Tegucigalpa - Los alimentos básicos son cada vez más inalcanzables en la mesa de la mayoría de los hondureños. El discurso oficial dista mucho de lo que en realidad pasa en las mesas de Martina Castellanos, Janeth Pérez y Elena Henríquez, tres mujeres que a diario luchan a brazo partido con la vida para sacar adelante sus familias.
En Honduras, esta condición se refleja en una
cuarta parte de las niñas y niños menores de cinco años quienes
adolecen de retardo en el crecimiento. La desnutrición crónica afecta
con mayor intensidad a la niñez del área rural (32%) con respecto al
área urbana (14%).
Según
el ministro de Agricultura y Ganadería, Jacobo Regalado, el compromiso
del gobierno de Honduras es hacerle frente a la seguridad alimentaria y
nutricional del país. El desafío es contrarrestar la desnutrición
crónica que alcanza el 22% a nivel nacional.
Regalado conversó con Proceso Digital, en el marco de la marcha “Cero Hambre” que se realizará en el país el próximo fin de semana por octavo año consecutivo.
El
enfoque a trabajar es, según Regalado, “no solo en la generación de
ingresos o la disponibilidad de alimentos -como uno de los pilares de la
seguridad alimentaria- sino hacer un abordaje integral junto a otras
instituciones como la secretaría de Salud, la Organización de las
Naciones Unidas para la Alimentación y la Agricultura (FAO), el
Ministerio de la Presidencia, entre otras entidades.
“Estamos
trabajando en cómo se puede mejorar el acceso a través de una mejora en
los ingresos de la familia, para poder llevar más y mejores alimentos a
su mesa”, manifestó. A su vez, educar a la población en “la utilización
del alimento o informarles de una mejor manera cómo utilizar ciertos
alimentos para que de esta forma tengan mejores resultados a nivel
nutricional”, indicó.
Es
en el occidental departamento de Lempira, donde la mitad de las niñas y
niños presenta desnutrición grave, afirma la FAO. Le siguen Intibucá
(47%), La Paz y Copán con 42%, éstos dos últimos.
En
el caso de Intibucá, Geovany Pérez, de la Dirección de Ciencia y
Tecnología Agropecuaria (DICTA), explicó que se invertirán este año unos
32 millones de lempiras para seis municipios de ese departamento, donde
se realiza un trabajo a nivel alimentario que incluye el bono de grano
productivo. La meta es beneficiar a unas 760 mil familias, acotó Pérez.
Respecto
a la cosecha postrera tardía, Pérez expuso que está en proceso de
recolección, diferente a lo que ocurrió en el 2011, que muchos
agricultores perdieron sus cosechas a causa de las lluvias, explicó.
En
ese sentido, dijo que “este año ha sido saludable para los
productores”, a la vez que aseguró que el país tiene suficiente
producción de maíz, frijol y arroz para la población hondureña.
Desde la perspectiva de la FAO
Centroamérica
presenta un porcentaje de personas subnutridas del 14.2%, cinco puntos
porcentuales por encima de la media de América Latina y el Caribe (9%).
Siendo la región una de las zonas más vulnerables en cuanto a
subnutrición se refiere, dentro del continente americano.
El
país que mayor porcentaje de población subnutrida tiene es Guatemala
(22%), seguido de Nicaragua (19%), Panamá (15%) y Honduras (12%), que
ocupa el cuarto lugar.
Siendo
Nicaragua el único país que se acerca al cumplimiento de las metas,
tanto de la Cumbre Mundial de la Alimentación (CMA), como del primer
Objetivo de Desarrollo del Milenio (ODM), en cuanto a la reducción de la
desnutrición en población y porcentaje respectivamente.
La
amplitud y gravedad de la inseguridad alimentaria y nutricional en
Honduras está estrechamente relacionada con la situación de pobreza de
la gran mayoría de los ciudadanos. Siendo Honduras el país de
Centroamérica que va a la
cabeza con el 68.9%, asegura la FAO, agencia de las Naciones Unidas
responsable para la Alimentación y la Agricultura.
Su
situación de extrema pobreza se puntualiza en 45.6%, por encima de
Nicaragua (Nicaragua (31.9) y Guatemala (29.1) los tres países que
presentan mayores porcentajes de población en extrema pobreza.
De la canasta básica
Según
la FAO, en Honduras el 78.8% de la población rural vive bajo la línea
de la pobreza y el 61.7% bajo la línea de la indigencia.
Su
principal actividad se centra en el sector agrícola, donde se ha hecho
una comparación entre el costo de la canasta básica alimentaria rural, y
el salario mínimo legal en el sector agrícola, de manera que pueda dar
una idea aproximada de la situación económica que puede enfrentar un
hogar. Asimismo, considera que un porcentaje amplio de los trabajadores
rurales perciben salarios por debajo del salario mínimo
legal agrícola.
