos en Hondutel, Casa Presidencial y otros, durante la era de Manuel Zelaya.

Se investiga, para el caso, el derroche que Zelaya hizo de 80 mil dólares en cuatro días, tras su caída del poder, que obligaron a la administración de Micheletti a cancelarse su tarjeta de crédito. Pero también está el caso del derroche del ex mandatario en regalos como joyas, manutención de sus caballos y otros.

El Tribunal Superior de Cuentas informó que existen en su poder 200 cajas de documentos que prueban el festín y algunas de las irregularidades que el régimen de Zelaya efectuó en su administración pública con dineros del pueblo.


Otro hecho que no ha sido investigado y que fue denunciado por el propio Zelaya en donde se confiesa como autor del ilícito, es la presunta entrega de 90 millones a los militares vía el jefe de la institución castrense. Ese dinero, dijo Zelaya, en declaraciones a la Radio Globo, lo entregó “cash” (en efectivo) de los que 40 millones estaban destinados al abortado proyecto de la cuarta urna.

Si bien los militares han negado este aspecto, se desconoce si existe una investigación de oficio por parte de la Fiscalía o los entes contralores del Estado.

Otra de las nebulosas de la administración del ex presidente Zelaya, aparte de la carretilla millonaria con dineros extraídos de la bóveda del Banco Central, es el dinero que el ex presidente de Banadesa, José Segovia, continuó recibiendo por un amplio período, luego de ser removido de su cargo para investigar presuntas irregularidades.

Separado un año atrás, Segovia seguía gozando de un salario de más de 73 mil lempiras, además de otros privilegios, ya que Manuel Zelaya, pese a estar siendo investigado, lo nombró como uno de sus asesores con prebendas y privilegios, trascendió.

De la administración interina de Micheletti, se cuestiona el hecho de efectuar, a escasos días de abandonar el poder, contratos de emergencia, siendo los que más preocupaciones despiertan el tema de la energía renovable y la sequía por falta de agua.

Bajo estos parámetros se movió y culminó el 2009, el año más difícil para los hondureños en términos de democracia, institucionalidad y gobernabilidad.



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