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Honduras: Informe del CONADEH desnuda falencias en derechos humanos



Tegucigalpa.- Pidió cita al Congreso para entregar su informe anual al pleno, pero éste nunca le respondió, por lo que optó por una rendición pública de cuentas ante un auditorio diverso, que de la mano del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos, Ramón Custodio, conoció las debilidades y fortalezas en derechos humanos por parte del gobierno, a quien le apuntala deudas.
 

- Sustenta la no conveniencia de suscribir millonario contrato por Tarjeta de Identidad
- Denuncia colusión en contra de institucionalidad

#Son cuentas con los periodistas en materia de impunidad por asesinatos a comunicadores; preocupación por la “confabulación” en contra del Estado de Derecho; mayor atención a las políticas de seguridad ciudadana y advertencia sobre lo que podría ser un “negocio impropio” en relación a la Tarjeta de Identidad, entre otros aspectos.

En su informe, Custodio sostiene que es consciente que el texto constitucional vigente, ha sido reformado “sin apego al procedimiento señalado por la misma Constitución, y en consecuencia, no habrá poder del mundo que lo haga alquilar o vender su conciencia para someterse a la arbitrariedad”. Así de directo, así de sencillo.

Exigiendo mayor igualdad de oportunidades en cuanto a soberanía alimenticia, educación para la vida digna, salud con calidad y calidez, trabajo digno; seguridad sin violencia y seguridad social, el informe anual del Comisionado Nacional de los Derechos Humanos (CONADEH), señala como los entes más denunciados por violaciones humanitarias a la Policía Preventiva y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC); las Secretarías de Salud y Educación; los Juzgados de Paz y de Letras, los Centros Penales; las alcaldías o gobiernos locales y el Ministerio Público, en base a denuncias del Sistema Nacional de Quejas.

Pero también externa su preocupación al indicar que “es evidente la agenda política compartida por dos de los Poderes del Estado en contra del Poder Judicial, lo cual violenta la norma constitucional de los pesos y contrapesos cuando los poderes son complementarios e independientes y sin relaciones de subordinación, y se hace ostentación de una apología para ponerle fin a la norma de la obligatoria alternabilidad en el ejercicio de la Presidencia de la República, como dicta el artículo 4 de la Constitución vigente”, señala.

“Si entendemos el Estado de Derecho como aquel en donde sus autoridades se rigen y están sometidas a las leyes, podemos afirmar que en Honduras el Estado de Derecho se ve vulnerado diariamente”, afirma el comisionado Ramón Custodio.

Custodio dijo que a lo largo del 2010, se observa incumplimiento al mandato legal que tienen las diferentes instituciones del Estado, orientadas al debilitamiento institucional, afectando así el Estado de Derecho”.

En este sentido, señala como una de las instituciones que comete estas arbitrariedades a la Secretaría del Interior y Población (antes de Gobernación y Justicia), debido a que en la mayoría de los casos presenta un claro retardo en la emisión de sus resoluciones administrativas.

Como ejemplo, cita que en febrero de 2010 se le presentó una solicitud de indulto, la cual, “casi 9 meses después y sin haber sido resuelto lo solicitado, expresan que ahora la conocerá otra Secretaría de Estado, sin que hasta la fecha se haya procedido a pasar el expediente en referencia a esa nueva Secretaría”.


De igual manera, “debemos mencionar al Instituto Nacional Agrario, por la negativa del Director a dar cumplimiento a una sentencia de la Corte Suprema de Justicia, aplicando arbitrariamente un decreto de expropiación que fue dejado sin valor ni efecto por el Poder Judicial, quien cumple con responder a nuestros oficios, más no muestra ningún interés en restituir los derechos que oportunamente se han señalado, al punto que hemos remitido dos expedientes a la Fiscalía Especial de Lucha contra la Corrupción”, denunció el defensor del pueblo de Honduras.


Las denuncias sobre violaciones a los derechos humanos desde un ángulo más integral, llevaron al CONADEH a 141 de los 298 municipios del país, donde atendió 121 denuncias o quejas e instaló 171 unidades móviles para su atención.

