El Informe sobre “Seguridad Ciudadana y Derechos Humanos”, destaca la necesidad urgente de modificar las políticas públicas existentes sobre seguridad ciudadana, así como priorizar la prevención de la criminalidad y la violencia frente a las estrategias de represión que no han tenido los resultados esperados.

Según el informe, las políticas existentes, son basadas en la reducción de garantías procesales y la disminución de la edad para aplicar el derecho penal a adultos y niños.

Aunque el informe fue realizado para la región centroamericana es presentado en Honduras en el momento en que el país se encuentra en los primeros lugares que presentan muertes violentas y un elevado índice de criminalidad.

Por lo cual, la recomendación en el documento es diseñar y desarrollar planes y programas de prevención, disuasión y represión frente a hechos de violencia y criminalidad, siempre dentro de los límites que establecen los estándares y los principio de Derechos Humanos.

Igualmente destaca la necesidad de adoptar medidas para profesionalizar la Policía y que una política pública, tome en cuenta la seguridad y los derechos de los agentes del Estado y elementos policiales.

Por su parte, el informe de “Justicia juvenil y Derechos Humanos en las Américas”, expresa su preocupación por la disminución de garantías procesales, la disminución de la edad mínima de responsabilidad ante el sistema de justicia juvenil o el incremento de penas.

Para el caso, autores de estudio señalaron que Honduras ha adoptado la edad mínima de absoluta internacionalmente de 12 años para imputar responsabilidades a un menor por infringir leyes penales.

Asimismo que la policía trata de forma discriminatoria a la infancia y la adolescencia, arrastrando selectivamente a los que son más pobres y a quienes por su apariencia son considerados miembros de ciertos grupos o pandillas.

Consecuentemente, la vulnerabilidad que sufren durante su privacidad ya que en Honduras al igual que El Salvador, Guatemala y Nicaragua, es frecuente encontrar entre 10 y 30 niños en una celda.

Según la designada presidencial, María Antonieta Guillén, adicional al gobierno, es necesaria la concientización de la población para que tanto el informe como una nueva política pública, arrojen resultados.

Señaló que las últimas reformas de seguridad empleadas recientemente por el Estado, buscan una solución a dicha problemática.

En el evento participó la represéntate de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) en Honduras, y coordinadora residente de del Sistema de Naciones Unidas en Honduras, Gina Watson; la representante de Unicef en Honduras, Cristian Munduate; el ministro consejero de la Embajada de Estados Unidos, Mattias Mitman; La designada presidencial, María Antonieta Guillén.

Asimismo, la relatora sobre derechos de la niñez en la CIDH, Rosa María Ortiz; El ACNUDH, Antonio Maldonado Paredes; El Comisionado Coordinador de la Comisión de Reforma de la Seguridad Publica, Matías Funes; La viceministra de la secretaría de Seguridad, Marcela Castañeda y la viceministra de Justicia y Derechos Humanos, Martha Sabillón.