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Corrales: Sí vale 'estado de necesidad' para militares, también para Zelaya



Tegucigalpa - El ministro de Planificación, Arturo Corrales, dijo este lunes que si el "estado de necesidad" benefició a los militares en el juicio por haber sacado del país al ex presidente Manuel Zelaya también debe permitir destrabar los procesos contra éste en aras de la "necesidad nacional", como ha pedido el gobernante Porfirio Lobo Sosa.
 

- Las cosas se deshacen como se hacen, adelanta el hábil negociador político

Corrales expuso en el programa "Frente a Frente" de Canal 5 la estrategia y los argumentos de Lobo Sosa para que la Procuraduría General de la República pidiera al juzgado el nombramiento de abogados defensores de Zelaya y así reactivar los procesos por acusaciones de corrupción interpuestos por el Ministerio Público.

"Las cosas se deshacen como se hacen", resumió el hábil negociador político, uno de los hombres mejor informados sobre el conflicto del 28 de junio de 2009, al ilustrar los objetivos de la actuación de la Procuraduría.

Manifestó que, "si es valedero el estado de necesidad (para los militares), cuanto más valedero lo que el presidente ha dicho, que es de necesidad nacional destrabar esto y que sea en base a ley".

"Tenemos que aterrizar este problema porque para algunos hondureños y para muchas personas que no son hondureñas, pero que tienen comunicación con nosotros, esos dos juicios que le quedan a Manuel Zelaya Rosales se siguen percibiendo como juicios políticos", expresó Corrales.

"Confiamos cuando le decretaron a los de la Junta de Comandantes que era correcto invocar el estado de necesidad, pero no confiamos cuando el presidente de la República le dice (a la Procuraduría): 'Este es un estado de interés nacional, persónese'. ¿Por qué no, cuál es la diferencia?", argumentó Corrales.

Además, "esta es la pregunta: ¿La extradición de don Manuel Zelaya Rosales fue un momento político o jurídico?, porque como se hacen las cosas se deshacen".

"Entonces le corresponde al estamento judicial de nuestro país abordar esto y es muy probable que no todos quedemos contentos, pero todos vamos a tener que aceptar ese fallo si queremos vivir en un Estado de Derecho", agregó.

Corrales sostuvo que Lobo Sosa tomó la iniciativa "en procura de la misma justicia, en procura de la armonía".

Recordó que "la Fiscalía ha actuado y ha actuado bien, y actuó tan bien que dijo: 'Yo voy a presentarles requerimiento a la Junta de Comandantes porque un ciudadano salió del país'. Esa también es una verdad dentro del sistema".

"También es una verdad que los jueces han aplicado la amnistía y en otros casos no la han aplicado; también es una verdad entonces que los militares, la Junta de Comandantes, invocó estado de necesidad; también es una verdad que el presidente de la República tiene la prerrogativa de decirle a la Procuraduría General de la República, le manda una carta diciéndole: 'Persónese porque este es un estado de interés nacional'", enfatizó.

"Esta situación es de interés nacional y todos sabemos que es de interés nacional", insistió el titular de la Secretaría de Planificación y Cooperación Internacional.

Destacó que se haya encontrado una salida mediante "el diálogo porque, sin comprometer su institucionalidad y su juicio la Corte Suprema de Justicia, sin comprometer la Fiscalía su actuación, a petición del Poder Ejecutivo, (con) la complementariedad que manda el país, han encontrado una cosa que no viola la institucionalidad ni compromete la independencia" de los órganos del Estado.

"Lo que se andaba buscando es cómo tomaba impulso el juicio para no estar estancado, o sea cómo se tomaba impulso el juicio sin que se violara la ley, eso es lo que se andaba buscando", expresó.

Corrales reafirmó que "en este diálogo ni la Corte Suprema de Justicia ha comprometido su independencia ni la Fiscalía ha comprometido su criterio".

Lo que ha ocurrido, dijo, es que "el presidente de la República ha tomado el impulso diciendo: 'Estoy convencido de que no podemos dejar esto estancado'; entonces, se encontró una forma de impulsar que esto no siguiera estancado".

El funcionario y negociador político sostuvo que la intervención de la Procuraduría no tiene el objetivo de dejar impune a Zelaya.

"No estamos hablando de impunidad. Por tanto, no estamos hablando de debilitamiento de la institucionalidad; estamos hablando dentro de la institucionalidad y queriendo no provocar nada de impunidad, encontremos la justicia", aseveró.

"Nadie quiere que haya impunidad en el país; si el Tribunal Superior de Cuentas tiene algo qué hacer, que lo haga, pero empecemos el debido proceso en esta situación, vamos a tener satisfacciones; si no lo hacemos así, seguiremos, como dicen, sobándonos las heridas", agregó.

Recordó que, en todo caso, "Honduras es signataria de la Convención Interamericana contra la Corrupción, que dice que la corrupción no es amnistiable".

"No dejemos estancados estos juicios, se ha encontrado una salida que permite que unos abogados defensores expresen su mejor criterio en defensa del ciudadano Manuel Zelaya Rosales", expresó el funcionario.

A su criterio, algunos escenarios de la resolución judicial podrían ser una nulidad parcial para que los procesos vuelvan al Tribunal Superior de Cuentas, un sobreseimiento a favor de Zelaya o que los casos continúen.

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