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Narcotráfico y colusión policial toman el pulso a la seguridad en 2012



Tegucigalpa.- Mientras el 2012 se ha estrenado la primera masacre en el occidental departamento de Santa Bárbara y otros hechos violentos se han reportado en diversos puntos del país, los desafíos en materia se de seguridad siguen centrados en la obligada depuración policial y el combate al crimen organizado y al narcotráfico.
 

Mientras el año arranca con los de rigor, el cultivo que le dio al país el triste calificativo de país más mortífero del mundo tuvo su caldo de cultivo en la cenada de hechos que se desarrollaron a lo largo del año que recién concluyó.

En febrero de 2011 el gobierno del presidente Porfirio Lobo renovó su compromiso a favor de garantizar la seguridad a la ciudadanía, pero lejos estaba de imaginar que ese año sería marcado por una fuerte presencia del crimen organizado, en especial el narcotráfico que tendría entre sus principales aliados a la Policía Nacional, cuya colusión aflora tras el asesinato de dos jóvenes universitarios y otra serie de hechos ligados al extravío de armas, secuestros, extorsión, pérdida de institucionalidad en plazas territoriales claves, entre otros.

El 2011 cerró según el Observatorio de la Violencia de la UNAH con 800 muertes más que el año anterior y se registra un promedio diario de 19 muertes violentas.

Muchos de estos crímenes están ligados a la modalidad del sicariato asociadas a cruentos hechos.

La violencia en el 2011 aflora en febrero con el asesinato en Copán de un hermano de un diputado que también había sido acribillado meses antes. Así arrancó el año para continuar su ruta con la presencia del narcotráfico, que dejó hace mucho tiempo de utilizar al país como puente de paso en la ruta de Sur a Norteamérica para volverse un negocio que trafica, almacena y distribuye drogas y armas, dentro y fuera del territorio hondureño.

La presencia del narcotráfico

Los registros de Proceso Digital revelan que a lo largo de este período la narcoactividad se vio desnudada por varios golpes otorgados por las autoridades militares y uno que otro operativo policial que van desde el descubrimiento de un supuesto narco laboratorio en el corazón de la cordillera de El Merendón, en San Pedro Sula, el desmantelamiento de mansiones lujosas en esta ciudad y en La Ceiba, Roatán, Islas de la Bahía y en la región de La Masica, en Atlántida.


Mientras la revista mexicana Proceso destacó en sus planas un reportaje sobre los sitios en donde se movía el Chapo Guzmán, un capo de la droga y uno de los hombres más ricos del mundo, que lidera el cartel mexicano de Sinaloa con conexiones internacionales y que es de momento el hombre más buscado por Estados Unidos y las autoridades mexicanas.

En ese reporte se informó que el “El Chapo” Guzmán se mueve en las zonas de Guatemala y Honduras, en la frontera en el occidente hondureño, donde goza de la protección de los uniformados, versión que fue negada por las autoridades hondureñas.

Suman a este retrato de la inseguridad y el afincamiento del narcotráfico, la noticia de la captura por parte de guardacostas estadounidenses con ayuda de los militares hondureños, de un narco-submarino en las aguas del Caribe, cerca de las costas de La Mosquitia, uno de los sitios en la geografía nacional vinculado a la principal descarga y distribución de droga en América Central, debido a su lejanía y lo selvático de la zona.

El narco-submarino portaba 7.5 toneladas de droga, un comiso jamás registrado en la historia del país que bota la vieja tesis de que Honduras era un país puente de la droga. Al cierre de 2011, las autoridades militares hablan de un decomiso de 21 toneladas de droga en Honduras, la captura de otros tres narco-submarinos, pero se resisten a aceptar cuestionamientos internacionales de que la nación está “permeada” por la narcoactividad.

Informes del Departamento de Estado de Estados Unidos advierten del desplazamiento de los carteles de la droga mexicana hacia territorio centroamericano, ante la guerra que libra el gobierno mexicano con las mafias de este delito transnacional.

Los carteles mexicanos con mayor presencia en América Central son Los Zetas y el cartel de Sinaloa. El cartel de Sinaloa tiene predominio en Costa Rica, Nicaragua y Panamá, aunque también se encuentra en Guatemala y Honduras, según expertos de la justicia en Washington.


Zonas calientes

Regiones como Colón, Atlántida, Cortés, Copán, Ocotepeque, Santa Bárbara, La Mosquitia y Yoro, mantienen la primacía en cuanto al calificativo de los llamados “corredores calientes” del narcotráfico, al cual se suma desde hace dos años un territorio más: Olancho.


