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Honduras avanza hacia una “zona de exclusión” orientada a quitar el control a “grupos paralelos”



Tegucigalpa.- El avance de la violencia y el crimen organizado en los llamados “territorios calientes” del norte y el litoral atlántico hondureño, lleva al gobierno del presidente Lobo Sosa a proponer, vía Secretaría de la Defensa, una iniciativa de ley especial para conformar una “zona de exclusión aérea” en unos 33,443.8 kilómetros cuadrados que conforman los departamentos de Colón, Yoro y La Mosquitia, donde el control de las bandas del crimen organizado parece rebasar la capacidad de la autoridad.
 

El anuncio lo hizo el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas, el general Carlos Alberto Espinoza, al indicar que ante los últimos acontecimientos ocurridos en el Bajo Aguán, así como el decomiso de 13 fardos de cocaína que contienen cerca de 470 kilos de la droga, indican que el problema en la zona amerita de una intervención urgente.

En menos de 72 horas, los reportes del departamento de Colón registran una docena de muertes, en escenarios distintos pero asociados, donde se presume existe un grupo con “alto entrenamiento” que estaría tras las últimas matanzas a campesinos y guardias de seguridad privada, en el contexto de un largo conflicto agrario por problemas de tenencia de la tierra.

En medio de las disputas de tierras entre campesinos y terratenientes, las autoridades han identificado también “grupos paralelos” ligados al crimen organizado, lo que complica el esclarecimiento de los hechos.

Los primeros 600 efectivos


Hasta ahí, las autoridades policiales y militares iniciaron este martes el operativo “Xatruch II”, hacia el cual han destacado unos 600 efectivos del orden y que desató la alerta en ciertos grupos campesinos y humanitarios.

A ello se suma, el comiso que efectuara la noche del lunes un operativo conjunto de los cuerpos de seguridad del Estado junto a la Agencia Antinarcóticos de Estados Unidos (DEA, por sus siglas en inglés). La droga venía en una avioneta que aterrizó en la comunidad de Arenales, Yoro, y donde fue subida en vehículos, mismos que fueron interceptados por la policía.

El fin de semana, el presidente Lobo dijo durante una entrega del Bono 10 mil, que iba a proponer al Congreso Nacional otro paquete de reformas legales en materia de seguridad, que “espero no se asuste ni brinque nadie”.


Ambiente favorable en el CN

La “zona de exclusión aérea” podría ser una de esas iniciativas, que en el seno del Congreso Nacional tiene amplia simpatía si de salvaguardar la seguridad nacional y el territorio hondureño se trata, informaron parlamentarios de la Comisión de Defensa del hemiciclo legislativo.


Esa exclusión aérea sería de unos doce mil pies de altura, a determinadas horas, y en donde ninguna aeronave que transite la zona de exclusión podrá sobrevolar clandestinamente, como hasta ahora.

Si la nave no tiene plan de vuelo, no se reporta a la torre de control y no acata el llamado a identificarse, será forzada a aterrizar y sujeta a rigurosas investigaciones, dijo el subjefe del Estado Mayor Conjunto de las Fuerzas Armadas.

La designada presidencial, María Antonieta Guillén, dijo que las autoridades de Defensa y Seguridad están tomando las acciones y precauciones del caso porque no permitirán que esas regiones “se vayan de las manos”.

Pero los hechos reportan otras cosas. En el departamento de Yoro, con una extensión territorial de 7,939 kilómetros cuadrados, las avionetas clandestinas, bautizadas popularmente como “narco avionetas” sobrevuelan a diario, aterrizan en cualquier sitio, desmontan la droga y la suben ya sea en vehículos, camiones u otros medios en su paso de Sur a Norteamérica, según múltiples testimonios de pobladores, refrendados por afirmaciones discretas de autoridades.

Poblados remotos de ese departamento son controlados por el crimen organizado y recientemente la policía incautó en una hacienda, un fuerte cargamento de armas ilegales, pero dijo quiénes eran los dueños del sitio ni el fin o destino final de esas armas.


Las zonas a “recobrar”

La región de Colón no se queda atrás. Es uno de los llamados “corredores de la muerte” en el atlántico hondureño. Con una extensión territorial de 8,874.8 kilómetros cuadrados, su punto es envidiable y estratégico en el trasiego de la droga, tráfico de armas, robo de vehículos y otras modalidades del crimen organizado.

Las historias de jueces y fiscales son impresionantes sobre el accionar de la impunidad y el control que ejercen estos grupos paralelos de poder que disputan el poder público a la autoridad.


Finalmente, la región de La Mosquitia, con sus 16,630 kilómetros cuadrados y a donde se llega sólo por vía aérea o marítima, es otra de las plazas hondureñas codiciadas por el crimen.

El más reciente hallazgo de un submarino que transportaba 7.5 toneladas de cocaína, el mayor decomiso en la reciente historia de Honduras en un solo operativo.

Pero el ministro de Defensa, Marlon Pascua, dijo hace dos meses que la penetración del crimen organizado y el narcotráfico en la zona misquita era “alarmante”, al relatar que en uno de los operativos de captura de droga, pobladores de esa región se enfrentaron con armas a las autoridades para impedir su decomiso, por lo que hubo que solicitar refuerzos.

En recientes declaraciones, a prensa hondureña, el presidente de Guatemala, Álvaro Colom, dijo que el avance de la narcoactividad en América Central es tan fuerte, que él se atreve a señalar que por cada tonelada de droga que pasa por la región, mueren 18 centroamericanos.

La dimensión del problema rebasa las capacidades de los gobiernos del istmo que han unido esfuerzo a nivel de estrategias en materia anticrimen, quien se ha desplazado a la zona ante la guerra que libran México y Colombia contra las drogas.

De momento la “zona de exclusión aérea” abarca tres departamentos sensitivos, y si el Estado recobra el control de la misma, es probable que la experiencia se extienda a otros territorios calientes del país, confiaron fuentes de seguridad.


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