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Destitución de magistrados de la Sala de lo Constitucional no está apegada a la Constitución, según ex presidente de la CSJ



Tegucigalpa-El ex presidente de la Corte Suprema de Justicia (CSJ), Miguel Ángel Rivera Portillo, aseveró hoy que la decisión tomada por el Congreso Nacional al destituir a cuatro magistrados de la Sala de lo Constitucional, no está apegada a los preceptos constitucionales, puesto que no hay ninguna faculta para realizar ese tipo de actos de parte del Poder Legislativo.
 

El ex funcionario reacciono luego de conocer la destitución de cuatro de los cinco magistrados que integraban la Sala de lo Constitucional de la CSJ, por el Congreso Nacional.

Con una votación 97 a favor y 31 en contra, fueron defenestrados los magistrados de la Sala de lo Constitucional José Antonio Gutiérrez Navas, Gustavo Enrique Bustillo Palma, Rosalinda Cruz Sequeira y José Francisco Ruiz Gaekel.

Según Rivera Portillo, a los cuatro magistrados no se les dio el derecho a la defensa por lo que se les violo su derecho de debido proceso.

“Si los magistrados cometieron un error ellos tenían que haber sido escuchados, para darles, por lo menos, ese elemental derecho constitucional de ser juzgados y condenados sin haber sido oídos”, ilustró.

Recordó que en 1985, el Congreso Nacional también tomo una decisión de esa naturaleza, “cuando fui llamado y se me dijo que cuatro o cinco magistrados habían renunciado y me pidieron que formara parte de la Corte Suprema de Justicia, en ese momento era presidente del Colegio de Abogados y tenía varias quejas de errores que estaba cometiendo la Corte, en ese sentido acepte formar parte”.

Agregó que luego surgió el conflicto pues se conoció que era mentira que estos magistrados no habían renunciado sino que destituidos, en ese sentido, él y los demás togados que aceptaron el cargo, fueron procesados y acusados de traición a la patria.

“Creo que los colegas que van aceptar estos cargos, tomen en cuenta ese precedente, no se vayan a lanzar a una aventura como la que nos tocó a nosotros en 1985”, argumentó.

Refirió que luego, se tuvo que emitir un decreto de amplia amnistía para poder ser liberados de ese delito por el cual fueron acusados.


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