El gobierno anunció incluso la posibilidad de crear una “zona de exclusión aérea” para el control de la droga en muchos de estos territorios. La medida no se materizalizó.

En Tocoa, en Colón, conocida ahora por sus habitantes como “la pequeña Colombia”, fallece un juez que había salido ileso de un atentado en esa misma zona; las autoridades crean la figura del “Juez Especial” con jurisdicción nacional ante las intimidaciones que son objeto los togados que llevan casos de crimen organizado.

En Cortés, asesinan al jefe de los fiscales cuando investigaba un caso de presunta implicación policial en bandas delictivas de crimen organizado y narcotráfico.

Todas estas muertes registradas a lo largo de 2011 se mantienen impunes.


Colusión ideal

A fines de agosto, el entonces ministro de Seguridad, Óscar Álvarez, destapa la olla de la podredumbre en la policía al señalar que existen al menos 10 oficiales de la policía implicados en el crimen organizado y el narcotráfico. Habla de oficiales corruptos que extorsionan, secuestran, trafican droga e incluso dirigen bandas de secuestradores y robo de vehículos.

La inseguridad en ese período se encuentra en uno de sus puntos más álgidos por el repunte de los asesinatos, el atentado que recibe un jefe de la penitenciaría nacional que posteriormente abandonó el país, así como el intento de asesinato en contra de la directora del centro universitario regional del litoral atlántico de la UNAH en La Ceiba, quien tuvo que abandonar temporalmente el país.


Álvarez para ese entonces pedía poderes especiales, luchaba porque se le aprobara una polémica tasa de seguridad que finalmente encontró eco en el Congreso, pujó por retomar el proyecto abortado por los legisladores para regular el uso de motocicletas como contención a los sicarios y anunciaba el envío de una ley de extradición al congreso, cuando fue removido sorpresivamente del cargo por el presidente Lobo Sosa junto a todos sus viceministros.
Con la salida de Álvarez, aparece el fiscal general, Luis Rubí, declarando que no existen “indicios racionales” de que la autoridad policial esté penetrada por el narcotráfico y la denuncia del ex ministro pierde fuerza en ese otro operador de justicia responsable de la persecución e investigación del delito.

Lobo Sosa justificó el despido porque el entonces hombre fuerte de la seguridad en el país no le dio los resultados deseados y la criminalidad estaba incontenible. Pero el capítulo no se cerró ahí. El nuevo titular, Pompeyo Bonilla, se estrena en medio de la peor crisis que vive actualmente la Policía desde su traspaso al poder civil hace 23 años.


Respuestas tibias y perezosas

Dos jóvenes universitarios, entre ellos el hijo de la rectora de la UNAH, y su mejor amigo, mueren ejecutados por la autoridad y con ello empieza a rodar un rosario de crímenes policiales que llevaron al presidente Lobo Sosa a aceptar que “nunca imaginó” la dimensión ni gravedad del problema.


La policía se ve implicada en carteles de extorsionadores que se dirigían desde varias postas policiales de la capital, en el extravío de arma y municiones de las bodegas policiales, secuestro, asesinatos y vinculación al narcotráfico.

La ciudadanía y la comunidad universitaria se tomaron las calles y la clase política y gobernante diseñó las primeras medidas disuasivas que no logran entrar al fondo del problema, sólo lo rodean. La prensa es objeto de una escalada intimidatoria que va desde atentados hasta intentos de secuestros.

Cierra el 2011 con los asesinatos de la periodista Luz Marina Paz Villalobos y el experto en materia antidrogas, Alfredo Landaverde, justo cuando éste último se aprestaba a servir de testigo protegido en el esclarecimiento del asesinato hace dos años del zar antidrogas, Arístides González, según fuentes fiscales.

La reacción tardía y a veces perezosa de la autoridad, lleva a la embajada de Estados Unidos a anunciar el retiro de los voluntarios del Cuerpo de Paz afincados por más de siglo en el país, al tiempo que sale en las planas de uno de los principales diarios estadounidenses, The Washington Post, una radiografía de la inseguridad en Honduras, a quien califica como un país “mortífero” por su alta ola delictiva y penetración del narcotráfico.

¿Quién manda en Honduras? Preguntó hace dos meses la rectora de la UNAH ante la impunidad policial. La pregunta encierra la indefensión que vive la ciudadanía y sigue abierta para lo que viene este 2012.


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