- Políticos encuentran atajos para devolver justicia a viejos dueños, afirman analistas.

La Cámara Legislativa será la responsable de su elección y nombramiento para lo cual formó una Comisión Especial integrada en su mayoría por la aplanadora oficialista que en el hemiciclo tiene el gobernante Partido Nacional.

La Comisión la conforman los diputados Tomás Zambrano (PN, quien la preside), Alexander Agapito Rodríguez Escobar (PN), Carlos Ramón Aguilar Guifarro (PN), José Oswaldo Ramos Soto (PN), María Teresa Chávez Lezama (PN), Orle Solís (DC), Germán Leitzelar (PINU/SD), Olman Daneris Maldonado (PL) y Norma Haydee Calderón Arias (PL).

Ese desequilibrio en la conformación generó dudas que se agudizaron al trascender la lista de los 25 nominados al Consejo de la Judicatura, muchos de ellos jueces de paz que vienen comenzando su carrera y sin ninguna experiencia judicial, pero con algunos padrinazgos políticos.

Otros son integrantes de las directivas de las asociaciones nominadoras y se asegura que entre los propuestos existen piezas claves de políticos que en el pasado se ufanaron de controlar el poder judicial.

Fuentes consultadas por Proceso Digital revelaron que al menos diez de los 25 nominados son “incondicionales” de viejos actores políticos liberales y nacionalistas que en el pasado tuvieron por larga data el control del Poder Judicial.

Los políticos, sostienen juristas y ex magistrados consultados por Proceso Digital, encontraron los atajos en este proceso para volver a copar puestos claves en la conformación del Consejo de la Judicatura.

Solo cuatro tienen idea qué es el Consejo

De los 25 nominados, aseguran que solo cuatro tienen clara la idea sobre la importancia del Consejo de la Judicatura. Ellos son la ex ministra del Trabajo en el gobierno zelayista, Mayra Mejía del Cid.

La otra es la jueza Rubenia Galeano, magistrada de la Corte de Apelaciones de La Ceiba, Atlántida; Reina Solórzano, magistrada de la Corte de Apelaciones del Trabajo de Francisco Morazán y Teodoro Bonilla, magistrado de la Corte de Apelaciones de Choluteca.

El Consejo de la Judicatura tiene entre sus obligaciones: organizar y dirigir financiera y administrativamente el Poder Judicial; administrar todos los recursos financieros, materiales y humanos del Poder Judicial, nombrar, remover a magistrados de cortes de apelaciones y jueces, así como a los demás funcionarios y auxiliares jurisdiccionales, personal administrativo y técnico, entre otras funciones.

Una de sus labores claves es evaluar en forma periódica a todo el personal, capacitarlo en forma permanente y detectar quién abusa del poder o trafica influencias para depurarlos del sistema de justicia.

A su vez, debe dirigir y administrar la Carrera Judicial, la Escuela Judicial y la Inspectoría de Tribunales. Es, sostienen, un verdadero ente de control que debe estar libre de la politización partidaria que ha reinado en la justicia en Honduras.

El Consejo de la Judicatura estará integrado por cinco miembros y dos suplentes, quienes se llamarán Consejeros. La Cámara legislativa elegirá a cuatro de esos cinco miembros, en vista que la titularidad del Consejo recae en la presidencia del Poder Judicial, que a su vez, es quien preside los plenos de la Corte Suprema de Justicia.

No descartan declarar desierto proceso

A criterio de los expertos, al presidir el presidente del Poder Judicial el Consejo de la Judicatura, se vuelve a la vieja práctica de una concentración de poder en una figura con dos sombreros importantes: impartir justicia y depurar.

El revuelo que ha causado la nominación de los 25 abogados para integrar este Consejo llevó al Congreso Nacional a posponer la celebración de las audiencias públicas en tanto las listas en su poder no sean debidamente certificadas.

Así mismo, porque en la llamada Asociación de Jueces y Magistrados de Honduras, tres de sus miembros -todos ellos directivos- protestaron al ser excluidos de las nóminas por sus parentescos políticos en el Congreso y por tener un antejuicio por tráfico de influencias.

Pero no solo directivos de esa Asociación aparecen en los nominados. También los hay en el resto de las organizaciones proponentes, en un proceso en donde sus directivos, al parecer, se consideraron más aptos a estos cargos que el resto de sus agremiados o de otros jueces independientes de reconocida experiencia profesional en el poder Judicial o en el ejercicio privado de su profesión. Eso es lo que opinan los consultados.

La corrupción e impunidad en el Poder Judicial es señalada como una de las principales causas para que la población hondureña tenga a la Suprema Corte de Justicia como un ente de control poco confiable, politizado y sin mucha credibilidad.

De ahí que uno de los principales desafíos de este Consejo de la Judicatura no sólo será en el nombramiento y remoción de jueces y magistrados. También la selección para su designación en el Congreso de los integrantes de la Inspectoría General de los Órganos Judiciales, responsable de aplicar con rigor la depuración de la justicia del tráfico de influencias, corrupción y penetración de grupos fácticos y paralelos de poder.

De acuerdo al artículo 23 de la Ley que crea el Consejo de la Judicatura, la Inspectoría General de los Órganos Judiciales, en su acepción más amplia e incluyente, es la dependencia técnica independiente del Consejo, encargada de la inspección y verificación del funcionamiento administrativo de los juzgados y cortes de apelaciones de la República y del personal a su cargo.

Su organización, el ejercicio de su actividad y demás funciones serán establecidas en un Reglamento, señala la ley.

Para el abogado, Germán Leitzelar, integrante de la Comisión que evaluará a los nominados, por las inconsistencias que se han presentado en el proceso y los intereses que se han visto de último momento, no descartan declarar desierto el proceso y comenzar una nueva nominación y selección.

Es del criterio que tras la crisis política de 2009, el Congreso está obligado a dar muestras de seriedad y responsabilidad en este tipo de acciones que buscan quitar el rostro de impunidad que envuelve a la justicia. Pero Leitzelar, como el resto de diputados liberales, udeístas y democristianos, no tienen el control en la Comisión evaluadora donde la voz cantante la lleva el partido en el poder, El Nacional.