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La “captura” del Estado



Tegucigalpa.- El último informe de percepción de la corrupción que cada año difunde la organización internacional, Transparencia Internacional (TI), con sede en Alemania, reivindica la teoría de que Honduras es un país “capturado” por la corrupción, que sigue ocupando desde los últimos cinco años el tercer lugar entre los principales problemas identificados para esta nación centroamericana.
 

Los otros dos problemas son la inseguridad y el desempleo, seguido de la pobreza.


El Informe de Transparencia Internacional fue recibido cada año con las reacciones tradicionales de quienes siempre cuestionan la ineficiencia estatal y gubernamental para poner coto a un mal endémico en el país que atraviesa toda su institucionalidad y casi adquiere “carta de ciudadanía” entre sus casi ocho millones de habitantes. Del lado del Estado, el silencio al respecto suele ser una comparsa cómplice.


En una escala de 0 a 10, que es el ranking con que TI mide la percepción de la corrupción en los países, Honduras en los últimos cinco o siete años no pasa del rango entre 2,2 y 2,5. Es decir, el país no logra siquiera llegar al rango 3 de medición para indicar que algo o al menos algo se hace por salir del sótano de naciones percibidas como corruptas.


Entre más se acerque un país al puntaje 10, menos percepción de país corrupto se tiene; pero en el caso hondureño, la tendencia es acercarse más a 0 y no lo contrario.


La corrupción no solo se centra en el pago de “mordidas”, “machaca”, “comisiones bajo la mesa”, paracaidistas, planillas fantasmas, uso indebido de la publicidad oficial ó cobros indebidos, como se presume. La corrupción es mucho más y lacera fuertemente la gobernabilidad y la democracia en un país.


En Honduras, los efectos perniciosos de la corrupción no sólo han marcado—al igual que otros países latinoamericanos-- la formación y consolidación de Honduras como Estado independiente, sino que su influencia desestabilizadora ha señalado a diferentes episodios de la historia colonial y contemporánea, y hoy en día, continúa socavando la estabilidad institucional y el desarrollo socioeconómico del país.



De acuerdo a Transparencia Internacional, a nivel centroamericano Honduras encabeza los índices de mayor percepción de corrupción, seguido de Nicaragua y El Salvador, siendo el país que salva de este lastre a la región centroamericana, Costa Rica, quien se posiciona entre las naciones menos corruptas.


De ahí que no sea casual que otro informe internacional que habla acerca de los países más prósperos del mundo, ubique a Honduras en la posición número 85 como nación “menos próspera”, es decir, con menores oportunidades de desarrollo.


Según el Instituto Legatum del Reino Unido, responsable de este último estudio de prosperidad, Honduras cayó seis puestos de su última calificación (79), cuando se ubicaba por encima de El Salvador. Honduras ha perdido más posiciones este año y ha visto empeorar sus niveles de capital social, revela el informe.


El estudio toma en cuenta ocho subcategorías que van desde economía, situación empresarial y oportunidad, gobierno, educación, salud y seguridad, libertad personal y capital social.


Los dos informes, nada positivos para el país, tienen una explicación lógica de fondo: impunidad. La prosperidad no existirá mientras persista la impunidad y ésta no desaparecerá mientras haya corrupción, es una lógica perversa, pero real en el caso hondureño.


Precisamente, en esa lucha contra la impunidad que se libra desde diversos sectores del país, es que los casos de corrupción no pueden ser olvidados ni perdonados. De acuerdo al último Informe Nacional de Transparencia de la eliminada Unidad de Conocimiento y Análisis del Consejo Nacional Anticorrupción, más del 45 por ciento de los hondureños considera que la principal causa para que exista corrupción en el país es la no aplicación de las leyes.


El Informe que evaluó el año 2009, indica que un 54 por ciento de los hondureños considera que en el país existe “demasiada” corrupción. Destaca entre los casos más sonados el caso de la subasta pública de madera “abandonada”, en particular en la biosfera del Río Plátano.



También el caso del “Hoy no circula” del 2008 en la administración del ex presidente Manuel Zelaya; el caso de CID Gallup siempre en ese mismo año, en donde el Poder Ejecutivo contrató sin proceso de licitación a la empresa CID Gallup para que realizara una encuesta a fin de conocer el posicionamiento del Presidente en 25 meses de gestión y la impresión de la población sobre la figura del mandatario. Se firmó un contrato por 75 mil dólares, (1,5 millones de lempiras), por lo que se requería hacer una licitación.

Otro caso que señala el informe es el de la energía a base carbón, siempre en el 2008, y luego en el 2009 el Aeropuerto en Palmerola. En ambos casos, el Tribunal Superior de Cuentas había iniciado procesos de investigación, así como en otros, por lo que la corrupción en la administración de Manuel Zelaya no se “inventa” posterior a la crisis de junio de 2009, sino que es algo documentado con anterioridad, según se puede inferir del informe en base a documentos legales citado en el informe de transparencia.


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