En el año 2010, el CONADEH brindó 10,178 atenciones, de las que 2,645 fueron orientaciones con acompañamiento cerradas totalmente y 7,533 quejas de las cuales se concluyó 6m674 (85.4%), un 61.4% por restitución de derechos y un 38.6% por otros motivos, entre ellos, carencia de fundamento, falta de interés del peticionario, informe de no responsabilidad, desistimiento expreso, entre otros. También se restituyeron derechos a 136 personas por vulneración a sus derechos como adultos mayores.

De ese total de 10,178 casos registrados, 4923 correspondieron a quejas contra autoridades, siendo las más denunciadas por violaciones a los derechos humanos la Policía Preventiva y la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) del Ministerio de Seguridad, las Secretarías de Salud y Educación, los Juzgados de Paz y de Letras; los Centros Penales, las Alcaldías y el Ministerio Público. Otro órgano que fue denunciado es la Defensa Pública.

En materia de acceso a la justicia, el CONADEH señala que los procesos de denuncia por parte de la ciudadanía ante la Policía Nacional son excesivamente burocráticos, engorrosos y hasta desmoralizantes, tendientes a victimizar nuevamente a los afectados.

“Este extremo es avalado por la cantidad de quejas registradas, donde lo que se solicita es e seguimiento a la respectiva denuncia ya interpuesta ante la Policía Nacional, encontrándonos que en la mayoría de los casos, los expedientes carecen de alguna diligencia investigativa”.

También es notoria la deficiencia técnico-logística para la investigación científica del delito por parte de los entes investigativos de la Policía Nacional, aún cuando sí poseen el recurso humano para realizar éstas diligencias. “Adicionalmente, en lo relativo a la celeridad requerida para una efectiva y oportuna investigación, se manifiesta una falta de acción en las investigaciones y una mora injustificable, situación que estimula la impunidad”.

- La Tarjeta de Identidad
- Violaciones a la libertad de expresión

#La Tarjeta de Identidad

Uno de los hechos relevantes en el informe del CONADEH se refiere a la identificación de las personas y el artículo 88 de la Ley del registro Nacional de las Personas que señala que “La Tarjeta de Identidad, constituye el documento de identificación personal e intransferible; obligatorio para que el ciudadano pueda ejercitar todos los actos políticos, académicos, civiles, financieros, administrativos, judiciales, notariales, policiales y en general para todos aquellos casos en que por mandato legal deba ser presentada”.


Pese a que Honduras fue el primer país en hacer uso de tecnología biométrica en su sistema de registro civil, mediante las huellas de los dos dedos índices (bidactilar) posteriormente en el año 2003/2004 el registro de los cinco dedos de cada mano (decadactilar); asimismo, se implementó el procedimiento que permite el cambio de imagen de la fotografía del ciudadano conforme a su edad, pero todavía no se ha hecho nada para incorporar ninguno de estos dos cambios en las tarjetas emitidas antes, lo cual sería subsanable en la emisión de una nueva tarjeta de identidad, apunta el Informe.

Agrega que “se alega indebidamente una inseguridad de la tarjeta de identidad, a pesar de que el documento actual tiene en el Morpho Touch la certificación que legitima la propiedad de la tarjeta de identidad, vía huellas dactilares del portador contra la información almacenada de ellas en el código bidimensional del anverso de la tarjeta de identidad”.

“Entendemos que la mala administración del sistema es lo que hace más vulnerable en cuanto a la falsificación u obtención por suplantación de identidad, por la inobservancia en los procedimientos de inscripciones por reposición y por no mantener actualizados los registros de los ciudadanos, específicamente a nivel de notas marginales (aproximadamente un millón de ellas)”.

El CONADEH manifiesta en su informe anual que en cuanto al nuevo diseño de la tarjeta de identidad, éste “encarecería el costo de la tarjeta de identidad y sería improcedente, ya que habría necesidad de imprimir una cantidad no calculada de tarjetas que en la actualidad están vigentes, y el ciudadano estaría portando dos (2) documentos de identidad vigentes; lo cual lo vuelve innecesario tanto por razones técnicas como presupuestarias”.

