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Sino se veta, amenaza del “tasón migratorio” sigue vigente: Alfredo Saavedra
08:08
11
Enero
2012
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Autor del articulo: Especial Proceso Digital
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Tegucigalpa.- El sorpresivo “tasón migratorio” aprobado bajo confusas artimañas de “seguridad nacional” por el Congreso Nacional, puede entrar en vigencia en cualquier momento, si el presidente Porfirio Lobo no veta el decreto en los diez días hábiles que establece la ley y la Constitución de la República, en apego a la institucionalidad y al Estado de Derecho, reveló el ex presidente del poder legislativo y actual diputado por el opositor Partido Liberal, Alfredo Saavedra.

- CN impone “nuevo estilo” en violar la Constitución, afirman congresistas.

Sin medias tintas, Saavedra dijo que el artículo 216 de la Constitución establece claramente el procedimiento a seguir en este tipo de contratos, en donde una vez que es aprobado por el Congreso Nacional, éste lo envía al Ejecutivo para sancionarlo o vetarlo.

“El Poder Ejecutivo tiene 10 días hábiles para sancionar y el Presidente de la República decide no sancionar, debe regresarlo al CN con la fórmula “Vuelva al Congreso” y el Congreso tiene que tomar ahí una decisión parlamentaria histórica de someterlo a un nuevo procedimiento y regresarlo para que ya el Poder Ejecutivo, simple y sencillamente, no tenga la posibilidad de vetar, ni sancionar, simplemente publicar en el Diario Oficial “La Gaceta”, explicó. El Congreso puede aprobar o improbar, pero no existen decisiones “a medias”, aclaró.

Sí el polémico decreto no se sanciona y no se devuelve al Congreso, porque tampoco ha sido vetado por el Ejecutivo, “este decreto es ley de la República y se va a proceder a publicarlo en cualquier momento, en cualquier día y en cualquier hora. La Constitución es muy clara al respecto”, acotó Saavedra al advertir que no se debe bajar la guardia al respecto porque la amenaza de que ese paquetazo migratorio de inicio de año vuelva a aplicarse, aún no se ha disipado.

Si el presidente Lobo no veta la medida, “estamos dejando, no una ventana abierta, estamos dejando una puerta abierta para que en cualquier momento ese decreto sea Ley de la República. Yo le quiero pedir muy respetuosamente al Presidente de la República, que de una vez por todas vete este decreto, porque legalmente ese es el procedimiento”.

“Eso es lo que dice la Constitución de la República y eso es lo que debe hacerse cuando estamos viviendo, fomentando y promoviendo el Estado de Derecho en que vivimos, porque vivimos en un país con un régimen democrático. Cuando digo esto, quiere decir que la ley está por encima de la voluntad de quienes ostenten el poder, independientemente, que este poder sea un poder absoluto, concentrado en una sola persona, en un solo partido”, agregó Saavedra.

Palpable irrespeto a la institucionalidad

La posición de Saavedra fue refrendada por el diputado udeísta, Sergio Castellanos, al indicar su preocupación porque se está volviendo una práctica en Honduras, “el irrespeto a las instituciones del Estado”.

“A mí me enseñaban cuando estaba en la escuela y me decían: lo que sea que usted tenga al frente, aunque sea su maestro, hay que respetarlo – y las instituciones del Estado, independientemente de quiénes las conformen, pero son instituciones del Estado, hay que respetarlas”.

“A mí me parece que en Honduras se ha venido degenerando esta situación. Aquí el Congreso Nacional se irrespeta por parte de los mismos diputados y se irrespeta por los sectores que están afuera”, dijo el diputado Castellanos.

Indicó que existe un malestar entre los diputados porque” una cosa es hablar de 128 parlamentarios coludidos en este tipo de irregularidades y otra cosa es, hablar del Congreso Nacional como institución, y quienes nos sentimos limpios tenemos el deber de aclarar esta situación”.


Opacidad versus transparencia

Castellanos quien junto a Saavedra participaron del foro de debates de la televisión Frente a Frente que dirige el periodista Renato Álvarez, cuestionaron desde la discrecionalidad como se manejó el decreto e introdujo a la cámara legislativa, hasta las incongruencias del último comunicado del Congreso Nacional en donde se lava las manos en cuanto a la nueva carga impositiva que se dio a los ciudadanos, nacionales y extranjeros, que entran y salen del país al forzarlos a pagar 17 dólares de entrada y salida por estar en Honduras, es decir, un total de 34 dólares.

