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Fiscalía acusa a dirigentes del Copinh por provocar daños contra empresa que ejecuta proyecto hidroeléctrico en occidente



Tegucigalpa – La Fiscalía entabló una acusación formal ante los tribunales de justicia en contra de dirigentes del Consejo Cívico de Organizaciones Populares e Indígenas de Honduras (Copinh) a quienes se les responsabiliza de incitar a pobladores del occidente de Honduras a causar daños contra una empresa que desarrolla un proyecto hidroeléctrico en esa zona del país, conocida como Río Blanco.
 

Los dirigentes del Copinh, son acusados de incitar a la población a causar daños continuados contra la empresa Desarrollos Energéticos Sociedad Anónima (DESA), que realiza el proyecto hidroeléctrico Agua Zarca en Río Blanco, Intibucá, así como los cargos de usurpación, coacción y daños continuados.

La petición judicial la presentó el fiscal Henry Alexander Pineda contra los dirigentes del Copinh, Berta Isabel Cáceres, Tomás Gómez y Aureliano Molina, considerados como los autores intelectuales de inducir a pobladores de la zona a provocar daños materiales a la empresa DESA que ascienden a tres millones 359 mil 263 dólares, unos 67 millones de lempiras, según las evidencias presentadas por los afectados.

Según la petición del Ministerio Público, si los imputados no atienden el requerimiento fiscal, pide que se les emita orden de captura considerando que están identificados como los autores por inducción de destrucción de la infraestructura del plantel del proyecto destruyendo las instalaciones habitacionales, bodegas, quemando generadores y maquinaria, hasta impedir el ingreso del personal donde se incluye hasta asesores extranjeros.

Como medio de prueba, el Ministerio Público presentó una denuncia interpuesta por el alcalde municipal Martiniano Domínguez, otra presentada por la apoderada legal de la empresa DESA, Carolina Castillo, quienes adjuntaron videos y fotografías de los daños causados en el plantel donde se realiza el proyecto hidroeléctrico.

Por su parte, el Copinh, ha emitido un comunicado donde asevera que el miércoles 31 de julio, el Proyecto Agua Zarca retiró sus maquinarias del lugar, como parte de una reformulación de su estrategia de ingreso a la zona, y que está en el marco de un incremento de la represión contra esa organización.

“Denunciamos, que como parte de la estrategia de criminalización, se han desarrollado reuniones de alto nivel en diferentes poderes del Estado junto con altos mandos militares de las Fuerzas Armadas, en las que se incluye asesores de inteligencia militar del Ejército hondureño, más los dueños y ejecutivos de las empresas, donde han definido estratégicas para despedazar nuestra organización histórica y digna, entre estas decisiones perversas, está la de sacarnos vivos o muertos de Río Blanco, como dicen ellos, sobre todo después de las elecciones generales de noviembre, sin soltar la presión y hostigamiento contra el Copinh durante los meses previos”, señala el comunicado.

En ese sentido, el Copinh denuncia que el Poder Judicial y Ministerio Publico, han incrementado la persecución contra la coordinadora general, Berta Cáceres, concretizándose en la revocatoria que emitió la Corte de Apelaciones de Santa Barbará del sobreseimiento provisional que había resuelto el Juzgado Primero de Letras de esa ciudad; dándole total credibilidad a un antojadizo y malintencionado informe militar, y sumando nuevas acusaciones, en una acción persecutoria agresiva. “Esta decisión fue la consecuencia al recurso de apelación presentado por la Fiscalía, y a las presiones ejercidas por sectores del poder político, económico y militar producidas por DESA” acotó el comunicado.

Asevera que esa organización ha sido informada también sobre nuevas causas criminales planificadas contra los líderes comunitarios Aureliano Molina, Tomás Membreño y otros dirigentes de las comunidades del sector de Río Blanco.

“Dejamos claro que la criminalización y judicialización de las acciones de defensa de derechos territoriales de las comunidades lencas del Copinh, la militarización de la región, las amenazas de muerte a líderes de nuestra organización, a integrantes de base de las comunidades, a sus consejos indígenas, incluso contra niños y niñas Lencas, no van a lograr frenar este proceso de descolonización de nuestros territorios y de nuestras vidas. Tampoco nos detuvieron con las balas que asesinaron al compañero Tomás García e hirieron a su hijo Allan, casos por los que exigimos justicia”, advierte.


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