Asimismo, esa dependencia del Ministerio Público, ha solicitado a la Comisión Nacional de Bancos y Seguros (CNBS) para que remita copia de los estados financieros, movimientos de activos y contrataciones con el Estado de la Fundecima.

El portavoz de la fiscalía de Lucha Contra el Crimen Organizado, Carlos Vallecillo, indicó que esa dependencia, a través de la unidad contra el lavado de activos, ha girado un oficio a las autoridades de la secretaría del Interior y Población para que remita el origen de la fundación, con el objeto de establecer que no se trata de una organización no gubernamental de maletín.

Agregó que lo que se busca es llegar al fondo del asunto y asimismo se hacen otras diligencias con respecto a este caso en particular.

Vallecillo indicó que igualmente se harán todas las gestiones a fin de verificar todas las actividades económicas de esa fundación y se intentará girar oficios a la CNBS para que remita los movimientos de Fundecima.

Sobre la libertad otorgada a la señora Dinora Suyapa Aramburi López, esposa del ex ministro de Finanzas, Héctor Guillén, a quien se le encontró en posesión de un millón 150 mil lempiras, en un operativo de rutina en la posta de El Durazno en la salida de la carretera del norte, Vallecillo explicó que la misma Ley del Ministerio Público, le confiere al fiscal de turno hacer un cierre administrativo.

En ese sentido, a Aramburi se le otorgó un auto de libertad que se conoce como “por ahora”, pero destacó que el caso sigue abierto.

La Fundecima salió a relucir luego que el periodista de Choluteca, Ariel De Vicente, denunció que Guillén firmó con esa organización, un contrato de arrendamiento de las seis fincas y la planta empacadora de camarones por un monto de 500 mil lempiras anuales, pero que anteriormente el Estado recibía 40 millones de lempiras al año por esa concesión.

Asimismo, De Vicente aseveró que el millón 150 mil lempiras que se encontró en el vehículo en el que se trasportaba la esposa de Guillén junto a su hijo y su conductor, podría ser parte de 3.2 millones de lempiras de una colecta que se pagó como coima por haber facilitado la concesión del arrendamiento a la fundación.