El apoderado legal de 375 policías, Óscar Cálix, sostuvo que con la aprobación de este decreto se violenta el derecho a la defensa y a la estabilidad laboral.

El recurso fue presentado ante la Corte Suprema de Justicia (CSJ) este martes.

Con respecto al polígrafo dijo que “es una autoincriminación para ellos”.

Consecuentemente expresó “esperamos que la Corte enmiende este error cometido por el Congreso Nacional, con la aplicación de este decreto”.

Según Cálix, los policías demandantes, no se encuentran en contra de la depuración sino en desacuerdo por la ilegalidad del decreto.

“Estamos aquí contra la ilegalidad, no contra la depuración”, justificó.

Los 375 policías que están presentando el recurso corresponden a varias escalas entre comisionados, comisarios y escala básica.

La Ley Especial para la Depuración Policial fue declarada como una situación de emergencia nacional en materia de seguridad pública, con el objeto de implementar de manera acelerada un proceso expedito y confiable de depuración en el cuerpo policial.

Dicha ley, otorga facultades y atribuciones excepcionales y temporales al director general de la Policía hondureña, Juan Carlos Bonilla y al ministro de Seguridad, Pompeyo Bonilla para practicar pruebas a los oficiales y agentes que de no ser aprobadas serían causales de despido.

Este decreto es por un lapso de 180 días, tiempo prudencial para depurar el órgano de Seguridad.

Con la aplicación de esta ley, se procura depurar y atacar los principales problemas legales de la Ley Orgánica de la Policía, bajo un marco legal.