Haciendo
la diferencia entre el salario mínimo legal agrícola, y el costo de la
canasta básica alimentaria para un hogar en el medio rural (a diciembre
de 2011), la FAO evidencia que Costa Rica es el único país de la región
en el que el salario mínimo permite cubrir los gastos de la canasta
básica y queda un remanente para suplir otras necesidades básicas.
Los
casos más críticos son Honduras y Nicaragua, cuya diferencia supera los
100 dólares mensuales de déficit, entre el salario mínimo y el costo de
la canasta básica.El
salario mínimo legal en cada país, se ha actualizado a lo largo de
2011, de manera anual o semestral. No obstante, los precios de los
alimentos y el costo de la canasta básica aumentan mes a mes, se señala.
Honduras
se encuentra por encima de los 350 dólares y El Salvador por debajo de
los 200 dólares, explica la FAO a través de un documento sobre “Datos
de Seguridad Alimentaria Nutricional”.
La
FAO contribuye al mejoramiento de los rendimientos en la producción de
alimentos, así como a la difusión y adopción de buenas prácticas en el
manejo de los recursos con aliados estratégicos como la SAG, el Programa
Nacional de Desarrollo Rural Sostenible (Pronaders), el Instituto
Nacional Agrario (INA), la secretaría de la Presidencia y la secretaría
de Educación, y con el apoyo de agencias internacionales de
desarrollo como la Agencia Española de Cooperación Internacional para
el Desarrollo (AECID), la Agencia Canadiense de Desarrollo Internacional
(ACDI), Banco Mundial, ECHO, Gobierno de Suiza y el Gobierno de Italia.
Entre
sus metodologías y estrategias, destaca el emprendimiento de programas
para el logro de una Seguridad Alimentaria y Nutricional (SAN), la
participación de las personas en las comunidades, las autoridades
gubernamentales, organizaciones de base, redes sociales y equipos
técnicos.
Los
apoyos financieros o en especies se transfieren para facilitar la
formación de capital social y económico a través de la capitalización en
las cajas rurales y cooperativas. Esto permite dinamizar la economía
local en procura de la sostenibilidad de los recursos naturales y la
generación de oportunidades a jóvenes y mujeres en proceso de formación
de sus propios medios de vida, sostiene.
“Amas de casa” aplican su fórmula casera: comprar menos y comer menos
Yaneth Pérez es
empleada de uno de los comedores públicos del mercado “Los Dolores” de
Tegucigalpa; trabaja como cocinera para llevar alimento a sus tres
hijos, “aunque el dinero ya no
ajusta para comprar”, refiere mostrando hasta angustia.
Cuando
antes gastaba hasta 800 lempiras en comida, “ahora las compras las he
reducido a la mitad”, pues denunció que en su localidad los precios a la
canasta básica han aumentado considerablemente, “desde la sal, la
carne, los huevos, el pan, los embutidos y hasta los lácteos”, comentó.
La humilde mujer de 32 años dice que para sobrevivir, su nuevo modelo de vida implica “comer menos y gastar menos”.
Con
esa fórmula coincide Elena Henríquez, quien viaja desde Valle de
Ángeles a Tegucigalpa todos los días para dedicarse al aseo de casas y
así contribuir a la economía de su hogar. Elena, que tiene 4 hijos,
explicó que compra “lo más necesario para llevarlo a la casa”.
Entre
su corta lista figuran como prioridad la azúcar, los huevos, los
frijoles, la sal, el arroz, con suerte adquiere una media libra de
mantequilla o queso, y si le ajusta algo de carne”, todo para proveer su
hogar por 15 días.
“La
situación está crítica... yo tengo siete hijos y ahora todos tenemos que
vender tortillas porque de otra forma no comemos”, expresa Martina
Castellanos, una mujer, jefa de familia, que va de puerta en puerta
ofreciendo tortillas, "a dos por un lempira".
De
sus cuatro hijos todos trabajan, asevera. Achaca al gobierno y los
"paquetazos" la pobreza en que viven sumergidos los hondureños.
Martina
vive en la colonia Los Pinos; su situación es precaria, expone, y en
materia alimenticia, explica, que “si acaso comemos bueno, es un día a
la semana... y eso que trabajamos todos, imagínese que no fuera así”, dice
resignada.
Las
tres mujeres coinciden en que la situación económica y la compra de
granos básicos se agudiza en el país; todas ellas refieren que los
precios cada vez son más inalcanzable. Pese a ello, en el confort de sus
despachos, los burócratas siguen planificando las estrategias para
enfrentar la pobreza en medio de una atmosfera que dista por mucho la
que respiran en sus realidades la mayoría de los
hondureños.