“Aquí no se conocen quiénes fueron los miembros de esa Comisión de Dictamen, aquí lo único que se menciona es que uno de los miembros es el ingeniero Francisco Rivera, él es presidente de una de las Comisiones de Presupuesto, es lo único que sabemos. O sea, aquí se cambió toda la dinámica, que se ha utilizado con los contratos”, dijo el diputado udeísta, cuyos parlamentarios, como la gran mayoría de los congresistas, se mostraron sorprendidos por la medida y la opacidad con que se actuó en medio de las promociones de “transparencia” de las que gusta hacer alarde el Legislativo.

Y siguió arremetiendo: “no es cierto lo que aclara ese comunicado escueto y pobre que hace el Congreso, que cuando el Ejecutivo manda un contrato, no se toca; ¡No, hombre, sí se tocan, se discuten! Ahí tiene usted ese famoso contrato de los 100 megas, ahí usted aquellos contratos de energía renovable que se aprobaron de forma irregular”.

Ambos parlamentarios son del criterio que tanto en el poder Ejecutivo como en el Legislativo existe una enorme confusión o “algún desconocimiento” de no querer cumplir la Constitución, al hablar de una “nueva forma de legislar”, cuando lo cierto es que es una nueva forma de violar la Constitución, explicaron.

El decreto del “tasón migratorio” fue mal planteado, inició mal y está terminando mal, sostuvieron, al reafirmar que el presidente Lobo Sosa no está cumpliendo su función constitucional de vetarlo, sino que dice: “no lo sanciono” pero tampoco lo quiere devolver al Congreso como indica la ley.

“Éste es un decreto que el Presidente de la República está obligado a vetar, a vetar para demostrar la buena fe con la cual el Gobierno está actuando; de lo contrario, desde mi punto de vista personal, profesional y como diputado siento, que realmente, no se está actuando con la mayor transparencia posible”, dijo el parlamentario Alfredo Saavedra.

La figura “no sanciono” no existe legalmente en este tipo de decretos y de acuerdo al parlamentario Castellanos, “los hondureños no necesitamos formar comisiones técnicas. Qué nos expliquen de qué seguridad nacional nos hablan”, dijo.


Las huellas de Securiport

A menos—agregó—que “hayan altos funcionarios del gobierno involucrados en este asunto, que lo vamos a llamar “contrato raro”, para hablarlo de forma diplomática; a menos que hayan altos funcionarios del gobierno involucrados en esto, que sean socios minoritarios de esta empresa, por lo cual esto se considera tema de seguridad nacional, verdad. Porque yo no le hallo otro motivo”.

El ministro del Interior, Áfrico Madrid, suscribió en nombre del Estado de Honduras un contrato con la firma Securiport, con base en Estados Unidos. Madrid dijo que no se llamó a licitación porque la firma es propietaria de la tecnología biométrica que se utilizará para el control de los pasajeros.

Pero en la página Web de la misma Securiport se explica que la verdadera propietaria y desarrolladora de la tecnología, hardware y software, de control biométrico para capturar huellas y transmitirla pertenece a la firma UltraScan con base en Buffalo, Nueva York, informó Proceso Digital.

Securiport solo es una licenciataria de la tecnología de UltraScan, que desarrolló el esquema y lo ha vendido en Estados Unidos y otras partes de Latinoamérica.

El “tasón migratorio” fue aprobado bajo la cobija de la inseguridad que asola al país argumentando que con ello ya no podrán entrar al país narcotraficantes, sicarios, lavadores de activos y otras figuras del crimen organizado que hacen de Honduras “un potrero”, según explicara el titular del Legislativo a medios de prensa.

La medida ha generado un repudio jamás imaginado por el gobierno y los congresistas que no saben cómo enderezar el entuerto, al dejar abierta la discrecionalidad para que la medida sea aplicada al amparo ahora de “comisiones técnicas” como parte de su nueva forma de “legislar” y “gobernar”.















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