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¿Se encamina Honduras a un gobierno parlamentario?



Tegucigalpa- Una progresiva y evidente política de intromisión de roles en los poderes estatales está siendo cuestionada por diversos sectores que incluso han llegado a interrogarse si en Honduras alguien trata de cambiar la forma de gobierno establecido en la Constitución Política.
 

Este país centroamericano tiene una carta magna que señala que su forma de gobierno es Republicana presidencialista pero observadores políticos visualizan que en el actual periodo constitucional hay señales de una república con forma de gobierno Parlamentario.

Y es que el Congreso Nacional, dirigido por Juan Orlando Hernández, realiza, cada vez más, actividades propias del poder Ejecutivo, encargado por la Constitución de ejecutar las actividades y proyectos, mientras al Parlamento se le atribuye las funciones clásicas de redactar y aprobar leyes que luego serán ejecutadas por el gobierno central y sus instituciones autónomas y en caso de conflicto le corresponde al Poder Judicial arbitrar la legalidad o ilegalidad de los actos.

El primero en alertar sobre el cambio o usurpación de roles fue el precandidato presidencial del partido Liberal, Edmundo Orellana Mercado, quién denunció lo que llamó la “injerencia del Congreso” en la Presidencia al asumir funciones administrativas propias del gobierno.

Orellana Mercado dijo que de continuar la tendencia el Congreso Nacional se transformará en un Parlamento, lo que indicará, de facto, un cambio constitucional en la forma de gobierno.

En teoría constitucional, en los gobiernos parlamentarios, ya sean monárquicos o republicanos, el poder real radica en que el parlamento y el gobierno deben rendir cuenta a dicha institución. Los jefes de Estado nominalmente son el Rey o el Presidente, pero son más de representación.

Orellana Mercado, que lanzó su preocupación en el programa Frente a Frente de Televicentro, llamó a detener dicho proceso de cruce o “injerencia” en las actividades de los poderes estatales, de lo contrario indicó que se estaría violando la Constitución al cambiar de hecho la forma de gobierno de un régimen presidencial a uno parlamentario.

Acciones

El precandidato presidencial liberal ejemplifico su tesis en que el Congreso Nacional designa a los miembros de la Comisión de Competitividad, las Alianzas Pública-Privada, también asumió el Consejo de la Judicatura, una instancia del Poder Judicial.

Pero si las preocupaciones iníciales provienen de fuera, la semana pasada cuando se aprobó el contrato de compra de 100 megas de energía térmica, hubo otra evidencia del cruce de funciones y de la alarma que eso provoca.

Al final de la votación el titular del Congreso Nacional, Juan Orlando Hernández, propuso que se agregará un artículo donde se ordenaba a la Empresa Nacional de Energía Eléctrica (ENEE), que presentará un estudio sobre la medición de la energía y que presentará alternativas competitivas ya que el contrato con la empresa actual no se prorrogaría.

A pesar que la ENEE es una dependencia del Ejecutivo y las tareas señaladas por Hernández también corresponden al Presidente de la República, el titular del Congreso Nacional también le asignó otras tareas como un plan de modernizar las líneas de transmisión y distribución.

Ante tal mensaje, el diputado por la democracia cristiana, Ramón Velásquez Nassar, intervino ante la cámara para corregir a Hernández e indicarle que las indicaciones solo podían ser consideradas como sugerencias o recomendaciones, pero no órdenes ya que esa es potestad del Poder Ejecutivo.

Igualmente se quedó en que la ENEE debe presentar en un par de meses lo que exige Hernández.

En intervenciones en otros medios de comunicación la interferencia de funciones queda señalada como cuando un diputado de la región occidental hondureña por el oficialista partido Nacional, reclama para el Congreso Nacional la construcción de carreteras, letrinas, impulsar pequeñas industrias como las tortillas como parte de la “proyección social” de los diputados.

Hernández impulsa un programa de transferencia de tecnología a las productoras de tortillas y afirma en la propaganda que beneficiará a más de de 35,000 mujeres.

Igualmente hay impulsos en otros programas de “proyección social” que son tareas del ejecutivo, pero que las ejecutan los diputados a escasos meses que se convoque a elecciones primarias.

Por su lado los diputados del sector atlántico y caribeño del país anunciaron que impulsarán desde el Congreso Nacional un proyecto para el Instituto Hondureño de Seguridad Social (IHSS) construya una clínica u hospital regional en la zona a fin de beneficiar a los asegurados de Islas de la Bahía, Colón, Gracias a Dios y parte de Atlántida.

El proyecto favorecería a unos 7,000 afiliados al Seguro Social de la zona.


Defensa

Ante los señalamientos de “injerencia” y cambio de gobierno, señalados pro Orellana Mercado, salió en defensa del actual estado de costas el diputado Oswaldo Ramos Soto indicando que no existen intromisiones de competencia y destacó que el legislativo respeta la actual forma de gobierno republicano.

Ramos Soto, catedrático de derecho constitucional, explicó que las formas de gobierno parlamentario se caracterizan porque los miembros del gabinete son integrantes del Parlamento, incluyendo al jefe de Gobierno, y que ello no ocurre en el país.

El diputado Ramos Soto no hizo alusión a la cantidad de diputados que gozan de permiso para integrarse al gabinete de gobierno.


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