Por otro lado, sostiene, incorporarle un microchip al nuevo documento no serviría de mucho, porque en la actualidad ni el Registro Nacional de las Personas (RNP) ni ningún otro ente gubernamental, cuentan con la tecnología necesaria para la lectura de este agregado, asimismo, no existen convenios para el manejo de la información interinstitucional de la cual, cada ente guarda con mucha cautela y reserva; además del aumento del costo sin ninguna ventaja en las 300 mil reposiciones anuales”.

El CONADEH señala que en este aspecto ha habido negligencia estatal y propone para dar mayor confianza al documento vigente,cambiar el tipo de papelería usado en la actualidad por policarbonato, como ya lo han hecho varios países de América y Europa. También propone que el Proyecto de Identificación Nacional (PIN) incluya un proceso de identificación para mayores de doce (12) y menores de dieciocho (18) años de edad, de acuerdo a lo establecido en la Ley de Convivencia Ciudadana, porque en la modernización del RNP en el año 2004 el sistema quedó adecuado para la documentación de menores y la custodia del documento hasta el cumplimiento de la ciudadanía.

De ahí que la intención del Poder Legislativo de imponer un costoso y millonario proceso para una tarjeta de identidad “multiusos” pero nada funcional, altera el Estado de Derecho, según el CONADEH, que cuestiona en su informe la violación que hiciera el Congreso a una sentencia firme emitida por el Poder Judicial en cuanto a la llamada migración” de frecuencias bajo la cual expropió un canal a un particular para dárselo indebidamente al Ejecutivo.

#Violaciones a la libertad de expresión

El Comisionado de los Derechos Humanos, en su extenso informe, en donde detalla cada uno de los temas en derechos humanos sensibles para Honduras, aborda no solo los problemas atinentes al Estado de derecho e institucionalidad; la libertad de expresión y el asesinato de periodistas; la transparencia y anticorrupción, la seguridad pública, la Educación, la salud, el medio ambiente, sino que también la situación de la niñez, infancia y adolescencia, la violencia contra la mujer y los femicidios, la discriminación hacia las personas con VIH/Sida, el caso de los pueblos indígenas y afrodescendientes hasta la situación de las personas con discapacidad.

Cada una de estas acciones es objeto de un capítulo aparte que brinda a la población de un panorama amplio de la situación de derechos humanos en Honduras, con los desafíos que esperan al Gobierno y el Estado de Honduras para cumplir sus obligaciones.

La Libertad de Expresión como capítulo casi central dentro de los destacados del Informe, es vista por el ombusdman desde un ángulo en donde los periodistas han sido víctimas de amenazas a muerte, atentados contra su vida y asesinatos en “casi total impunidad, lo cual ha causado una prudente autocensura de parte de algunos comunicadores sociales, coartando la libertad de expresión por parte de los mismos.

No obstante, el Sistema Interamericano de los Derechos Humanos los ha dejado en estado de indefensión al negarles las medidas cautelares debidamente solicitadas”, cuestiona y desnuda el comisionado Ramón Custodio.

En materia de Educación, manifiesta que la mayoría de los niños no concluye su educación primaria al verse obligados a incorporarse al mercado laboral y las jóvenes además en los trabajos del hogar.

La deserción aumenta por las huelgas de los docentes ordenadas por la dirigencia magisterial realizadas durante todo el año. “E gremio magisterial sigue privando del derecho a la educación de calidad a los niños y a los jóvenes”, dijo Custodio.


En el área de la Salud criticó que este derecho es constantemente violado por el Estado al proponer que la Secretaría de Salud deberá realizar una mejor programación y estimación del medicamento a comprar por cada año, para que sean más transparentes.

Entre las propuestas y recomendaciones del CONADEH, resalta la atención al tema migratorio, la creación de una política criminal que incluya una política penitenciaria, tras advertir el colapso de los centros penales, así como la impostergable necesidad de depurar a la policía.

Custodio también propone legislar en torno a las figuras de los delitos de desaparición forzada, femicidio y tortura para que éstos no queden en la impunidad como hasta hoy. También aprobar una política de protección social contra el desempleo, el servicio doméstico, asegurando que las personas con discapacidad estén incluidas en formal reales y efectivas. Esas y otras propuestas son las que contempla uno de los informes más completos en materia de derechos humanos presentado en el último año en Honduras.


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