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El fantasma de la impunidad nuevamente recorre Honduras



Tegucigalpa - Los vientos de la política hondureña presagian otro capítulo de impunidad. Nuevamente el fantasma del perdón a favor de los de cuello blanco podría encubrirles y evitarles acudir a los tribunales.
 

- La canciller colombiana Holguín ha sido clara que los ex funcionarios de Zelaya acusados por corrupción no fueron contemplados en el Acuerdo de Cartagena.

En esta ocasión el beneficiado inmediato sería el ex ministro de la Presidencia en el gobierno de Manuel Zelaya, Enrique Flores Lanza.

Fuentes políticas han revelado que los hilos del poder se mueven para que Flores Lanza evada las acusaciones de corrupción en su contra, presentados por la Fiscalía, cobijándose en el manto de la persecución política y clamando que un Decreto de Amnistía y el Acuerdo de Cartagena, le cubre.

Flores Lanza es acusado por el Ministerio Público por los delitos de malversación de caudales públicos, falsificación de documentos públicos y fraude en el manejo de 30 millones de lempiras del Fondo Hondureño de Inversión Social (FHIS), y de 27 millones de lempiras de la Casa Presidencial para publicidad del proceso de la cuarta urna.

Parte de estos hechos están documentados, según fuentes oficiales acreditadas en el caso, debido a que trascendió un video en el que se muestra el retiro de una carretilla repleta de dinero de las propias bóvedas del Banco Central de Honduras (BCH), en un hecho que en su momento, impactó incluso a medios internacionales de prensa.

La justicia hondureña impuso a Flores Lanza la orden de arresto domiciliario y el pago de fianzas por 14 millones de lempiras, en el primer caso, y 13 millones, en el segundo caso.
El ex funcionario se ha declarado perseguido político.

Flores Lanza –quien cumple su pena de cárcel domiciliaria en la casa de sus padres- pidió este martes a los tribunales de justicia suspender el auto de prisión en su contra, y al Poder Ejecutivo que remita al Congreso Nacional el Acuerdo de Cartagena para su ratificación.

Con esta acción, califican politólogos locales, que el acusado pretende que los diputados retomen el tema e interpreten que el Acuerdo de Cartagena le es aplicable.

Bajo el Acuerdo de Cartagena el ex presidente Manuel Zelaya retornó al país el 28 de mayo de este año y el mismo permitió que los juicios en su contra fueran anulados pero por asuntos de forma en su presentación lo que no inhibe que los mismos sean nuevamente reactivados.

La posibilidad de que la amnistía se amplíe a actos de presunta corrupción contradice la opinión expresada por la canciller colombiana María Ángela Holguín, una de las negociadoras del Acuerdo, quien claramente dijo que los ex funcionarios del ex presidente Manuel Zelaya que tienen cuentas en los tribunales hondureños, por actos de presunta corrupción, no fueron contemplados en el acuerdo de Cartagena y por lo tanto deben acudir a asumir su responsabilidad frente a la justicia.


Salida

Fuentes ligadas al ex presidente Manuel Zelaya han revelado que mantienen reuniones con miembros del Congreso hondureño para lograr que los casos por presunta corrupción que se le imputan al ex ministro de la Presidencia de Zelaya se interpreten como hechos conexos a delitos políticos para buscar de esa forma la salida legal a los varios casos.

“Tengo entendido que en una primera instancia (buscan) ampliar el decreto de amnistía que aprobó este Congreso Nacional para que abarque al ex ministro de la Presidencia por supuestos actos de corrupción que están siendo ventilados ya en los tribunales de justicia. Para favorecerlo a él directa y exclusivamente”, denunció el diputado Antonio Rivera Callejas.


Violenta Convención Contra la Corrupción

Sobre este tema, el abogado y académico Rigoberto Espinal Irías, ha dicho que “modificar un decreto de amnistía para supeditarlo a favorecer a quienes se vinculan a presuntos actos de corrupción y malversación de fondos, es un acto fuera de la Ley”.

Son temas que “están excluidos de la Convención Internacional contra la Corrupción y eso no es posible”, dijo de forma contundente.

Otros analistas son de la opinión de que sí el Congreso Nacional accede a estas pretensiones, entonces que emitan a la par un decreto de cancelación del Poder Judicial, porque no tendría ninguna razón de existir.

Es una acción –advierten- que iría en contra de los preceptos de la Convención Internacional contra la Corrupción.

Honduras forma parte de la lista de países más corruptos del continente americano.


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