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Tribunal absuelve de responsabilidad penal a militares por expatriación de Zelaya



Tegucigalpa – El juez natural y presidente de la Corte Suprema de Justicia, Jorge Rivera Avilés, libró hoy de responsabilidad penal a la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas de Honduras en el proceso de extradición del ex presidente Manuel Zelaya, el 28 de junio anterior.
 

El juez natural ha determinado sobreseer definitivamente a los seis generales que forman parte de la Junta de Comandantes de las Fuerzas Armadas: el jefe del Estado Mayor, general Romeo Vásquez Velásquez; el sub jefe del Estado Mayor, general Venancio Cervantes; el comandante del Ejército, Miguel Ángel García Paddget; comandante de la Fuerza Aérea, Luis Javier Price Suazo; el comandante de la Fuerza Naval, Juan Pablo Rodríguez, y el inspector de las Fuerzas Armadas, general Carlos Cuellar García.

Los altos militares fueron acusados por el Ministerio Público por suponerlos responsables de los delitos de abuso de autoridad en perjuicio de la administración pública y de expatriación en perjuicio de la seguridad interior del Estado y Manuel Zelaya Rosales.

Tras las audiencias el juez natural determino: dictar sobreseimiento definitivo a favor de los altos oficiales, y ordenó hacerles entrega a cada uno de los enjuiciados de sus respectivas cartas de libertad definitiva.

La parte motivada de la sentencia dice que después que se produjo la captura de Zelaya “los imputados recibieron información confiable en el sentido de que el país corría un peligro grave, real e inminente, no solo en el orden institucional sino en cuanto a las pérdidas de numerosas vidas humanas motivado tal peligro por las acciones violentas de los seguidores del señor Zelaya, entre los que se encontraban personas originarias de otros países”.

Agrega que “los imputados, dada la información que se les había transmitido y teniendo en cuenta lo ocurrido en las instalaciones de la Fuerza Aérea Hondureña no encontraron lugar de detención legal para el señor Zelaya Rosales, del cual pudiese ser intentada su sustracción por sus seguidores para evitar su juzgamiento, lo cual hubiera producido un enfrentamiento con innumerables víctimas mortales que se darían en el lugar donde se hubiere podido mantener detenido, por lo que en aras de preservar la democracia, la paz y la integridad material y física de los habitantes de la república, incluidos los extranjeros y el propio señor Manuel Zelaya optaron por trasladarlo a la república de Costa Rica”.

Refieren que después de ese traslado, sus seguidores hondureños y extranjeros protagonizaron una serie de acciones e3ntre las que se encontraron agresiones a personas no afines a ellos, incendios, atentados contra establecimientos públicos y privados, así como contra medios de transporte.

También recuerdan que “luego que el señor Zelaya regresó al país y se refugió en la embajada del Brasil insisto a sus seguidores a recuperar el poder bajo al consigna patria, restitución o muerte.

El documento dice que “los imputados han aceptado que dispusieron el traslado del señor Zelaya Rosales fuera del país, pero justifican que lo hicieron tomando en cuenta el gran peligro que corría el país, proteger los bienes y las vidas de los hondureños y extranjeros residentes, llegando a la conclusión que en ese momento era preferible el derecho de la sociedad de vivir en paz y sin derramamiento de sangre”.

Tras el análisis de esos acontecimientos, el juez natural percibe “que efectivamente se dio en Honduras una situación de gran peligro real e inminente que de haber continuado hubiese significado el derrumbe institucional del estado, la ingobernabilidad y el enfrentamiento entre hondureños con la consiguientes perdidas de valiosas vidas humanas y que al estar entre estos los motivos por los cuales obraron como lo hicieron los imputados no tuvieron la intensión deliberada de incurrir en el consentimiento de tipos penales ni de ocasionar un peligro en perjuicio del señor Zelaya Rosales”.

Según la resolución, tanto el delito de abuso de autoridad como el de expatriación exigen para su configuración típica la concurrencia de dos elementos: uno, objetivo, otro subjetivo, donde el elemento objetivo está constituido por el tono o sea la intensión o deseo del sujeto activo de ejecutar la conducta ilícita, en caso que el elemento subjetivo se constituye por el daño que de manera deliberada se ocasionase al sujeto pasivo”.

“En este orden de ideas el juez natural estima que ambos delitos solo pueden existir de forma dolosa, de manera que si falta este elemento las conductas mencionadas en los artículos 333 y 349 del código penal a lo sumo podrían aparecer como culposas, lo cual lleva a constar la inexistencia de tales delitos pues el artículo 13 del Código en su parte final dispone que el delito culposo solo será punible en los casos expresamente dictaminados por la ley”.

En este caso, agrega, no se ha acreditado que los imputados hayan actuado con dolo, sino más bien teniendo en mente fines justificables como lo era preservar la democracia de la república de Honduras y el derramamiento de sangre humana, entre los que puso estar el propio señor Manuel Zelaya Rosales, por centro alrededor del cual giraban todos los acontecimientos…”.

Así las cosas este juez natural ha adquirido la convicción plena de que los imputados no han incurrido en los delitos de abuso de autoridad y expatriación, por los cuales se les inició proceso, siendo en consecuencia procedente que se dicte a su favor el correspondiente sobreseimiento definitivo y que se les entregue las respectivas cartas de libertad definitiva.

El documento dice que en las audiencias no se acreditó que los imputados hayan ejecutado las acciones que se señalan como punibles con evidente intensión dolosa y al faltar este elemento no se pueden conceptualizar como delitos las referidas acciones, por lo cual si bien existe el indicio racional y de reconocimiento por parte de los imputados de ser los responsables de los actos que el Ministerio Público señala como criminosos.

Ante la falta del dolo, añade, no se ha podido acreditar la plena prueba de la comisión de delitos arrogando como resultado la imposibilidad de dictar auto de prisión, además al no poderse conceptualizar ninguna acción como delito es procedente dictar el sobreseimiento definitivo correspondiente.

La Junta de Comandantes no acudió a la audiencia, ya que estaba en el estadio Nacional supervisando las medidas de seguridad en el marco de la toma de posesión del presidente Porfirio Lobo Sosa, mañana.



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