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Insulza fortalece la impunidad en Honduras



Tegucigalpa – La impunidad se fortaleció en Honduras con el informe del secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, que exige que los juicios contra el ex presidente Manuel Zelaya y sus colaboradores sean dejados a un lado por las instancias judiciales del país.
 
  • Reclama que los juicios a Manuel Zelaya sean abandonados.
  • Pide olvidar el “carretillazo” y abre paraguas para una democracia tutelada por la OEA con visto bueno del gobierno.

Insulza exige que los juicios incoados a Zelaya no sigan su proceso normal, como una condición para que Honduras pueda apelar a su reintegro a la OEA.

Lo anterior está planteado en el Informe de la Comisión de Alto Nivel de la OEA sobre la situación en Honduras que fue presentado el jueves 29 de junio y hecho público el viernes.

Dentro de las condicionalidades puestas al país, lo más insólito es eximir a Zelaya y sus seguidores de responder a la justicia por sus excesos, además que no garantiza que el gobierno del presidente Porfirio Lobo Sosa pueda designar un representante ante la OEA, debido a que eso es potestad de los votos de los gobiernos del continente y muchos de ellos, con poder de bloquear, han adelantado que no reconocerán la gestión actual.

Incluso Insulza y los representantes de los gobiernos van más allá y están dispuestos a obviar las propias convenciones de la OEA en cuanto al combate a la corrupción, a fin de que Zelaya y los suyos no respondan por sus actos.

El referido informe establece como primera recomendación que la comisión de la OEA estima conveniente “poner fin a los juicios” en “contra del ex presidente Zelaya y sus colaboradores”.

Y la comisión de la OEA reconoce en el informe que los dos juicios de corrupción por desvío de recursos del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS) “corresponde a juicios a hechos ocurridos con mucha anterioridad” a la salida de Zelaya del poder y que el organismo interamericano califica como “golpe de Estado”, a pesar que la legislación interna hondureña la designó sucesión constitucional. Los vicios corrupción de Zelaya oficialmente han sido “blanqueados” por la OEA en su informe.

Pero la OEA no solo desea dejar impune el manoseo de fondos del FHIS, sino que incluso el “carretillazo” de los 40 millones de lempiras saqueados de las bóvedas del Banco Central y del cual existen testigos protegidos y filmaciones en poder de las autoridades desde antes del 28 de junio, quedarían fuera del alcance de la justicia.

En el anexo 4 del informe, se establece que los casos I y II del Banco Central de Honduras referentes a abuso de autoridad y malversación de caudales públicos por el retiro vergonzoso de dinero del Estado en carretillas para financiar el proyecto ilegal de la Cuarta Urna, deben ser “clausurado”.

Por los delitos están acusados Enrique Flores Lanza, Edwin Araque, José Antonio Borjas, José Francisco Young y Hernán Lagos. Hay testimonios de personas que recibieron dinero a manos llenas para la cuarta urna de estos personajes, pero la OEA pide impunidad.

La OEA desea que estos casos flagrantes de corrupción queden impunes, con lo cual violaría los articulados de la convención contra la Corrupción de la que tanto se ufana.

Asimismo, Insulza pide que Arístides Mejía, Rixi Moncada y Rebeca Santos no continúen siendo juzgadas por los casos de alquiler del edificio de la ENEE.

Lo paradójico del caso, es que los tres imputados si confiaron en la justicia hondureña y se presentaron a conocer sus acusaciones y se defienden de los cargos. El juez que conoce del caso les ha dictado medidas sustitutivas y los tres acusados se defienden en libertad.

De hecho algunos de los imputados son asiduos concurrentes de conocidos centros de asistencia pública, mientras Insulza se dice muy preocupado por su futuro y seguridad.

Parlacen

El informe reclama que a Zelaya se le reconozca su condición de diputado al Parlacen, aún cuando el organismo regional admitió que esa situación es potestad de la directiva del órgano legislativo y no del gobierno hondureño.

Los dos últimos ex presidentes hondureños Ricardo Maduro y Carlos Flores Facussé rechazaron integrar el organismo, ya que son conocedores de su pobre credibilidad y su reconocida incompetencia, ya que no tiene poder alguno.

Tutela

El informe recoge el peligro que se cierne sobre el país en cuanto a caer bajo la tutela internacional, con la consiguiente pérdida de soberanía nacional, al recomendar una Comisión de la OEA para el Seguimiento de la Situación en Honduras.

Lo anterior es una recomendación de Zelaya y que es aceptada por Lobo Sosa, incluso se “ofrece a solicitarla”.

El tutelaje internacional también se destaca en la petición que sean juristas extranjeros quienes conozcan el caso de Zelaya y sus seguidores, así como investiguen las presuntas violaciones a los derechos humanos.

En materia de derechos humanos se reclama el fortalecimiento de la oficina de la asesora Ana Pineda y de la Fiscalía en esa área, en detrimento de la instancia oficial que es el Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, con rango constitucional, por lo cual se desafía el Estado de Derecho que pregonan defender, al igual que la institucionalidad. Esas peticiones a Honduras, difícilmente se atreverían hacerlas a Venezuela, por ejemplo.

El compromiso del gobierno de Lobo Sosa, según informa la misma Ana Pineda a la comisión de la OEA, es que se creará un Ministerio de los derechos Humanos y de Justicia, con lo cual recortaría competencias al ministro de Gobernación, Áfrico Madrid, además de aumentar la ya abultada burocracia hondureña, que tanto reclama el Fondo Monetario Internacional por reducirla.

En términos generales, el informe de la comisión especial nombrada por Insulza solo fortalece la impunidad en Honduras, dista mucho de generar espacios para una construcción democrática del país y menos aún para fomentar el diálogo y la autodeterminación de los pueblos.


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