•El ombudsman hondureño considera que no solamente son los virus y las bacterias, sino el ambiente de inseguridad en que vivimos, lo que afecta la salud de las personas.

El ombudsman hondureño alabó la aprobación en el Congreso Nacional de la Ley Especial para la Depuración Policial y dijo que la misma deja un ambiente positivo entre la población e incluso fue más allá al indicar que la iniciativa puede contribuir a dar con los responsables de muchas muertes y reducir los índices de impunidad en el país.

En un estudio elaborado por el Conadeh, se estima que ocho de cada 10 víctimas de la delincuencia no denuncian el hecho delictivo por temor a la autoridad y porque consideran que es una pérdida de tiempo.

A lo anterior se suma que la mora de investigación es de tal magnitud que apenas dos de cada 10 denuncias que remite el Ministerio Público a la Dirección Nacional de Investigación Criminal (DNIC) son investigadas por esa dependencia de la Policía Nacional.

Debido a las acciones tomadas en los últimos días, Custodio no descarta que se dé con el paradero de los responsables de los crímenes cometidos contra los dos estudiantes universitarios, Rafael Alejandro Vargas Castellanos y Carlos Pineda así como el del experto en materia de seguridad, Alfredo Landaverde; el director de Lucha Contra el Narcotráfico, Arístides González; el periodista Alfredo Villatoro y miles de hondureños que han perdido la vida en circunstancias aún no esclarecidas por las autoridades.

Todos los funcionarios deben someterse a pruebas de confianza

Custodio manifestó estar de acuerdo en que cualquier funcionario público, no sólo los miembros de la Policía, deben estar sujetos a las pruebas de confianza.

“Yo me sometería a ellas voluntariamente y en forma incondicional para dar fe pública de que no soy drogadicto e incluso someterme a pruebas de detector de mentiras para ver si digo la verdad o estoy mintiendo”, acotó.

Sostuvo que cualquier funcionario público debe someterse a ese tipo de pruebas ya que son parte del Código de Ética y agregó que ninguna figura pública debe tener compartimientos secretos.

Opinó que la conducta inadecuada de un funcionario público, lo que genera es desconfianza, inseguridad y se convierte en un factor de alto riesgo para la sociedad.

Ambiente de inseguridad afecta la salud de las personas

Custodio relacionó que para el caso, si a un policía se le ha delegado para que porte un uniforme, tenga jerarquía, ande con un arma de portación legal y oficial y que en lugar de proteger a las personas se convierta en un elemento de inseguridad, lo que genera es que la población empiece a vivir bajo el temor, la incertidumbre y pierda la salud mental.

Explicó que cuando hay niveles de violencia como los que afectan a la sociedad hondureña, “ya la Organización Mundial de la Salud (OMS) considera que estamos ante una epidemia y que no solamente son los virus y las bacterias, sino el ambiente de inseguridad en que vivimos, lo que afecta la salud de las personas”.

Para la OMS el estándar normal, es de nueve homicidios por cada 100,000 habitantes y califica de “epidemia” cuando la tasa es de 10 hacia arriba.

Honduras registró en el 2011, una tasa de 86.5 homicidios por cada 100,000 habitantes, con la cual superó casi 10 veces más la tasa mundial de 8.8.

La sociedad hondureña experimentó en los últimos años un alarmante incremento de la criminalidad y la violencia que se ve reflejada en las 46,450 muertes violentas registradas entre los años 2000 y 2011, que lo ubican como uno de los países más violentos del mundo.

Mensaje del Congreso Nacional es positivo

Custodio calificó de positivo el mensaje que dio el Congreso Nacional al aprobar el decreto que permitirá iniciar la depuración de la Policía y espera que los miembros del sistema de justicia penal no lo conviertan en “letra muerta”.

Al titular del Conadeh se le consultó de quién dependía que ese decreto para que no quede como simple “papel mojado” y su respuesta fue directa y contundente: “de los miembros de la Policía, de los fiscales y de los jueces”.

Cuestionó que lo que está ocurriendo en el país, en materia de seguridad, no es para hacer imagen emprendiéndola contra un fiscal o contra un policía, cuando la depuración debe abarcar a todo el sistema de justicia.

“La depuración significa, que si alguien ha sido encontrado en la comisión de un delito hay que trasladarlo inmediatamente a la autoridad competente para deducirle las responsabilidades que el caso amerita”, explicó.

Agregó que cuando se habla de deducción de responsabilidades se refiere a la responsabilidad penal, administrativa y civil en que incurre una persona.

El ombudsman recomendó que una medida indispensable, debe ser la incautación de bienes para aquellos individuos que son encontrados culpables y responsables de sustraer fondos públicos y son autores de actos de corrupción.

“Una vez que son encontrados culpables y responsables hay que incautarles sus bienes porque si no, el ratón se come el queso y se lo lleva”, apostilló.